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Basta asomarse al diccionario de nuestra Real Academia de la Lengua para constatar la riqueza polisémica de los “valores”. Hasta nueve son las acepciones que posee una palabra, que, sin duda, describe en múltiples de ellas lo que creemos que debe ser la Abogacía del Estado. Así, con arreglo a la primera de estas acepciones, no parece que pueda cuestionarse el grado de aptitud de la Abogacía del Estado para satisfacer las necesidades que motivaron su aparición en el mundo jurídico, como defensa  especializada y profesionalizada de la Administración, recientemente reivindicada en la Sentencia 288/2018 del pasado 14 de Junio de la Salan Segunda del Tribunal Supremo.

 

Tampoco creemos que pueda cuestionarse nuestro valor en cuanto a la significación de las funciones consultivas o contenciosas que nos atribuye la Ley 52/1997 de 27 de noviembre. En dicha significación, cobra singular relevancia la subsistencia y firmeza de nuestros criterios, que deben quedar asentados sobre una recta interpretación de las normas jurídicas, que son el eje, no olvidemos, de nuestra formación, desarrollada a través de un exigente procedimiento de selección, en el que encontramos tanto aspectos teóricos como prácticos. Una formación y un valor que no culmina en modo alguno con nuestra oposición, sino que se desarrolla durante nuestra carrera profesional, de cuya excelencia son un buen ejemplo los compañeros a los que año tras año rendimos homenaje durante el mes de Junio.

 

La eficacia o virtud de la Abogacía del Estado para defender los intereses de la Administración es algo que puede constatarse día a día en los Juzgados y Tribunales de España y en las sedes de las distintas Administraciones y Entes a los que prestamos asesoramiento en derecho. Y es precisamente esa eficacia, entre otros factores, la que tiene como rédito o fruto el que, durante más de 135 años, haya sido la Abogacía del Estado un referente en el estudio y ejercicio de la práctica del Derecho, tanto dentro de la Administración como fuera de ella, a través de los compañeros que, por unas razones u otras, pasan a su ejercicio a través de la excedencia voluntaria o los servicios especiales.

 

Probablemente desde esa eficacia, se entiendan las razones que nos llevan a “acometer resueltamente grandes empresas y a arrostrar los peligros”, adentrándonos en ámbitos jurídicos hoy conocidos, pero grandes desconocidos en épocas pretéritas, como el Derecho Comunitario, con excelentes compañeros en las más altas responsabilidades de las instituciones europeas, el Arbitraje, el Derecho Concursal, el Derecho Laboral o el Derecho Penal, ámbitos en los que, cada día más, se requiere y exige nuestra presencia y valor. Y, probablemente como suma de todas estas circunstancias, se nos atribuye una especial cualidad positiva para la actividad del derecho, que es la que debemos preservar. Nos corresponde potenciar la unidad en la defensa de nuestros valores  y  en la defensa del Estado de Derecho. De nosotros depende que sigamos manteniendo nuestro valor, en todas las acepciones posibles. Es un reto, pero, con todas las dificultades y defectos propios de cada “casa”, debemos conseguirlo.

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La diferencia entre la física cuántica y el Derecho es que la mayoría asume que de física cuántica no tiene ni idea. Sin embargo, cuando se trata del Derecho, cualquier persona se reserva no el derecho de opinar, legítimo, sino el Derecho a constituirse en “experto” en Derecho. Parecería así que el mero acceso a Facebook, Twiter o a los medios de comunicación permite, lisa y llanamente, descalificar el Derecho.

 

Desde el primer día en el que empezamos a preparar nuestro camino para ser Abogados del Estado aprendemos a respetar nuestro sistema y, sobre todo, a guardar una sincera lealtad al mismo. Nuestros preparadores, algunos de los cuales desgraciadamente nos han dejado durante los últimos meses siendo todo un ejemplo a seguir, nos enseñan con su comportamiento que el camino hacia el Derecho no se alcanza desde atajos, trampas ni medias verdades. Nos enseñan, y, muestra de ello es nuestra formación histórica relatada con maestría por Miguel Ángel Gilabert, a conocer y respetar el ordenamiento jurídico. Nos enseñan a ser leales no solamente desde el respeto a las Leyes, sino también desde el respeto a quienes tienen el deber de aplicarlas. Somos, todos, partícipes de un sistema que debe quedar regido únicamente por los dictados del principio de legalidad y en el que nos constituimos como servidores públicos y colaboradores de la Justicia. Nuestro ordenamiento jurídico  ha querido garantizar, como norma básica, la Constitución y como piedra angular del sistema la independencia judicial.

 

La lealtad es definida por nuestro diccionario de la RAE como el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor. No vemos una forma más adecuada de definir nuestra posición profesional y nuestra actividad como Abogados del Estado.  Lealtad no es sumisión. No significa aceptar como bueno cualquier posicionamiento de la Administración a la que defendemos, ni tampoco aceptar, sin crítica alguna, las resoluciones que puedan emanar de nuestros Jueces y Tribunales. Lealtad es actuar en todo momento sabiendo que más allá de intereses personales existe un fin común. Lealtad significa saber que existen medios procesales para combatir las resoluciones que consideramos que no se ajustan a derecho. E igualmente supone conocer que nuestras Leyes son aprobadas y modificadas conforme a unas reglas predeterminadas, sujetas a controles. Únicamente desde la reflexión y el análisis técnico-jurídico podremos lograr  un ordenamiento jurídico, singularmente el penal, coherente con nuestros principios básicos. Optar por la crítica fácil, el análisis apriorístico de los problemas o, simplemente, por una posición que pretenda obtener el aplauso y no el rigor jurídico nos ha llevado a redactar más de 25 reformas del Código Penal en poco más de 20 años. No parece que sea el camino.

 

La lealtad debe ser ideología, bandera y seña de identidad de nuestro Cuerpo. Es nuestra responsabilidad y deber alcanzarla.

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Una de las primeras reacciones que experimentamos al aprobar nuestra oposición es la de detenernos en el escudo que, con orgullo, llevamos en nuestra toga y que nos identifica como “Abogados del Estado”. En no pocas ocasiones podemos preguntarnos acerca del significado de esta mención, que tiene su reflejo normativo en nuestra querida Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, que recientemente ha cumplido veinte años de vigencia. Nuestra Ley nos atribuye, nada menos, que la asistencia, representación y defensa en juicio del Estado.

Durante los pasados meses, hemos vivido un momento histórico, marcado por el desafío secesionista en Cataluña. En esta ocasión, si cabe, era particularmente necesaria una defensa jurídica al Estado que permitiera sostener el imperio de la ley. Pues bien, aun dentro de la complejidad de la situación, podemos afirmar que los Abogados del Estado hemos hecho honor a nuestro nombre y hemos defendido la legalidad constitucional y la integridad del Estado frente a dichos ataques.

Singularmente, nuestro Departamento de Derecho Constitucional, coordinado por nuestro Abogado General del Estado, ha encabezado esta tarea, siendo significativo que todos los procedimientos iniciados ante el Tribunal Constitucional obtuvieran un resultado favorable a los intereses que representamos. Asimismo, desde las distintas Abogacías del Estado en Cataluña se asume diariamente la defensa del Estado, en ocasiones en un ambiente poco favorable al ejercicio de nuestras funciones. Y no olvidemos tampoco la labor de asesoramiento en derecho que se desarrolla a través de las Abogacías del Estado en los Departamentos Ministeriales o en los Departamentos adscritos a la Subdirección General de Asuntos Contenciosos. Podemos afirmar, sin riesgo alguno de caer en un corporativismo mal entendido, que la labor de la Abogacía del Estado ha estado a la altura de las circunstancias.

En este contexto, la Asociación  quiere mostrar su apoyo a los compañeros que intervienen y han intervenido durante estos meses en dichas actuaciones. Así lo hemos expuesto públicamente y así queremos dejar constancia de ello en nuestra Revista. Nuestra portada guarda relación con esta forma de pensar. La Abogacía del Estado, por definición, tiene como seña de identidad esencial la de defender a nuestro Estado. En esta tarea y con este fin podemos decir que todos somos necesarios y nadie es contingente. Ante situaciones como las vividas en los pasados meses, solo cabe actuar con el rigor jurídico, discreción y eficacia que caracterizan nuestra función. Así ha ocurrido y podemos afirmar que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con nuestra misión esencial  en la defensa del Estado de Derecho y la legalidad constitucional. Como hemos defendido en los últimos meses, esta es nuestra razón de ser.

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Suelen caracterizarse los períodos estivales y postvacacionales por una suerte de ausencia de noticias que hace que, en múltiples ocasiones, sea necesario acudir a tópicos tan manidos como la canción del verano para poder completar los informativos diarios o los periódicos. Durante el pasado verano, quizá fruto de esta ausencia de noticias, quizá fruto de una corriente instalada en nuestra sociedad que quiere hacer prevalecer el criterio personal sobre la legalidad, ha ocupado buena parte de dichos espacios informativos la problemática de una madre granadina que se negaba a entregar a sus hijos menores de edad a su progenitor con residencia en Italia. Sin centrarnos en el problema jurídico planteado en dicho caso concreto, del análisis del mismo llaman profundamente la atención los mensajes aparentemente aprobatorios de la conducta de quien ha situado por encima del principio de legalidad su interpretación de los hechos y su visión personal de una controversia que había sido resuelta mediante sentencia judicial firme.

Se ha llegado incluso a sostener en determinados ámbitos que es “lícito” no cumplir las resoluciones judiciales cuando se consideran injustas. He ahí el problema. No existe un “medidor” que objetivamente permita distinguir lo justo de lo injusto, siendo el principio de legalidad y el respeto a las resoluciones judiciales la fórmula a seguir cuando, ante intereses en conflicto, existen posiciones contrapuestas. Desde nuestra creación como Cuerpo, los Abogados del Estado hemos defendido y defendemos la plena vigencia de un principio básico: el pleno respeto al imperio de la ley y a las resoluciones judiciales emanadas del Poder Judicial. Tanto en sede contenciosa como en el ámbito consultivo, por más que existan opiniones que sostienen lo contrario, nuestras actuaciones se rigen por el profundo respeto a la ley y a nuestro ordenamiento jurídico. No puede sustituirse este principio esencial del Estado de Derecho por una suerte de valor superior y vinculante de principios o criterios ajenos a la legalidad. Hemos asistido a una cierta aprobación colectiva de la desobediencia judicial, lo que es una pésima noticia para el Estado de Derecho que defendemos.

Precisamente esa desobediencia a leyes y resoluciones judiciales es la que nos ha despertado día a día durante el mes de septiembre. Cuando se comienza por defender la desobediencia judicial a una resolución concreta, como el caso comentado, se termina por cuestionar, nada menos, que al supremo intérprete de nuestra Constitución, como está ocurriendo en Cataluña. Nuestra Asociación no puede apoyar dichas reivindicaciones paralegales; antes bien, quiere mostrar nuestro absoluto respaldo al imperio de la ley, al principio de legalidad y muy especialmente a los compañeros que están luchando día a día de forma encomiable por evitar que pueda sustituirse nuestro ordenamiento constitucional por un nuevo orden construido al margen de los procedimientos establecidos al efecto. Frente a un desafío tan notable como el que estamos observando, es nuestro deber, como Asociación, proclamar que el imperio de la ley prevalecerá y que nuestra Asociación siempre estará del lado de quienes defienden el ordenamiento jurídico. Nunca fuimos Abogados contra el Estado sino defensores del imperio de la ley. Es nuestra razón de ser.

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No le faltaba razón a Albert Camus cuando razonaba “porque, después de muchos años en que el mundo me ha permitido variadas experiencias, lo que más sé, a la larga, acerca de moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol”. Cualquiera que haya tenido la suerte de poder practicar un deporte, bien sabe lo certero del razonamiento de Camus. Principios básicos, como el de respetar las normas y el adversario, saber ganar y saber perder, esforzarse sin saber el resultado o tomar conciencia de que la propia pereza condena a tu equipo, se aprenden día a días gracias a este deporte. Principios todos ellos que dicho sea de paso, bien hacemos en recordar para el ejercicio diario de nuestra profesión como Abogados del Estado.

Ante la grandeza de este deporte, al que podrían asimilarse cualesquiera otros que participan de estos principios, debe exigirse a quienes lo practican un mínimo rigor en su comportamiento, dentro del terreno de juego y en sus declaraciones públicas. Son ellos quienes tienen el deber moral de hacer respetar un deporte del que tanto se puede y se debe aprender. Sin embargo, desgraciadamente, en tiempos recientes se ha perdido buena parte de ese espíritu, amplificándose sobremanera cualquier cuestión que pueda tener algo que ver con este deporte y, lo que es peor, dando verdadera carta de naturaleza a declaraciones que son ajenas a la esencia del juego, que tanto enseñó al gran Camus.

Ante este fenómeno expansivo del fútbol, solamente pueden adoptarse dos posturas. La primera, acrítica, es asumir que las cosas son así y que no merece la pena intentar explicar determinados comportamientos o situaciones. La segunda, más acorde con los valores que inspiran nuestro Cuerpo, debe ser la de contestar, sin responder, a quienes puedan atacar nuestra función empleando para ello el magnífico altavoz que les proporciona este deporte.

Desde la Asociación, entendemos que debemos seguir esta segunda línea. Cuando se pretende atacar nuestra labor, desde afirmaciones inverosímiles, debemos contestar, explicando didácticamente nuestra función y valores, que deben estar muy por encima de las manifestaciones públicas que pueda realizar quien, sin saber, quiere adoctrinar sobre algo tan serio en nuestro país como es el ejercicio de la acción penal. No se trata de responder, entrar en debates o salir de nuestro hábitat natural, que preside nuestro día a día en los tribunales de justicia o en funciones consultivas. Se trata, en suma, de aplicar una de las reglas esenciales de este deporte. Ante un ataque, hay que defenderse, respetando las reglas y sabiendo que en este caso, como debería ocurrir en posibles y futuros eventos, nuestra respuesta es necesaria para no perder nuestro partido: la defensa de la legalidad y de la honestidad de nuestra función. Asumamos todos que este partido tenemos que ganarlo y que siempre jugaremos mejor juntos que separados. No es solamente fútbol.

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Número 48
Valores

Basta asomarse al diccionario de nuestra Real Academia de la Lengua para constatar la riqueza polisémica…

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Tampoco creemos que pueda cuestionarse nuestro valor en cuanto a la significación de las funciones consultivas o contenciosas que nos atribuye la Ley 52/1997 de 27 de noviembre. En dicha significación, cobra singular relevancia la subsistencia y firmeza de nuestros criterios, que deben quedar asentados sobre una recta interpretación de las normas jurídicas, que son el eje, no olvidemos, de nuestra formación, desarrollada a través de un exigente procedimiento de selección, en el que encontramos tanto aspectos teóricos como prácticos. Una formación y un valor que no culmina en modo alguno con nuestra oposición, sino que se desarrolla durante nuestra carrera profesional, de cuya excelencia son un buen ejemplo los compañeros a los que año tras año rendimos homenaje durante el mes de Junio.

 

La eficacia o virtud de la Abogacía del Estado para defender los intereses de la Administración es algo que puede constatarse día a día en los Juzgados y Tribunales de España y en las sedes de las distintas Administraciones y Entes a los que prestamos asesoramiento en derecho. Y es precisamente esa eficacia, entre otros factores, la que tiene como rédito o fruto el que, durante más de 135 años, haya sido la Abogacía del Estado un referente en el estudio y ejercicio de la práctica del Derecho, tanto dentro de la Administración como fuera de ella, a través de los compañeros que, por unas razones u otras, pasan a su ejercicio a través de la excedencia voluntaria o los servicios especiales.

 

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Desde la Asociación, entendemos que debemos seguir esta segunda línea. Cuando se pretende atacar nuestra labor, desde afirmaciones inverosímiles, debemos contestar, explicando didácticamente nuestra función y valores, que deben estar muy por encima de las manifestaciones públicas que pueda realizar quien, sin saber, quiere adoctrinar sobre algo tan serio en nuestro país como es el ejercicio de la acción penal. No se trata de responder, entrar en debates o salir de nuestro hábitat natural, que preside nuestro día a día en los tribunales de justicia o en funciones consultivas. Se trata, en suma, de aplicar una de las reglas esenciales de este deporte. Ante un ataque, hay que defenderse, respetando las reglas y sabiendo que en este caso, como debería ocurrir en posibles y futuros eventos, nuestra respuesta es necesaria para no perder nuestro partido: la defensa de la legalidad y de la honestidad de nuestra función. Asumamos todos que este partido tenemos que ganarlo y que siempre jugaremos mejor juntos que separados. No es solamente fútbol.

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Número 47
Lealtad

La diferencia entre la física cuántica y el Derecho es que la mayoría asume que de física…

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Basta asomarse al diccionario de nuestra Real Academia de la Lengua para constatar la riqueza polisémica de los “valores”. Hasta nueve son las acepciones que posee una palabra, que, sin duda, describe en múltiples de ellas lo que creemos que debe ser la Abogacía del Estado. Así, con arreglo a la primera de estas acepciones, no parece que pueda cuestionarse el grado de aptitud de la Abogacía del Estado para satisfacer las necesidades que motivaron su aparición en el mundo jurídico, como defensa  especializada y profesionalizada de la Administración, recientemente reivindicada en la Sentencia 288/2018 del pasado 14 de Junio de la Salan Segunda del Tribunal Supremo.

 

Tampoco creemos que pueda cuestionarse nuestro valor en cuanto a la significación de las funciones consultivas o contenciosas que nos atribuye la Ley 52/1997 de 27 de noviembre. En dicha significación, cobra singular relevancia la subsistencia y firmeza de nuestros criterios, que deben quedar asentados sobre una recta interpretación de las normas jurídicas, que son el eje, no olvidemos, de nuestra formación, desarrollada a través de un exigente procedimiento de selección, en el que encontramos tanto aspectos teóricos como prácticos. Una formación y un valor que no culmina en modo alguno con nuestra oposición, sino que se desarrolla durante nuestra carrera profesional, de cuya excelencia son un buen ejemplo los compañeros a los que año tras año rendimos homenaje durante el mes de Junio.

 

La eficacia o virtud de la Abogacía del Estado para defender los intereses de la Administración es algo que puede constatarse día a día en los Juzgados y Tribunales de España y en las sedes de las distintas Administraciones y Entes a los que prestamos asesoramiento en derecho. Y es precisamente esa eficacia, entre otros factores, la que tiene como rédito o fruto el que, durante más de 135 años, haya sido la Abogacía del Estado un referente en el estudio y ejercicio de la práctica del Derecho, tanto dentro de la Administración como fuera de ella, a través de los compañeros que, por unas razones u otras, pasan a su ejercicio a través de la excedencia voluntaria o los servicios especiales.

 

Probablemente desde esa eficacia, se entiendan las razones que nos llevan a “acometer resueltamente grandes empresas y a arrostrar los peligros”, adentrándonos en ámbitos jurídicos hoy conocidos, pero grandes desconocidos en épocas pretéritas, como el Derecho Comunitario, con excelentes compañeros en las más altas responsabilidades de las instituciones europeas, el Arbitraje, el Derecho Concursal, el Derecho Laboral o el Derecho Penal, ámbitos en los que, cada día más, se requiere y exige nuestra presencia y valor. Y, probablemente como suma de todas estas circunstancias, se nos atribuye una especial cualidad positiva para la actividad del derecho, que es la que debemos preservar. Nos corresponde potenciar la unidad en la defensa de nuestros valores  y  en la defensa del Estado de Derecho. De nosotros depende que sigamos manteniendo nuestro valor, en todas las acepciones posibles. Es un reto, pero, con todas las dificultades y defectos propios de cada “casa”, debemos conseguirlo.

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La diferencia entre la física cuántica y el Derecho es que la mayoría asume que de física cuántica no tiene ni idea. Sin embargo, cuando se trata del Derecho, cualquier persona se reserva no el derecho de opinar, legítimo, sino el Derecho a constituirse en “experto” en Derecho. Parecería así que el mero acceso a Facebook, Twiter o a los medios de comunicación permite, lisa y llanamente, descalificar el Derecho.

 

Desde el primer día en el que empezamos a preparar nuestro camino para ser Abogados del Estado aprendemos a respetar nuestro sistema y, sobre todo, a guardar una sincera lealtad al mismo. Nuestros preparadores, algunos de los cuales desgraciadamente nos han dejado durante los últimos meses siendo todo un ejemplo a seguir, nos enseñan con su comportamiento que el camino hacia el Derecho no se alcanza desde atajos, trampas ni medias verdades. Nos enseñan, y, muestra de ello es nuestra formación histórica relatada con maestría por Miguel Ángel Gilabert, a conocer y respetar el ordenamiento jurídico. Nos enseñan a ser leales no solamente desde el respeto a las Leyes, sino también desde el respeto a quienes tienen el deber de aplicarlas. Somos, todos, partícipes de un sistema que debe quedar regido únicamente por los dictados del principio de legalidad y en el que nos constituimos como servidores públicos y colaboradores de la Justicia. Nuestro ordenamiento jurídico  ha querido garantizar, como norma básica, la Constitución y como piedra angular del sistema la independencia judicial.

 

La lealtad es definida por nuestro diccionario de la RAE como el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor. No vemos una forma más adecuada de definir nuestra posición profesional y nuestra actividad como Abogados del Estado.  Lealtad no es sumisión. No significa aceptar como bueno cualquier posicionamiento de la Administración a la que defendemos, ni tampoco aceptar, sin crítica alguna, las resoluciones que puedan emanar de nuestros Jueces y Tribunales. Lealtad es actuar en todo momento sabiendo que más allá de intereses personales existe un fin común. Lealtad significa saber que existen medios procesales para combatir las resoluciones que consideramos que no se ajustan a derecho. E igualmente supone conocer que nuestras Leyes son aprobadas y modificadas conforme a unas reglas predeterminadas, sujetas a controles. Únicamente desde la reflexión y el análisis técnico-jurídico podremos lograr  un ordenamiento jurídico, singularmente el penal, coherente con nuestros principios básicos. Optar por la crítica fácil, el análisis apriorístico de los problemas o, simplemente, por una posición que pretenda obtener el aplauso y no el rigor jurídico nos ha llevado a redactar más de 25 reformas del Código Penal en poco más de 20 años. No parece que sea el camino.

 

La lealtad debe ser ideología, bandera y seña de identidad de nuestro Cuerpo. Es nuestra responsabilidad y deber alcanzarla.

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Una de las primeras reacciones que experimentamos al aprobar nuestra oposición es la de detenernos en el escudo que, con orgullo, llevamos en nuestra toga y que nos identifica como “Abogados del Estado”. En no pocas ocasiones podemos preguntarnos acerca del significado de esta mención, que tiene su reflejo normativo en nuestra querida Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, que recientemente ha cumplido veinte años de vigencia. Nuestra Ley nos atribuye, nada menos, que la asistencia, representación y defensa en juicio del Estado.

Durante los pasados meses, hemos vivido un momento histórico, marcado por el desafío secesionista en Cataluña. En esta ocasión, si cabe, era particularmente necesaria una defensa jurídica al Estado que permitiera sostener el imperio de la ley. Pues bien, aun dentro de la complejidad de la situación, podemos afirmar que los Abogados del Estado hemos hecho honor a nuestro nombre y hemos defendido la legalidad constitucional y la integridad del Estado frente a dichos ataques.

Singularmente, nuestro Departamento de Derecho Constitucional, coordinado por nuestro Abogado General del Estado, ha encabezado esta tarea, siendo significativo que todos los procedimientos iniciados ante el Tribunal Constitucional obtuvieran un resultado favorable a los intereses que representamos. Asimismo, desde las distintas Abogacías del Estado en Cataluña se asume diariamente la defensa del Estado, en ocasiones en un ambiente poco favorable al ejercicio de nuestras funciones. Y no olvidemos tampoco la labor de asesoramiento en derecho que se desarrolla a través de las Abogacías del Estado en los Departamentos Ministeriales o en los Departamentos adscritos a la Subdirección General de Asuntos Contenciosos. Podemos afirmar, sin riesgo alguno de caer en un corporativismo mal entendido, que la labor de la Abogacía del Estado ha estado a la altura de las circunstancias.

En este contexto, la Asociación  quiere mostrar su apoyo a los compañeros que intervienen y han intervenido durante estos meses en dichas actuaciones. Así lo hemos expuesto públicamente y así queremos dejar constancia de ello en nuestra Revista. Nuestra portada guarda relación con esta forma de pensar. La Abogacía del Estado, por definición, tiene como seña de identidad esencial la de defender a nuestro Estado. En esta tarea y con este fin podemos decir que todos somos necesarios y nadie es contingente. Ante situaciones como las vividas en los pasados meses, solo cabe actuar con el rigor jurídico, discreción y eficacia que caracterizan nuestra función. Así ha ocurrido y podemos afirmar que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con nuestra misión esencial  en la defensa del Estado de Derecho y la legalidad constitucional. Como hemos defendido en los últimos meses, esta es nuestra razón de ser.

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Suelen caracterizarse los períodos estivales y postvacacionales por una suerte de ausencia de noticias que hace que, en múltiples ocasiones, sea necesario acudir a tópicos tan manidos como la canción del verano para poder completar los informativos diarios o los periódicos. Durante el pasado verano, quizá fruto de esta ausencia de noticias, quizá fruto de una corriente instalada en nuestra sociedad que quiere hacer prevalecer el criterio personal sobre la legalidad, ha ocupado buena parte de dichos espacios informativos la problemática de una madre granadina que se negaba a entregar a sus hijos menores de edad a su progenitor con residencia en Italia. Sin centrarnos en el problema jurídico planteado en dicho caso concreto, del análisis del mismo llaman profundamente la atención los mensajes aparentemente aprobatorios de la conducta de quien ha situado por encima del principio de legalidad su interpretación de los hechos y su visión personal de una controversia que había sido resuelta mediante sentencia judicial firme.

Se ha llegado incluso a sostener en determinados ámbitos que es “lícito” no cumplir las resoluciones judiciales cuando se consideran injustas. He ahí el problema. No existe un “medidor” que objetivamente permita distinguir lo justo de lo injusto, siendo el principio de legalidad y el respeto a las resoluciones judiciales la fórmula a seguir cuando, ante intereses en conflicto, existen posiciones contrapuestas. Desde nuestra creación como Cuerpo, los Abogados del Estado hemos defendido y defendemos la plena vigencia de un principio básico: el pleno respeto al imperio de la ley y a las resoluciones judiciales emanadas del Poder Judicial. Tanto en sede contenciosa como en el ámbito consultivo, por más que existan opiniones que sostienen lo contrario, nuestras actuaciones se rigen por el profundo respeto a la ley y a nuestro ordenamiento jurídico. No puede sustituirse este principio esencial del Estado de Derecho por una suerte de valor superior y vinculante de principios o criterios ajenos a la legalidad. Hemos asistido a una cierta aprobación colectiva de la desobediencia judicial, lo que es una pésima noticia para el Estado de Derecho que defendemos.

Precisamente esa desobediencia a leyes y resoluciones judiciales es la que nos ha despertado día a día durante el mes de septiembre. Cuando se comienza por defender la desobediencia judicial a una resolución concreta, como el caso comentado, se termina por cuestionar, nada menos, que al supremo intérprete de nuestra Constitución, como está ocurriendo en Cataluña. Nuestra Asociación no puede apoyar dichas reivindicaciones paralegales; antes bien, quiere mostrar nuestro absoluto respaldo al imperio de la ley, al principio de legalidad y muy especialmente a los compañeros que están luchando día a día de forma encomiable por evitar que pueda sustituirse nuestro ordenamiento constitucional por un nuevo orden construido al margen de los procedimientos establecidos al efecto. Frente a un desafío tan notable como el que estamos observando, es nuestro deber, como Asociación, proclamar que el imperio de la ley prevalecerá y que nuestra Asociación siempre estará del lado de quienes defienden el ordenamiento jurídico. Nunca fuimos Abogados contra el Estado sino defensores del imperio de la ley. Es nuestra razón de ser.

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No le faltaba razón a Albert Camus cuando razonaba “porque, después de muchos años en que el mundo me ha permitido variadas experiencias, lo que más sé, a la larga, acerca de moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol”. Cualquiera que haya tenido la suerte de poder practicar un deporte, bien sabe lo certero del razonamiento de Camus. Principios básicos, como el de respetar las normas y el adversario, saber ganar y saber perder, esforzarse sin saber el resultado o tomar conciencia de que la propia pereza condena a tu equipo, se aprenden día a días gracias a este deporte. Principios todos ellos que dicho sea de paso, bien hacemos en recordar para el ejercicio diario de nuestra profesión como Abogados del Estado.

Ante la grandeza de este deporte, al que podrían asimilarse cualesquiera otros que participan de estos principios, debe exigirse a quienes lo practican un mínimo rigor en su comportamiento, dentro del terreno de juego y en sus declaraciones públicas. Son ellos quienes tienen el deber moral de hacer respetar un deporte del que tanto se puede y se debe aprender. Sin embargo, desgraciadamente, en tiempos recientes se ha perdido buena parte de ese espíritu, amplificándose sobremanera cualquier cuestión que pueda tener algo que ver con este deporte y, lo que es peor, dando verdadera carta de naturaleza a declaraciones que son ajenas a la esencia del juego, que tanto enseñó al gran Camus.

Ante este fenómeno expansivo del fútbol, solamente pueden adoptarse dos posturas. La primera, acrítica, es asumir que las cosas son así y que no merece la pena intentar explicar determinados comportamientos o situaciones. La segunda, más acorde con los valores que inspiran nuestro Cuerpo, debe ser la de contestar, sin responder, a quienes puedan atacar nuestra función empleando para ello el magnífico altavoz que les proporciona este deporte.

Desde la Asociación, entendemos que debemos seguir esta segunda línea. Cuando se pretende atacar nuestra labor, desde afirmaciones inverosímiles, debemos contestar, explicando didácticamente nuestra función y valores, que deben estar muy por encima de las manifestaciones públicas que pueda realizar quien, sin saber, quiere adoctrinar sobre algo tan serio en nuestro país como es el ejercicio de la acción penal. No se trata de responder, entrar en debates o salir de nuestro hábitat natural, que preside nuestro día a día en los tribunales de justicia o en funciones consultivas. Se trata, en suma, de aplicar una de las reglas esenciales de este deporte. Ante un ataque, hay que defenderse, respetando las reglas y sabiendo que en este caso, como debería ocurrir en posibles y futuros eventos, nuestra respuesta es necesaria para no perder nuestro partido: la defensa de la legalidad y de la honestidad de nuestra función. Asumamos todos que este partido tenemos que ganarlo y que siempre jugaremos mejor juntos que separados. No es solamente fútbol.

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Número 46
Nuestra razón de ser

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Basta asomarse al diccionario de nuestra Real Academia de la Lengua para constatar la riqueza polisémica de los “valores”. Hasta nueve son las acepciones que posee una palabra, que, sin duda, describe en múltiples de ellas lo que creemos que debe ser la Abogacía del Estado. Así, con arreglo a la primera de estas acepciones, no parece que pueda cuestionarse el grado de aptitud de la Abogacía del Estado para satisfacer las necesidades que motivaron su aparición en el mundo jurídico, como defensa  especializada y profesionalizada de la Administración, recientemente reivindicada en la Sentencia 288/2018 del pasado 14 de Junio de la Salan Segunda del Tribunal Supremo.

 

Tampoco creemos que pueda cuestionarse nuestro valor en cuanto a la significación de las funciones consultivas o contenciosas que nos atribuye la Ley 52/1997 de 27 de noviembre. En dicha significación, cobra singular relevancia la subsistencia y firmeza de nuestros criterios, que deben quedar asentados sobre una recta interpretación de las normas jurídicas, que son el eje, no olvidemos, de nuestra formación, desarrollada a través de un exigente procedimiento de selección, en el que encontramos tanto aspectos teóricos como prácticos. Una formación y un valor que no culmina en modo alguno con nuestra oposición, sino que se desarrolla durante nuestra carrera profesional, de cuya excelencia son un buen ejemplo los compañeros a los que año tras año rendimos homenaje durante el mes de Junio.

 

La eficacia o virtud de la Abogacía del Estado para defender los intereses de la Administración es algo que puede constatarse día a día en los Juzgados y Tribunales de España y en las sedes de las distintas Administraciones y Entes a los que prestamos asesoramiento en derecho. Y es precisamente esa eficacia, entre otros factores, la que tiene como rédito o fruto el que, durante más de 135 años, haya sido la Abogacía del Estado un referente en el estudio y ejercicio de la práctica del Derecho, tanto dentro de la Administración como fuera de ella, a través de los compañeros que, por unas razones u otras, pasan a su ejercicio a través de la excedencia voluntaria o los servicios especiales.

 

Probablemente desde esa eficacia, se entiendan las razones que nos llevan a “acometer resueltamente grandes empresas y a arrostrar los peligros”, adentrándonos en ámbitos jurídicos hoy conocidos, pero grandes desconocidos en épocas pretéritas, como el Derecho Comunitario, con excelentes compañeros en las más altas responsabilidades de las instituciones europeas, el Arbitraje, el Derecho Concursal, el Derecho Laboral o el Derecho Penal, ámbitos en los que, cada día más, se requiere y exige nuestra presencia y valor. Y, probablemente como suma de todas estas circunstancias, se nos atribuye una especial cualidad positiva para la actividad del derecho, que es la que debemos preservar. Nos corresponde potenciar la unidad en la defensa de nuestros valores  y  en la defensa del Estado de Derecho. De nosotros depende que sigamos manteniendo nuestro valor, en todas las acepciones posibles. Es un reto, pero, con todas las dificultades y defectos propios de cada “casa”, debemos conseguirlo.

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Desde el primer día en el que empezamos a preparar nuestro camino para ser Abogados del Estado aprendemos a respetar nuestro sistema y, sobre todo, a guardar una sincera lealtad al mismo. Nuestros preparadores, algunos de los cuales desgraciadamente nos han dejado durante los últimos meses siendo todo un ejemplo a seguir, nos enseñan con su comportamiento que el camino hacia el Derecho no se alcanza desde atajos, trampas ni medias verdades. Nos enseñan, y, muestra de ello es nuestra formación histórica relatada con maestría por Miguel Ángel Gilabert, a conocer y respetar el ordenamiento jurídico. Nos enseñan a ser leales no solamente desde el respeto a las Leyes, sino también desde el respeto a quienes tienen el deber de aplicarlas. Somos, todos, partícipes de un sistema que debe quedar regido únicamente por los dictados del principio de legalidad y en el que nos constituimos como servidores públicos y colaboradores de la Justicia. Nuestro ordenamiento jurídico  ha querido garantizar, como norma básica, la Constitución y como piedra angular del sistema la independencia judicial.

 

La lealtad es definida por nuestro diccionario de la RAE como el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor. No vemos una forma más adecuada de definir nuestra posición profesional y nuestra actividad como Abogados del Estado.  Lealtad no es sumisión. No significa aceptar como bueno cualquier posicionamiento de la Administración a la que defendemos, ni tampoco aceptar, sin crítica alguna, las resoluciones que puedan emanar de nuestros Jueces y Tribunales. Lealtad es actuar en todo momento sabiendo que más allá de intereses personales existe un fin común. Lealtad significa saber que existen medios procesales para combatir las resoluciones que consideramos que no se ajustan a derecho. E igualmente supone conocer que nuestras Leyes son aprobadas y modificadas conforme a unas reglas predeterminadas, sujetas a controles. Únicamente desde la reflexión y el análisis técnico-jurídico podremos lograr  un ordenamiento jurídico, singularmente el penal, coherente con nuestros principios básicos. Optar por la crítica fácil, el análisis apriorístico de los problemas o, simplemente, por una posición que pretenda obtener el aplauso y no el rigor jurídico nos ha llevado a redactar más de 25 reformas del Código Penal en poco más de 20 años. No parece que sea el camino.

 

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No le faltaba razón a Albert Camus cuando razonaba “porque, después de muchos años en que el mundo me ha permitido variadas experiencias, lo que más sé, a la larga, acerca de moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol”. Cualquiera que haya tenido la suerte de poder practicar un deporte, bien sabe lo certero del razonamiento de Camus. Principios básicos, como el de respetar las normas y el adversario, saber ganar y saber perder, esforzarse sin saber el resultado o tomar conciencia de que la propia pereza condena a tu equipo, se aprenden día a días gracias a este deporte. Principios todos ellos que dicho sea de paso, bien hacemos en recordar para el ejercicio diario de nuestra profesión como Abogados del Estado.

Ante la grandeza de este deporte, al que podrían asimilarse cualesquiera otros que participan de estos principios, debe exigirse a quienes lo practican un mínimo rigor en su comportamiento, dentro del terreno de juego y en sus declaraciones públicas. Son ellos quienes tienen el deber moral de hacer respetar un deporte del que tanto se puede y se debe aprender. Sin embargo, desgraciadamente, en tiempos recientes se ha perdido buena parte de ese espíritu, amplificándose sobremanera cualquier cuestión que pueda tener algo que ver con este deporte y, lo que es peor, dando verdadera carta de naturaleza a declaraciones que son ajenas a la esencia del juego, que tanto enseñó al gran Camus.

Ante este fenómeno expansivo del fútbol, solamente pueden adoptarse dos posturas. La primera, acrítica, es asumir que las cosas son así y que no merece la pena intentar explicar determinados comportamientos o situaciones. La segunda, más acorde con los valores que inspiran nuestro Cuerpo, debe ser la de contestar, sin responder, a quienes puedan atacar nuestra función empleando para ello el magnífico altavoz que les proporciona este deporte.

Desde la Asociación, entendemos que debemos seguir esta segunda línea. Cuando se pretende atacar nuestra labor, desde afirmaciones inverosímiles, debemos contestar, explicando didácticamente nuestra función y valores, que deben estar muy por encima de las manifestaciones públicas que pueda realizar quien, sin saber, quiere adoctrinar sobre algo tan serio en nuestro país como es el ejercicio de la acción penal. No se trata de responder, entrar en debates o salir de nuestro hábitat natural, que preside nuestro día a día en los tribunales de justicia o en funciones consultivas. Se trata, en suma, de aplicar una de las reglas esenciales de este deporte. Ante un ataque, hay que defenderse, respetando las reglas y sabiendo que en este caso, como debería ocurrir en posibles y futuros eventos, nuestra respuesta es necesaria para no perder nuestro partido: la defensa de la legalidad y de la honestidad de nuestra función. Asumamos todos que este partido tenemos que ganarlo y que siempre jugaremos mejor juntos que separados. No es solamente fútbol.

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Número 45
El imperio de la Ley

Suelen caracterizarse los períodos estivales y postvacacionales por una suerte de ausencia de noticias…

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Basta asomarse al diccionario de nuestra Real Academia de la Lengua para constatar la riqueza polisémica de los “valores”. Hasta nueve son las acepciones que posee una palabra, que, sin duda, describe en múltiples de ellas lo que creemos que debe ser la Abogacía del Estado. Así, con arreglo a la primera de estas acepciones, no parece que pueda cuestionarse el grado de aptitud de la Abogacía del Estado para satisfacer las necesidades que motivaron su aparición en el mundo jurídico, como defensa  especializada y profesionalizada de la Administración, recientemente reivindicada en la Sentencia 288/2018 del pasado 14 de Junio de la Salan Segunda del Tribunal Supremo.

 

Tampoco creemos que pueda cuestionarse nuestro valor en cuanto a la significación de las funciones consultivas o contenciosas que nos atribuye la Ley 52/1997 de 27 de noviembre. En dicha significación, cobra singular relevancia la subsistencia y firmeza de nuestros criterios, que deben quedar asentados sobre una recta interpretación de las normas jurídicas, que son el eje, no olvidemos, de nuestra formación, desarrollada a través de un exigente procedimiento de selección, en el que encontramos tanto aspectos teóricos como prácticos. Una formación y un valor que no culmina en modo alguno con nuestra oposición, sino que se desarrolla durante nuestra carrera profesional, de cuya excelencia son un buen ejemplo los compañeros a los que año tras año rendimos homenaje durante el mes de Junio.

 

La eficacia o virtud de la Abogacía del Estado para defender los intereses de la Administración es algo que puede constatarse día a día en los Juzgados y Tribunales de España y en las sedes de las distintas Administraciones y Entes a los que prestamos asesoramiento en derecho. Y es precisamente esa eficacia, entre otros factores, la que tiene como rédito o fruto el que, durante más de 135 años, haya sido la Abogacía del Estado un referente en el estudio y ejercicio de la práctica del Derecho, tanto dentro de la Administración como fuera de ella, a través de los compañeros que, por unas razones u otras, pasan a su ejercicio a través de la excedencia voluntaria o los servicios especiales.

 

Probablemente desde esa eficacia, se entiendan las razones que nos llevan a “acometer resueltamente grandes empresas y a arrostrar los peligros”, adentrándonos en ámbitos jurídicos hoy conocidos, pero grandes desconocidos en épocas pretéritas, como el Derecho Comunitario, con excelentes compañeros en las más altas responsabilidades de las instituciones europeas, el Arbitraje, el Derecho Concursal, el Derecho Laboral o el Derecho Penal, ámbitos en los que, cada día más, se requiere y exige nuestra presencia y valor. Y, probablemente como suma de todas estas circunstancias, se nos atribuye una especial cualidad positiva para la actividad del derecho, que es la que debemos preservar. Nos corresponde potenciar la unidad en la defensa de nuestros valores  y  en la defensa del Estado de Derecho. De nosotros depende que sigamos manteniendo nuestro valor, en todas las acepciones posibles. Es un reto, pero, con todas las dificultades y defectos propios de cada “casa”, debemos conseguirlo.

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La diferencia entre la física cuántica y el Derecho es que la mayoría asume que de física cuántica no tiene ni idea. Sin embargo, cuando se trata del Derecho, cualquier persona se reserva no el derecho de opinar, legítimo, sino el Derecho a constituirse en “experto” en Derecho. Parecería así que el mero acceso a Facebook, Twiter o a los medios de comunicación permite, lisa y llanamente, descalificar el Derecho.

 

Desde el primer día en el que empezamos a preparar nuestro camino para ser Abogados del Estado aprendemos a respetar nuestro sistema y, sobre todo, a guardar una sincera lealtad al mismo. Nuestros preparadores, algunos de los cuales desgraciadamente nos han dejado durante los últimos meses siendo todo un ejemplo a seguir, nos enseñan con su comportamiento que el camino hacia el Derecho no se alcanza desde atajos, trampas ni medias verdades. Nos enseñan, y, muestra de ello es nuestra formación histórica relatada con maestría por Miguel Ángel Gilabert, a conocer y respetar el ordenamiento jurídico. Nos enseñan a ser leales no solamente desde el respeto a las Leyes, sino también desde el respeto a quienes tienen el deber de aplicarlas. Somos, todos, partícipes de un sistema que debe quedar regido únicamente por los dictados del principio de legalidad y en el que nos constituimos como servidores públicos y colaboradores de la Justicia. Nuestro ordenamiento jurídico  ha querido garantizar, como norma básica, la Constitución y como piedra angular del sistema la independencia judicial.

 

La lealtad es definida por nuestro diccionario de la RAE como el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor. No vemos una forma más adecuada de definir nuestra posición profesional y nuestra actividad como Abogados del Estado.  Lealtad no es sumisión. No significa aceptar como bueno cualquier posicionamiento de la Administración a la que defendemos, ni tampoco aceptar, sin crítica alguna, las resoluciones que puedan emanar de nuestros Jueces y Tribunales. Lealtad es actuar en todo momento sabiendo que más allá de intereses personales existe un fin común. Lealtad significa saber que existen medios procesales para combatir las resoluciones que consideramos que no se ajustan a derecho. E igualmente supone conocer que nuestras Leyes son aprobadas y modificadas conforme a unas reglas predeterminadas, sujetas a controles. Únicamente desde la reflexión y el análisis técnico-jurídico podremos lograr  un ordenamiento jurídico, singularmente el penal, coherente con nuestros principios básicos. Optar por la crítica fácil, el análisis apriorístico de los problemas o, simplemente, por una posición que pretenda obtener el aplauso y no el rigor jurídico nos ha llevado a redactar más de 25 reformas del Código Penal en poco más de 20 años. No parece que sea el camino.

 

La lealtad debe ser ideología, bandera y seña de identidad de nuestro Cuerpo. Es nuestra responsabilidad y deber alcanzarla.

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Una de las primeras reacciones que experimentamos al aprobar nuestra oposición es la de detenernos en el escudo que, con orgullo, llevamos en nuestra toga y que nos identifica como “Abogados del Estado”. En no pocas ocasiones podemos preguntarnos acerca del significado de esta mención, que tiene su reflejo normativo en nuestra querida Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, que recientemente ha cumplido veinte años de vigencia. Nuestra Ley nos atribuye, nada menos, que la asistencia, representación y defensa en juicio del Estado.

Durante los pasados meses, hemos vivido un momento histórico, marcado por el desafío secesionista en Cataluña. En esta ocasión, si cabe, era particularmente necesaria una defensa jurídica al Estado que permitiera sostener el imperio de la ley. Pues bien, aun dentro de la complejidad de la situación, podemos afirmar que los Abogados del Estado hemos hecho honor a nuestro nombre y hemos defendido la legalidad constitucional y la integridad del Estado frente a dichos ataques.

Singularmente, nuestro Departamento de Derecho Constitucional, coordinado por nuestro Abogado General del Estado, ha encabezado esta tarea, siendo significativo que todos los procedimientos iniciados ante el Tribunal Constitucional obtuvieran un resultado favorable a los intereses que representamos. Asimismo, desde las distintas Abogacías del Estado en Cataluña se asume diariamente la defensa del Estado, en ocasiones en un ambiente poco favorable al ejercicio de nuestras funciones. Y no olvidemos tampoco la labor de asesoramiento en derecho que se desarrolla a través de las Abogacías del Estado en los Departamentos Ministeriales o en los Departamentos adscritos a la Subdirección General de Asuntos Contenciosos. Podemos afirmar, sin riesgo alguno de caer en un corporativismo mal entendido, que la labor de la Abogacía del Estado ha estado a la altura de las circunstancias.

En este contexto, la Asociación  quiere mostrar su apoyo a los compañeros que intervienen y han intervenido durante estos meses en dichas actuaciones. Así lo hemos expuesto públicamente y así queremos dejar constancia de ello en nuestra Revista. Nuestra portada guarda relación con esta forma de pensar. La Abogacía del Estado, por definición, tiene como seña de identidad esencial la de defender a nuestro Estado. En esta tarea y con este fin podemos decir que todos somos necesarios y nadie es contingente. Ante situaciones como las vividas en los pasados meses, solo cabe actuar con el rigor jurídico, discreción y eficacia que caracterizan nuestra función. Así ha ocurrido y podemos afirmar que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con nuestra misión esencial  en la defensa del Estado de Derecho y la legalidad constitucional. Como hemos defendido en los últimos meses, esta es nuestra razón de ser.

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Suelen caracterizarse los períodos estivales y postvacacionales por una suerte de ausencia de noticias que hace que, en múltiples ocasiones, sea necesario acudir a tópicos tan manidos como la canción del verano para poder completar los informativos diarios o los periódicos. Durante el pasado verano, quizá fruto de esta ausencia de noticias, quizá fruto de una corriente instalada en nuestra sociedad que quiere hacer prevalecer el criterio personal sobre la legalidad, ha ocupado buena parte de dichos espacios informativos la problemática de una madre granadina que se negaba a entregar a sus hijos menores de edad a su progenitor con residencia en Italia. Sin centrarnos en el problema jurídico planteado en dicho caso concreto, del análisis del mismo llaman profundamente la atención los mensajes aparentemente aprobatorios de la conducta de quien ha situado por encima del principio de legalidad su interpretación de los hechos y su visión personal de una controversia que había sido resuelta mediante sentencia judicial firme.

Se ha llegado incluso a sostener en determinados ámbitos que es “lícito” no cumplir las resoluciones judiciales cuando se consideran injustas. He ahí el problema. No existe un “medidor” que objetivamente permita distinguir lo justo de lo injusto, siendo el principio de legalidad y el respeto a las resoluciones judiciales la fórmula a seguir cuando, ante intereses en conflicto, existen posiciones contrapuestas. Desde nuestra creación como Cuerpo, los Abogados del Estado hemos defendido y defendemos la plena vigencia de un principio básico: el pleno respeto al imperio de la ley y a las resoluciones judiciales emanadas del Poder Judicial. Tanto en sede contenciosa como en el ámbito consultivo, por más que existan opiniones que sostienen lo contrario, nuestras actuaciones se rigen por el profundo respeto a la ley y a nuestro ordenamiento jurídico. No puede sustituirse este principio esencial del Estado de Derecho por una suerte de valor superior y vinculante de principios o criterios ajenos a la legalidad. Hemos asistido a una cierta aprobación colectiva de la desobediencia judicial, lo que es una pésima noticia para el Estado de Derecho que defendemos.

Precisamente esa desobediencia a leyes y resoluciones judiciales es la que nos ha despertado día a día durante el mes de septiembre. Cuando se comienza por defender la desobediencia judicial a una resolución concreta, como el caso comentado, se termina por cuestionar, nada menos, que al supremo intérprete de nuestra Constitución, como está ocurriendo en Cataluña. Nuestra Asociación no puede apoyar dichas reivindicaciones paralegales; antes bien, quiere mostrar nuestro absoluto respaldo al imperio de la ley, al principio de legalidad y muy especialmente a los compañeros que están luchando día a día de forma encomiable por evitar que pueda sustituirse nuestro ordenamiento constitucional por un nuevo orden construido al margen de los procedimientos establecidos al efecto. Frente a un desafío tan notable como el que estamos observando, es nuestro deber, como Asociación, proclamar que el imperio de la ley prevalecerá y que nuestra Asociación siempre estará del lado de quienes defienden el ordenamiento jurídico. Nunca fuimos Abogados contra el Estado sino defensores del imperio de la ley. Es nuestra razón de ser.

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No le faltaba razón a Albert Camus cuando razonaba “porque, después de muchos años en que el mundo me ha permitido variadas experiencias, lo que más sé, a la larga, acerca de moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol”. Cualquiera que haya tenido la suerte de poder practicar un deporte, bien sabe lo certero del razonamiento de Camus. Principios básicos, como el de respetar las normas y el adversario, saber ganar y saber perder, esforzarse sin saber el resultado o tomar conciencia de que la propia pereza condena a tu equipo, se aprenden día a días gracias a este deporte. Principios todos ellos que dicho sea de paso, bien hacemos en recordar para el ejercicio diario de nuestra profesión como Abogados del Estado.

Ante la grandeza de este deporte, al que podrían asimilarse cualesquiera otros que participan de estos principios, debe exigirse a quienes lo practican un mínimo rigor en su comportamiento, dentro del terreno de juego y en sus declaraciones públicas. Son ellos quienes tienen el deber moral de hacer respetar un deporte del que tanto se puede y se debe aprender. Sin embargo, desgraciadamente, en tiempos recientes se ha perdido buena parte de ese espíritu, amplificándose sobremanera cualquier cuestión que pueda tener algo que ver con este deporte y, lo que es peor, dando verdadera carta de naturaleza a declaraciones que son ajenas a la esencia del juego, que tanto enseñó al gran Camus.

Ante este fenómeno expansivo del fútbol, solamente pueden adoptarse dos posturas. La primera, acrítica, es asumir que las cosas son así y que no merece la pena intentar explicar determinados comportamientos o situaciones. La segunda, más acorde con los valores que inspiran nuestro Cuerpo, debe ser la de contestar, sin responder, a quienes puedan atacar nuestra función empleando para ello el magnífico altavoz que les proporciona este deporte.

Desde la Asociación, entendemos que debemos seguir esta segunda línea. Cuando se pretende atacar nuestra labor, desde afirmaciones inverosímiles, debemos contestar, explicando didácticamente nuestra función y valores, que deben estar muy por encima de las manifestaciones públicas que pueda realizar quien, sin saber, quiere adoctrinar sobre algo tan serio en nuestro país como es el ejercicio de la acción penal. No se trata de responder, entrar en debates o salir de nuestro hábitat natural, que preside nuestro día a día en los tribunales de justicia o en funciones consultivas. Se trata, en suma, de aplicar una de las reglas esenciales de este deporte. Ante un ataque, hay que defenderse, respetando las reglas y sabiendo que en este caso, como debería ocurrir en posibles y futuros eventos, nuestra respuesta es necesaria para no perder nuestro partido: la defensa de la legalidad y de la honestidad de nuestra función. Asumamos todos que este partido tenemos que ganarlo y que siempre jugaremos mejor juntos que separados. No es solamente fútbol.

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Número 44
No es solamente fútbol

No le faltaba razón a Albert Camus cuando razonaba “porque, después de muchos años…

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Número 35


Verdad, confianza y movimiento

Llevamos varias legislaturas en donde se nos habla del derecho de los ciudadanos a conocer la “verdad” con distintas formas y expresiones. De igual modo, llevamos ese mismo tiempo en el que se nos habla de la necesidad de actuar con prudencia, hasta con sigilo para que podamos recuperar la “confianza”; se nos dice que hay cosas que es mejor no contar para no provocar alarmas innecesarias.

 

Verdad y confianza aparecen entonces de manera contrapuesta, como si de la verdad se pudiera conseguir generar desconfianza o como si de no contarla o ser prudentes en ello se derivara inmediata confianza.

 

En este punto cabe traer a colación lo que en hebreo significa la palabra “emunah”. Para los hebreos la verdad (“emunah”), es ante todo la seguridad o la confianza; verdadero es lo que es fiel a sí mismo y por eso digno de confianza porque da seguridad. En la filosofía clásica griega, la verdad es concebida como άλήθεια o descubrimiento del ser que se encuentra oculto por el velo de la apariencia. Por supuesto, existen infinidad de teorías filosóficas posteriores sobre esto de la “verdad”, una de las más extendidas es la de la correspondencia. Según esta teoría, la verdad consiste en una relación de adecuación o concordancia entre el entendimiento que conoce y lo real conocido como realidad.

 

Lo cierto es que yo me quedo quizá con la definición dirigida hacia la consecuencia de la verdad y no con aquéllas que pretenden definirla como fin en si misma. La verdad es lo que genera seguridad y confianza porque es fiel a sí misma, a la realidad.

 

Pidiendo ya disculpas por la diatriba filosófica, la finalidad de estas breves líneas no es otra que decir que sin verdad no hay confianza, no hay seguridad. La duda sobre si se conoce en parte la verdad simplemente genera desconfianza, esto siempre ha sido así y nunca ha sido ni será de otra manera. Lo que debe generar confianza no son los gobiernos sino los Estados y esto sólo se logra si mostramos a los Estados bajo el prisma de la verdad que no es otra cosa que su realidad y de conseguir esto sí son responsables los gobiernos.

 

Los bailes de cifras, de imputación de responsabilidades por nefastas gestiones o la negación de la realidad contando con prudencia medias verdades, no permite nunca generar confianza ni en los Estados ni en los ciudadanos que los componen. La confianza es más que nada una creencia que permite estimar lo que una persona será capaz de hacer de una determinada manera frente a una situación dada, pero si no conocemos esta situación, si no conocemos la realidad, no existe opción alguna de generar confianza y por tanto, la menos mala de las consecuencias será que los ciudadanos, los trabajadores, las empresas, etcétera, no hagan nada y del inmovilismo ya se sabe lo que dicen: no va a ninguna parte.

 

Verdad, confianza y movimiento; y en ese orden, por favor.