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La mejora de las condiciones de trabajo y la promoción de la carrera profesional; la conservación de los fundamentos esenciales que inspiraron la creación del Cuerpo de Abogados del Estado como patrimonio de la Administración Pública y de la sociedad española; la defensa de la exclusividad en la función de asesoramiento del sector público estatal; las problemáticas que suscita el proceso de "territorialización de la Abogacía del Estado" iniciado con la reciente modificación del Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, del Servicio Jurídico del Estado, por el que se crean las Abogacías del Estado en las Comunidades Autónomas; el desembarco, dentro de FEDECA, en elecciones sindicales; el fomento de relaciones con otras asociaciones del mundo del Derecho; la colaboración con los poderes públicos aportando soluciones a los problemas que afectan a la Administración de Justicia; el mantenimiento de la cohesión entre los asociados. Son los retos del nuevo Consejo Directivo.

La revista que hoy tienes en tus manos, manteniendo la esencia del proyecto editorial, gracias a las críticas y sugerencias de nuestros asociados, introduce ciertas novedades en el capítulo de contenidos y, principalmente, en el apartado de diseño. Ha sido nuestro deseo interpretar vuestras acertadas observaciones, esperamos que el resultado sea de vuestro agrado.

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La remoción de los obstáculos que impiden esa igualdad efectiva entre mujeres y hombres es el principio constitucional que guía todo el contenido del texto, a través del cual se transpone una Directiva comunitaria del año 2002, de igualdad de trato entre hombres y mujeres.

Debemos, pues, felicitarnos por esta iniciativa que, en palabras del Consejo de Estado, no sólo se acomoda a la Constitución, sino que desarrolla e incorpora sus mejores valores y espíritu.

Ahora bien, tres, al menos, son las observaciones que, desde esta tribuna, pueden hacerse:

1. Las medidas que se dispondrán ayudarán a conseguir la tan deseada igualdad real, siempre y cuando se acompañen de una educación para esa igualdad. Y para ello, no parece suficiente lo previsto en el proyecto de ley orgánica aprobado sobre la incorporación al sistema educativo de la formación en materia de igualdad y el fomento de la enseñanza y de la investigación en materia de igualdad en el
ámbito de la educación superior.

2. Ciertas medidas pudieren vulnerar otros derechos y libertades de las personas. Así, por ejemplo, el deber de negociar planes de igualdad en los convenios de ámbito empresarial y supra-empresarial, o la denominada "apertura" de los consejos de administración de grandes empresas a la participación de mujeres.

3. Las medidas de imposición de equilibrios entre mujeres y hombres pudieren, a medio y largo plazo, ser contraproducentes en relación con el fin que se persigue. Entre otras, podrían citarse la representación equilibrada entre mujeres y hombres en el nombramiento de titulares de órganos directivos cuya designación corresponda al Consejo de Ministros; la tendencia a ese equilibrio en los tribunales y comisiones de selección para el acceso al empleo público y para la designación de representantes de órganos colegiados, comités de expertos y comités consultivos y, en general, la aplicación del principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los poderes públicos, la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para garantizar una composición equilibrada de ambos sexos en las listas electorales o la citada anteriormente de "apertura" en las grandes empresas de sus consejos de administración a la participación de las mujeres. Los poderes públicos deben remover los obstáculos que impidan a las mujeres estar en igualdad de condiciones en el ámbito laboral, en el acceso a la función pública, en la participación pública y en el ámbito familiar, sin imposiciones legales.

Debe, pues, aprovecharse esta oportunidad para avanzar en hacer realidad el principio de igualdad, que permita a las mujeres estar en la misma situación y con las mismas condiciones que los hombres "arrimando todos el hombro" para mejorar, en lo posible, el texto aprobado durante la tramitación parlamentaria, haciendo así posible, cuanto antes, esa efectiva igualdad por todos deseada.
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La voluntad del Cuerpo de Abogados del Estado para adaptarse a las nuevas situaciones que se han ido planteando en este siglo y cuarto de vida ha sido una de las claves de su eficaz y reconocida labor. Para ello, entre otros factores, ha sido especialmente destacable la decidida incorporación de la mujer al Cuerpo.

La función de los Abogados del Estado es hoy, posiblemente, más relevante que nunca. En un Estado de Derecho, quien tiene encomendado su asesoramiento legal y la defensa de sus intereses ante los tribunales de Justicia, desempeña una función de gran trascendencia. Por otra parte, la complejidad de la organización administrativa actual y la integración en estructuras supranacionales requieren la presencia de Abogados del Estado prestando asistencia jurídica en puestos impensables al tiempo de la fundación del Cuerpo.

Es de justicia aprovechar esta celebración para homenajear a quienes han dedicado sus años de trabajo a ejercer con gran dedicación y profesionalidad de Abogados del Estado. En gran medida somos deudores suyos, así como parece un buen momento para renovar o quizá repasar, verbo que como opositores conocemos bien, los proyectos y las ilusiones colectivas para los próximos años, décadas...
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Número 18
julio a septiembre 2007 Nos renovamos.

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La mejora de las condiciones de trabajo y la promoción de la carrera profesional; la conservación de los fundamentos esenciales que inspiraron la creación del Cuerpo de Abogados del Estado como patrimonio de la Administración Pública y de la sociedad española; la defensa de la exclusividad en la función de asesoramiento del sector público estatal; las problemáticas que suscita el proceso de "territorialización de la Abogacía del Estado" iniciado con la reciente modificación del Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, del Servicio Jurídico del Estado, por el que se crean las Abogacías del Estado en las Comunidades Autónomas; el desembarco, dentro de FEDECA, en elecciones sindicales; el fomento de relaciones con otras asociaciones del mundo del Derecho; la colaboración con los poderes públicos aportando soluciones a los problemas que afectan a la Administración de Justicia; el mantenimiento de la cohesión entre los asociados. Son los retos del nuevo Consejo Directivo.

La revista que hoy tienes en tus manos, manteniendo la esencia del proyecto editorial, gracias a las críticas y sugerencias de nuestros asociados, introduce ciertas novedades en el capítulo de contenidos y, principalmente, en el apartado de diseño. Ha sido nuestro deseo interpretar vuestras acertadas observaciones, esperamos que el resultado sea de vuestro agrado.

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La remoción de los obstáculos que impiden esa igualdad efectiva entre mujeres y hombres es el principio constitucional que guía todo el contenido del texto, a través del cual se transpone una Directiva comunitaria del año 2002, de igualdad de trato entre hombres y mujeres.

Debemos, pues, felicitarnos por esta iniciativa que, en palabras del Consejo de Estado, no sólo se acomoda a la Constitución, sino que desarrolla e incorpora sus mejores valores y espíritu.

Ahora bien, tres, al menos, son las observaciones que, desde esta tribuna, pueden hacerse:

1. Las medidas que se dispondrán ayudarán a conseguir la tan deseada igualdad real, siempre y cuando se acompañen de una educación para esa igualdad. Y para ello, no parece suficiente lo previsto en el proyecto de ley orgánica aprobado sobre la incorporación al sistema educativo de la formación en materia de igualdad y el fomento de la enseñanza y de la investigación en materia de igualdad en el
ámbito de la educación superior.

2. Ciertas medidas pudieren vulnerar otros derechos y libertades de las personas. Así, por ejemplo, el deber de negociar planes de igualdad en los convenios de ámbito empresarial y supra-empresarial, o la denominada "apertura" de los consejos de administración de grandes empresas a la participación de mujeres.

3. Las medidas de imposición de equilibrios entre mujeres y hombres pudieren, a medio y largo plazo, ser contraproducentes en relación con el fin que se persigue. Entre otras, podrían citarse la representación equilibrada entre mujeres y hombres en el nombramiento de titulares de órganos directivos cuya designación corresponda al Consejo de Ministros; la tendencia a ese equilibrio en los tribunales y comisiones de selección para el acceso al empleo público y para la designación de representantes de órganos colegiados, comités de expertos y comités consultivos y, en general, la aplicación del principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los poderes públicos, la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para garantizar una composición equilibrada de ambos sexos en las listas electorales o la citada anteriormente de "apertura" en las grandes empresas de sus consejos de administración a la participación de las mujeres. Los poderes públicos deben remover los obstáculos que impidan a las mujeres estar en igualdad de condiciones en el ámbito laboral, en el acceso a la función pública, en la participación pública y en el ámbito familiar, sin imposiciones legales.

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La voluntad del Cuerpo de Abogados del Estado para adaptarse a las nuevas situaciones que se han ido planteando en este siglo y cuarto de vida ha sido una de las claves de su eficaz y reconocida labor. Para ello, entre otros factores, ha sido especialmente destacable la decidida incorporación de la mujer al Cuerpo.

La función de los Abogados del Estado es hoy, posiblemente, más relevante que nunca. En un Estado de Derecho, quien tiene encomendado su asesoramiento legal y la defensa de sus intereses ante los tribunales de Justicia, desempeña una función de gran trascendencia. Por otra parte, la complejidad de la organización administrativa actual y la integración en estructuras supranacionales requieren la presencia de Abogados del Estado prestando asistencia jurídica en puestos impensables al tiempo de la fundación del Cuerpo.

Es de justicia aprovechar esta celebración para homenajear a quienes han dedicado sus años de trabajo a ejercer con gran dedicación y profesionalidad de Abogados del Estado. En gran medida somos deudores suyos, así como parece un buen momento para renovar o quizá repasar, verbo que como opositores conocemos bien, los proyectos y las ilusiones colectivas para los próximos años, décadas...
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Número 17
abril a junio de 2007 Igualdad entre hombres y mujeres: necesaria y deseada.

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La mejora de las condiciones de trabajo y la promoción de la carrera profesional; la conservación de los fundamentos esenciales que inspiraron la creación del Cuerpo de Abogados del Estado como patrimonio de la Administración Pública y de la sociedad española; la defensa de la exclusividad en la función de asesoramiento del sector público estatal; las problemáticas que suscita el proceso de "territorialización de la Abogacía del Estado" iniciado con la reciente modificación del Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, del Servicio Jurídico del Estado, por el que se crean las Abogacías del Estado en las Comunidades Autónomas; el desembarco, dentro de FEDECA, en elecciones sindicales; el fomento de relaciones con otras asociaciones del mundo del Derecho; la colaboración con los poderes públicos aportando soluciones a los problemas que afectan a la Administración de Justicia; el mantenimiento de la cohesión entre los asociados. Son los retos del nuevo Consejo Directivo.

La revista que hoy tienes en tus manos, manteniendo la esencia del proyecto editorial, gracias a las críticas y sugerencias de nuestros asociados, introduce ciertas novedades en el capítulo de contenidos y, principalmente, en el apartado de diseño. Ha sido nuestro deseo interpretar vuestras acertadas observaciones, esperamos que el resultado sea de vuestro agrado.

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Debemos, pues, felicitarnos por esta iniciativa que, en palabras del Consejo de Estado, no sólo se acomoda a la Constitución, sino que desarrolla e incorpora sus mejores valores y espíritu.

Ahora bien, tres, al menos, son las observaciones que, desde esta tribuna, pueden hacerse:

1. Las medidas que se dispondrán ayudarán a conseguir la tan deseada igualdad real, siempre y cuando se acompañen de una educación para esa igualdad. Y para ello, no parece suficiente lo previsto en el proyecto de ley orgánica aprobado sobre la incorporación al sistema educativo de la formación en materia de igualdad y el fomento de la enseñanza y de la investigación en materia de igualdad en el
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Debe, pues, aprovecharse esta oportunidad para avanzar en hacer realidad el principio de igualdad, que permita a las mujeres estar en la misma situación y con las mismas condiciones que los hombres "arrimando todos el hombro" para mejorar, en lo posible, el texto aprobado durante la tramitación parlamentaria, haciendo así posible, cuanto antes, esa efectiva igualdad por todos deseada.
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La función de los Abogados del Estado es hoy, posiblemente, más relevante que nunca. En un Estado de Derecho, quien tiene encomendado su asesoramiento legal y la defensa de sus intereses ante los tribunales de Justicia, desempeña una función de gran trascendencia. Por otra parte, la complejidad de la organización administrativa actual y la integración en estructuras supranacionales requieren la presencia de Abogados del Estado prestando asistencia jurídica en puestos impensables al tiempo de la fundación del Cuerpo.

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Número 16
enero a marzo de 2007

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La mejora de las condiciones de trabajo y la promoción de la carrera profesional; la conservación de los fundamentos esenciales que inspiraron la creación del Cuerpo de Abogados del Estado como patrimonio de la Administración Pública y de la sociedad española; la defensa de la exclusividad en la función de asesoramiento del sector público estatal; las problemáticas que suscita el proceso de "territorialización de la Abogacía del Estado" iniciado con la reciente modificación del Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, del Servicio Jurídico del Estado, por el que se crean las Abogacías del Estado en las Comunidades Autónomas; el desembarco, dentro de FEDECA, en elecciones sindicales; el fomento de relaciones con otras asociaciones del mundo del Derecho; la colaboración con los poderes públicos aportando soluciones a los problemas que afectan a la Administración de Justicia; el mantenimiento de la cohesión entre los asociados. Son los retos del nuevo Consejo Directivo.

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La remoción de los obstáculos que impiden esa igualdad efectiva entre mujeres y hombres es el principio constitucional que guía todo el contenido del texto, a través del cual se transpone una Directiva comunitaria del año 2002, de igualdad de trato entre hombres y mujeres.

Debemos, pues, felicitarnos por esta iniciativa que, en palabras del Consejo de Estado, no sólo se acomoda a la Constitución, sino que desarrolla e incorpora sus mejores valores y espíritu.

Ahora bien, tres, al menos, son las observaciones que, desde esta tribuna, pueden hacerse:

1. Las medidas que se dispondrán ayudarán a conseguir la tan deseada igualdad real, siempre y cuando se acompañen de una educación para esa igualdad. Y para ello, no parece suficiente lo previsto en el proyecto de ley orgánica aprobado sobre la incorporación al sistema educativo de la formación en materia de igualdad y el fomento de la enseñanza y de la investigación en materia de igualdad en el
ámbito de la educación superior.

2. Ciertas medidas pudieren vulnerar otros derechos y libertades de las personas. Así, por ejemplo, el deber de negociar planes de igualdad en los convenios de ámbito empresarial y supra-empresarial, o la denominada "apertura" de los consejos de administración de grandes empresas a la participación de mujeres.

3. Las medidas de imposición de equilibrios entre mujeres y hombres pudieren, a medio y largo plazo, ser contraproducentes en relación con el fin que se persigue. Entre otras, podrían citarse la representación equilibrada entre mujeres y hombres en el nombramiento de titulares de órganos directivos cuya designación corresponda al Consejo de Ministros; la tendencia a ese equilibrio en los tribunales y comisiones de selección para el acceso al empleo público y para la designación de representantes de órganos colegiados, comités de expertos y comités consultivos y, en general, la aplicación del principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los poderes públicos, la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para garantizar una composición equilibrada de ambos sexos en las listas electorales o la citada anteriormente de "apertura" en las grandes empresas de sus consejos de administración a la participación de las mujeres. Los poderes públicos deben remover los obstáculos que impidan a las mujeres estar en igualdad de condiciones en el ámbito laboral, en el acceso a la función pública, en la participación pública y en el ámbito familiar, sin imposiciones legales.

Debe, pues, aprovecharse esta oportunidad para avanzar en hacer realidad el principio de igualdad, que permita a las mujeres estar en la misma situación y con las mismas condiciones que los hombres "arrimando todos el hombro" para mejorar, en lo posible, el texto aprobado durante la tramitación parlamentaria, haciendo así posible, cuanto antes, esa efectiva igualdad por todos deseada.
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La voluntad del Cuerpo de Abogados del Estado para adaptarse a las nuevas situaciones que se han ido planteando en este siglo y cuarto de vida ha sido una de las claves de su eficaz y reconocida labor. Para ello, entre otros factores, ha sido especialmente destacable la decidida incorporación de la mujer al Cuerpo.

La función de los Abogados del Estado es hoy, posiblemente, más relevante que nunca. En un Estado de Derecho, quien tiene encomendado su asesoramiento legal y la defensa de sus intereses ante los tribunales de Justicia, desempeña una función de gran trascendencia. Por otra parte, la complejidad de la organización administrativa actual y la integración en estructuras supranacionales requieren la presencia de Abogados del Estado prestando asistencia jurídica en puestos impensables al tiempo de la fundación del Cuerpo.

Es de justicia aprovechar esta celebración para homenajear a quienes han dedicado sus años de trabajo a ejercer con gran dedicación y profesionalidad de Abogados del Estado. En gran medida somos deudores suyos, así como parece un buen momento para renovar o quizá repasar, verbo que como opositores conocemos bien, los proyectos y las ilusiones colectivas para los próximos años, décadas...
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Número 15
octubre a diciembre 2006

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La mejora de las condiciones de trabajo y la promoción de la carrera profesional; la conservación de los fundamentos esenciales que inspiraron la creación del Cuerpo de Abogados del Estado como patrimonio de la Administración Pública y de la sociedad española; la defensa de la exclusividad en la función de asesoramiento del sector público estatal; las problemáticas que suscita el proceso de "territorialización de la Abogacía del Estado" iniciado con la reciente modificación del Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, del Servicio Jurídico del Estado, por el que se crean las Abogacías del Estado en las Comunidades Autónomas; el desembarco, dentro de FEDECA, en elecciones sindicales; el fomento de relaciones con otras asociaciones del mundo del Derecho; la colaboración con los poderes públicos aportando soluciones a los problemas que afectan a la Administración de Justicia; el mantenimiento de la cohesión entre los asociados. Son los retos del nuevo Consejo Directivo.

La revista que hoy tienes en tus manos, manteniendo la esencia del proyecto editorial, gracias a las críticas y sugerencias de nuestros asociados, introduce ciertas novedades en el capítulo de contenidos y, principalmente, en el apartado de diseño. Ha sido nuestro deseo interpretar vuestras acertadas observaciones, esperamos que el resultado sea de vuestro agrado.

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Debemos, pues, felicitarnos por esta iniciativa que, en palabras del Consejo de Estado, no sólo se acomoda a la Constitución, sino que desarrolla e incorpora sus mejores valores y espíritu.

Ahora bien, tres, al menos, son las observaciones que, desde esta tribuna, pueden hacerse:

1. Las medidas que se dispondrán ayudarán a conseguir la tan deseada igualdad real, siempre y cuando se acompañen de una educación para esa igualdad. Y para ello, no parece suficiente lo previsto en el proyecto de ley orgánica aprobado sobre la incorporación al sistema educativo de la formación en materia de igualdad y el fomento de la enseñanza y de la investigación en materia de igualdad en el
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2. Ciertas medidas pudieren vulnerar otros derechos y libertades de las personas. Así, por ejemplo, el deber de negociar planes de igualdad en los convenios de ámbito empresarial y supra-empresarial, o la denominada "apertura" de los consejos de administración de grandes empresas a la participación de mujeres.

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Número 14
julio a septiembre 2006 CXXV años de la creación del Cuerpo de Abogados del Estado

1881-2006 es un periodo de tiempo nada desdeñable en la vida de un país. Celebramos ciento veinticinco años en…

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Número 43


Los tiempos están cambiando

Una de las composiciones más conocidas del reciente Premio Nobel de Literatura se titula “los tiempos están cambiando”. Publicada allá por el año 1964, transmite un mensaje plenamente actual, al poner de manifiesto la necesidad de que sepamos adaptarnos en cada momento a los cambios que se impulsan a nuestro alrededor.

Nunca hemos sido los Abogados del Estado objeto de comentario en la prensa o en los medios; antes bien, siempre hemos preferido mantener nuestra labor en un discreto segundo plano, haciendo valer nuestros argumentos en nuestro hábitat natural que no es otro que las Salas de los Tribunales de Justicia y nuestros informes.

Sin embargo, como nos recuerda Dylan, los tiempos están cambiando. En los últimos meses, han sido varios los artículos de prensa que han cuestionado nuestra labor profesional e incluso nuestra independencia. Al amparo de titulares llamativos, referidos a una conocida serie de los años 80 o a un supuesto ataque a las víctimas del terrorismo, se pretende desvirtuar nuestro ejercicio profesional. A tal efecto, se acude al sofisma de las mal llamadas “puertas giratorias”, se pretende deslizar indebidos tratos de favor o de pretendido “castigo” al justiciable en función de criterios políticos.

Nada más lejos de la realidad. Si algo caracteriza nuestro trabajo como Abogados del Estado es el absoluto respeto por el principio de legalidad y la defensa de los intereses de la Administración. Así ha acontecido respecto de quienes han sido cuestionados en la prensa.

Por otra parte, si determinados compañeros deciden acceder a la situación de excedencia voluntaria, común a todo el conjunto de la función pública, no puede ello servir como “ariete” para cuestionar sin base fáctica alguna su labor previa al pase a dicha excedencia o la de quienes continúan en servicio activo. Esta imagen transmitida en los últimos meses no nos representa.

Ante la inminente formación de Gobierno, quizá sea uno de los principales retos de nuestro Cuerpo el de saber transmitir nuestra realidad profesional, nuestra dedicación al servicio público y el derecho de quienes deciden pasar a la situación de excedencia particular. Quede constancia de ello en la que debe ser uno de los pilares de nuestra comunicación: nuestra Revista.