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La remoción de los obstáculos que impiden esa igualdad efectiva entre mujeres y hombres es el principio constitucional que guía todo el contenido del texto, a través del cual se transpone una Directiva comunitaria del año 2002, de igualdad de trato entre hombres y mujeres.

Debemos, pues, felicitarnos por esta iniciativa que, en palabras del Consejo de Estado, no sólo se acomoda a la Constitución, sino que desarrolla e incorpora sus mejores valores y espíritu.

Ahora bien, tres, al menos, son las observaciones que, desde esta tribuna, pueden hacerse:

1. Las medidas que se dispondrán ayudarán a conseguir la tan deseada igualdad real, siempre y cuando se acompañen de una educación para esa igualdad. Y para ello, no parece suficiente lo previsto en el proyecto de ley orgánica aprobado sobre la incorporación al sistema educativo de la formación en materia de igualdad y el fomento de la enseñanza y de la investigación en materia de igualdad en el
ámbito de la educación superior.

2. Ciertas medidas pudieren vulnerar otros derechos y libertades de las personas. Así, por ejemplo, el deber de negociar planes de igualdad en los convenios de ámbito empresarial y supra-empresarial, o la denominada "apertura" de los consejos de administración de grandes empresas a la participación de mujeres.

3. Las medidas de imposición de equilibrios entre mujeres y hombres pudieren, a medio y largo plazo, ser contraproducentes en relación con el fin que se persigue. Entre otras, podrían citarse la representación equilibrada entre mujeres y hombres en el nombramiento de titulares de órganos directivos cuya designación corresponda al Consejo de Ministros; la tendencia a ese equilibrio en los tribunales y comisiones de selección para el acceso al empleo público y para la designación de representantes de órganos colegiados, comités de expertos y comités consultivos y, en general, la aplicación del principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los poderes públicos, la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para garantizar una composición equilibrada de ambos sexos en las listas electorales o la citada anteriormente de "apertura" en las grandes empresas de sus consejos de administración a la participación de las mujeres. Los poderes públicos deben remover los obstáculos que impidan a las mujeres estar en igualdad de condiciones en el ámbito laboral, en el acceso a la función pública, en la participación pública y en el ámbito familiar, sin imposiciones legales.

Debe, pues, aprovecharse esta oportunidad para avanzar en hacer realidad el principio de igualdad, que permita a las mujeres estar en la misma situación y con las mismas condiciones que los hombres "arrimando todos el hombro" para mejorar, en lo posible, el texto aprobado durante la tramitación parlamentaria, haciendo así posible, cuanto antes, esa efectiva igualdad por todos deseada.
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La voluntad del Cuerpo de Abogados del Estado para adaptarse a las nuevas situaciones que se han ido planteando en este siglo y cuarto de vida ha sido una de las claves de su eficaz y reconocida labor. Para ello, entre otros factores, ha sido especialmente destacable la decidida incorporación de la mujer al Cuerpo.

La función de los Abogados del Estado es hoy, posiblemente, más relevante que nunca. En un Estado de Derecho, quien tiene encomendado su asesoramiento legal y la defensa de sus intereses ante los tribunales de Justicia, desempeña una función de gran trascendencia. Por otra parte, la complejidad de la organización administrativa actual y la integración en estructuras supranacionales requieren la presencia de Abogados del Estado prestando asistencia jurídica en puestos impensables al tiempo de la fundación del Cuerpo.

Es de justicia aprovechar esta celebración para homenajear a quienes han dedicado sus años de trabajo a ejercer con gran dedicación y profesionalidad de Abogados del Estado. En gran medida somos deudores suyos, así como parece un buen momento para renovar o quizá repasar, verbo que como opositores conocemos bien, los proyectos y las ilusiones colectivas para los próximos años, décadas...
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No van a pronunciarse esta Revista ni la Asociación que la edita sobre el sentido del proyectado Estatuto, su orientación, su inserción en el ordenamiento constitucional, ni sobre pormenores de técnica jurídica. Pero sí podemos apuntar, desde el obligado distanciamiento profesional que, valga la paradoja, la revista se impone, algunas ideas generales que a cualquier jurista le suscita el texto ingresado en el Congreso. La mayor parte de ellas, por otro lado, carecen de originalidad, por haber sido apuntadas desde los más variados sectores de opinión.
Por de pronto, un dato, de hecho pero de consecuencias jurídicas de posible relevancia futura por mor del valor del precedente, es su falta de sustancia consensual. La aparente voluntad política mayoritaria que concitó su aprobación es, le pese a quien le pese, de índole exclusivamente territorial, sin extenderse ni un centímetro más allá de los límites de la Comunidad Autónoma a la que pretende regir. Un reglamento, una ley ordinaria, o una ley orgánica, incluso, pueden permitirse el lujo de la verticalidad, del partidismo, de la impronta ideológica. El precio a pagar es -siempre lo ha sido hasta ahora- el de su inmediata reforma o derogación cuando la reversibilidad de las mayorías parlamentarias ha operado. Pensamos, sinceramente, que un Estatuto de Autonomía de las características del que se proyecta no debiera permitirse el lujo de tan exiguo consenso. Prolongar mucho tiempo la cohabitación con demonios familiares de tan amargo regusto, como inevitablemente sucederá si las cosas siguen por la vía que parecen ir, no parece bueno para la salud de la cosa pública española.
La revista y la Asociación que la edita no tienen ideología, en el sentido fuerte del término, lo que no quiere decir -seguramente al contrario- que no gusten de reflexionar sobre la ideología de las normas.
Y no es descabellado decir que un excesivo lastre ideológico en una norma organizativa de tan alto rango como un Estatuto de autonomía, tan agobiante como el que transpira el proyecto de estatuto, posiblemente no sea tampoco bueno para una sociedad (¡Cataluña!) cuya sociedad civil aspira, o aspiraba, o aspiró, a ser vanguardia de libertad en una España hoy felizmente modernizada.
Los últimos años, de la mano del progresivo afianzamiento de las instituciones democráticas, los juristas nos hemos venido acostumbrando, insensiblemente, a trabajar -incluso en los más altos rangos normativos- con normas de portante preponderantemente instrumental, operativas, al servicio muchas veces de políticas determinadas pero no tributarias de un concreto designio ideológico, sino destinadas a servir de cauce o instrumento al pluralismo que la Constitución enmarca como uno de los valores superiores del ordenamiento. Es lógico, por ello, que esos mismos juristas sintamos, por lo menos, un notable desasosiego al contemplar un proyecto normativo de tanta enjundia como un Estatuto de autonomía en el que la palabra Cataluña -la nación catalana- aparece nada más y nada menos que cuatrocientas trece veces, en el que se atribuyen a esa nación facultades volitivas, sensitivas e intelectivas tales como ejercer, afirmar, convivir fraternalmente, ofrecer su amistad, definir hechos históricos, considerar lo que es España (cuatro veces, por cierto, aparece este nombre en el articulado, dos de ellas para referirse al Banco de España, pese a que lo que se entiende como España aparece aludido en muchas más ocasiones con el pudoroso sustitutivo de Estado), y, en fin, por qué omitirlo, determinar cómo debe ser memorizada la historia.
La reiteración de obligaciones, recordatorios, admoniciones, las innecesarias repeticiones en la plasmación de derechos -redundante las más de las veces con los establecidos en la Constitución, aunque con un fumus identitario cuando menos llamativo-, y, en general, el sesgo pactista o trufado de bilateralidad negocial en la definición de gran parte del ejercicio de las políticas y las competencias públicas, conforman un regresivo panorama que -no es aventurado decir- perturbaría quizás un tanto, entre otras cosas a las que no debemos aludir aquí, la intelección de nuestro Derecho público.
Sin duda alguna, la tramitación parlamentaria del proyecto estatutario será una buena ocasión para aunar las voluntades consensuadas y -por qué no- para que luzca el sentido del bien común en el perfeccionamiento y mejora de un Estado y de la nación que lo sustenta en los que nadie pueda sentirse extraño y en los que todos se sientan -nos sintamos- reconocidos y protegidos. Esperemos, con más o con menos convicción, que así sea.
Hecho el breve comentario que precede, la Revista de la Asociación de Abogados del Estado queda abierta, en éste y en los demás temas que más señaladamente afectan al devenir de nuestro país, al debate, al análisis y a la confrontación de opiniones en libertad.

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Número 17
abril a junio de 2007 Igualdad entre hombres y mujeres: necesaria y deseada.

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Debemos, pues, felicitarnos por esta iniciativa que, en palabras del Consejo de Estado, no sólo se acomoda a la Constitución, sino que desarrolla e incorpora sus mejores valores y espíritu.

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La voluntad del Cuerpo de Abogados del Estado para adaptarse a las nuevas situaciones que se han ido planteando en este siglo y cuarto de vida ha sido una de las claves de su eficaz y reconocida labor. Para ello, entre otros factores, ha sido especialmente destacable la decidida incorporación de la mujer al Cuerpo.

La función de los Abogados del Estado es hoy, posiblemente, más relevante que nunca. En un Estado de Derecho, quien tiene encomendado su asesoramiento legal y la defensa de sus intereses ante los tribunales de Justicia, desempeña una función de gran trascendencia. Por otra parte, la complejidad de la organización administrativa actual y la integración en estructuras supranacionales requieren la presencia de Abogados del Estado prestando asistencia jurídica en puestos impensables al tiempo de la fundación del Cuerpo.

Es de justicia aprovechar esta celebración para homenajear a quienes han dedicado sus años de trabajo a ejercer con gran dedicación y profesionalidad de Abogados del Estado. En gran medida somos deudores suyos, así como parece un buen momento para renovar o quizá repasar, verbo que como opositores conocemos bien, los proyectos y las ilusiones colectivas para los próximos años, décadas...
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No van a pronunciarse esta Revista ni la Asociación que la edita sobre el sentido del proyectado Estatuto, su orientación, su inserción en el ordenamiento constitucional, ni sobre pormenores de técnica jurídica. Pero sí podemos apuntar, desde el obligado distanciamiento profesional que, valga la paradoja, la revista se impone, algunas ideas generales que a cualquier jurista le suscita el texto ingresado en el Congreso. La mayor parte de ellas, por otro lado, carecen de originalidad, por haber sido apuntadas desde los más variados sectores de opinión.
Por de pronto, un dato, de hecho pero de consecuencias jurídicas de posible relevancia futura por mor del valor del precedente, es su falta de sustancia consensual. La aparente voluntad política mayoritaria que concitó su aprobación es, le pese a quien le pese, de índole exclusivamente territorial, sin extenderse ni un centímetro más allá de los límites de la Comunidad Autónoma a la que pretende regir. Un reglamento, una ley ordinaria, o una ley orgánica, incluso, pueden permitirse el lujo de la verticalidad, del partidismo, de la impronta ideológica. El precio a pagar es -siempre lo ha sido hasta ahora- el de su inmediata reforma o derogación cuando la reversibilidad de las mayorías parlamentarias ha operado. Pensamos, sinceramente, que un Estatuto de Autonomía de las características del que se proyecta no debiera permitirse el lujo de tan exiguo consenso. Prolongar mucho tiempo la cohabitación con demonios familiares de tan amargo regusto, como inevitablemente sucederá si las cosas siguen por la vía que parecen ir, no parece bueno para la salud de la cosa pública española.
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La reiteración de obligaciones, recordatorios, admoniciones, las innecesarias repeticiones en la plasmación de derechos -redundante las más de las veces con los establecidos en la Constitución, aunque con un fumus identitario cuando menos llamativo-, y, en general, el sesgo pactista o trufado de bilateralidad negocial en la definición de gran parte del ejercicio de las políticas y las competencias públicas, conforman un regresivo panorama que -no es aventurado decir- perturbaría quizás un tanto, entre otras cosas a las que no debemos aludir aquí, la intelección de nuestro Derecho público.
Sin duda alguna, la tramitación parlamentaria del proyecto estatutario será una buena ocasión para aunar las voluntades consensuadas y -por qué no- para que luzca el sentido del bien común en el perfeccionamiento y mejora de un Estado y de la nación que lo sustenta en los que nadie pueda sentirse extraño y en los que todos se sientan -nos sintamos- reconocidos y protegidos. Esperemos, con más o con menos convicción, que así sea.
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Número 15
octubre a diciembre 2006

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La remoción de los obstáculos que impiden esa igualdad efectiva entre mujeres y hombres es el principio constitucional que guía todo el contenido del texto, a través del cual se transpone una Directiva comunitaria del año 2002, de igualdad de trato entre hombres y mujeres.

Debemos, pues, felicitarnos por esta iniciativa que, en palabras del Consejo de Estado, no sólo se acomoda a la Constitución, sino que desarrolla e incorpora sus mejores valores y espíritu.

Ahora bien, tres, al menos, son las observaciones que, desde esta tribuna, pueden hacerse:

1. Las medidas que se dispondrán ayudarán a conseguir la tan deseada igualdad real, siempre y cuando se acompañen de una educación para esa igualdad. Y para ello, no parece suficiente lo previsto en el proyecto de ley orgánica aprobado sobre la incorporación al sistema educativo de la formación en materia de igualdad y el fomento de la enseñanza y de la investigación en materia de igualdad en el
ámbito de la educación superior.

2. Ciertas medidas pudieren vulnerar otros derechos y libertades de las personas. Así, por ejemplo, el deber de negociar planes de igualdad en los convenios de ámbito empresarial y supra-empresarial, o la denominada "apertura" de los consejos de administración de grandes empresas a la participación de mujeres.

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Número 14
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La función de los Abogados del Estado es hoy, posiblemente, más relevante que nunca. En un Estado de Derecho, quien tiene encomendado su asesoramiento legal y la defensa de sus intereses ante los tribunales de Justicia, desempeña una función de gran trascendencia. Por otra parte, la complejidad de la organización administrativa actual y la integración en estructuras supranacionales requieren la presencia de Abogados del Estado prestando asistencia jurídica en puestos impensables al tiempo de la fundación del Cuerpo.

Es de justicia aprovechar esta celebración para homenajear a quienes han dedicado sus años de trabajo a ejercer con gran dedicación y profesionalidad de Abogados del Estado. En gran medida somos deudores suyos, así como parece un buen momento para renovar o quizá repasar, verbo que como opositores conocemos bien, los proyectos y las ilusiones colectivas para los próximos años, décadas...
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No van a pronunciarse esta Revista ni la Asociación que la edita sobre el sentido del proyectado Estatuto, su orientación, su inserción en el ordenamiento constitucional, ni sobre pormenores de técnica jurídica. Pero sí podemos apuntar, desde el obligado distanciamiento profesional que, valga la paradoja, la revista se impone, algunas ideas generales que a cualquier jurista le suscita el texto ingresado en el Congreso. La mayor parte de ellas, por otro lado, carecen de originalidad, por haber sido apuntadas desde los más variados sectores de opinión.
Por de pronto, un dato, de hecho pero de consecuencias jurídicas de posible relevancia futura por mor del valor del precedente, es su falta de sustancia consensual. La aparente voluntad política mayoritaria que concitó su aprobación es, le pese a quien le pese, de índole exclusivamente territorial, sin extenderse ni un centímetro más allá de los límites de la Comunidad Autónoma a la que pretende regir. Un reglamento, una ley ordinaria, o una ley orgánica, incluso, pueden permitirse el lujo de la verticalidad, del partidismo, de la impronta ideológica. El precio a pagar es -siempre lo ha sido hasta ahora- el de su inmediata reforma o derogación cuando la reversibilidad de las mayorías parlamentarias ha operado. Pensamos, sinceramente, que un Estatuto de Autonomía de las características del que se proyecta no debiera permitirse el lujo de tan exiguo consenso. Prolongar mucho tiempo la cohabitación con demonios familiares de tan amargo regusto, como inevitablemente sucederá si las cosas siguen por la vía que parecen ir, no parece bueno para la salud de la cosa pública española.
La revista y la Asociación que la edita no tienen ideología, en el sentido fuerte del término, lo que no quiere decir -seguramente al contrario- que no gusten de reflexionar sobre la ideología de las normas.
Y no es descabellado decir que un excesivo lastre ideológico en una norma organizativa de tan alto rango como un Estatuto de autonomía, tan agobiante como el que transpira el proyecto de estatuto, posiblemente no sea tampoco bueno para una sociedad (¡Cataluña!) cuya sociedad civil aspira, o aspiraba, o aspiró, a ser vanguardia de libertad en una España hoy felizmente modernizada.
Los últimos años, de la mano del progresivo afianzamiento de las instituciones democráticas, los juristas nos hemos venido acostumbrando, insensiblemente, a trabajar -incluso en los más altos rangos normativos- con normas de portante preponderantemente instrumental, operativas, al servicio muchas veces de políticas determinadas pero no tributarias de un concreto designio ideológico, sino destinadas a servir de cauce o instrumento al pluralismo que la Constitución enmarca como uno de los valores superiores del ordenamiento. Es lógico, por ello, que esos mismos juristas sintamos, por lo menos, un notable desasosiego al contemplar un proyecto normativo de tanta enjundia como un Estatuto de autonomía en el que la palabra Cataluña -la nación catalana- aparece nada más y nada menos que cuatrocientas trece veces, en el que se atribuyen a esa nación facultades volitivas, sensitivas e intelectivas tales como ejercer, afirmar, convivir fraternalmente, ofrecer su amistad, definir hechos históricos, considerar lo que es España (cuatro veces, por cierto, aparece este nombre en el articulado, dos de ellas para referirse al Banco de España, pese a que lo que se entiende como España aparece aludido en muchas más ocasiones con el pudoroso sustitutivo de Estado), y, en fin, por qué omitirlo, determinar cómo debe ser memorizada la historia.
La reiteración de obligaciones, recordatorios, admoniciones, las innecesarias repeticiones en la plasmación de derechos -redundante las más de las veces con los establecidos en la Constitución, aunque con un fumus identitario cuando menos llamativo-, y, en general, el sesgo pactista o trufado de bilateralidad negocial en la definición de gran parte del ejercicio de las políticas y las competencias públicas, conforman un regresivo panorama que -no es aventurado decir- perturbaría quizás un tanto, entre otras cosas a las que no debemos aludir aquí, la intelección de nuestro Derecho público.
Sin duda alguna, la tramitación parlamentaria del proyecto estatutario será una buena ocasión para aunar las voluntades consensuadas y -por qué no- para que luzca el sentido del bien común en el perfeccionamiento y mejora de un Estado y de la nación que lo sustenta en los que nadie pueda sentirse extraño y en los que todos se sientan -nos sintamos- reconocidos y protegidos. Esperemos, con más o con menos convicción, que así sea.
Hecho el breve comentario que precede, la Revista de la Asociación de Abogados del Estado queda abierta, en éste y en los demás temas que más señaladamente afectan al devenir de nuestro país, al debate, al análisis y a la confrontación de opiniones en libertad.

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Número 13
enero a junio 2006 - Especial CXXV aniversario - 2ª parte El Estatuto de Autonomía de Cataluña.

La revista de la Asociación de Abogados del Estado, en su modestia, bien pudiera hacer como el mandatario chino…

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Número 43


Los tiempos están cambiando

Una de las composiciones más conocidas del reciente Premio Nobel de Literatura se titula “los tiempos están cambiando”. Publicada allá por el año 1964, transmite un mensaje plenamente actual, al poner de manifiesto la necesidad de que sepamos adaptarnos en cada momento a los cambios que se impulsan a nuestro alrededor.

Nunca hemos sido los Abogados del Estado objeto de comentario en la prensa o en los medios; antes bien, siempre hemos preferido mantener nuestra labor en un discreto segundo plano, haciendo valer nuestros argumentos en nuestro hábitat natural que no es otro que las Salas de los Tribunales de Justicia y nuestros informes.

Sin embargo, como nos recuerda Dylan, los tiempos están cambiando. En los últimos meses, han sido varios los artículos de prensa que han cuestionado nuestra labor profesional e incluso nuestra independencia. Al amparo de titulares llamativos, referidos a una conocida serie de los años 80 o a un supuesto ataque a las víctimas del terrorismo, se pretende desvirtuar nuestro ejercicio profesional. A tal efecto, se acude al sofisma de las mal llamadas “puertas giratorias”, se pretende deslizar indebidos tratos de favor o de pretendido “castigo” al justiciable en función de criterios políticos.

Nada más lejos de la realidad. Si algo caracteriza nuestro trabajo como Abogados del Estado es el absoluto respeto por el principio de legalidad y la defensa de los intereses de la Administración. Así ha acontecido respecto de quienes han sido cuestionados en la prensa.

Por otra parte, si determinados compañeros deciden acceder a la situación de excedencia voluntaria, común a todo el conjunto de la función pública, no puede ello servir como “ariete” para cuestionar sin base fáctica alguna su labor previa al pase a dicha excedencia o la de quienes continúan en servicio activo. Esta imagen transmitida en los últimos meses no nos representa.

Ante la inminente formación de Gobierno, quizá sea uno de los principales retos de nuestro Cuerpo el de saber transmitir nuestra realidad profesional, nuestra dedicación al servicio público y el derecho de quienes deciden pasar a la situación de excedencia particular. Quede constancia de ello en la que debe ser uno de los pilares de nuestra comunicación: nuestra Revista.