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Son varias las tareas que impulsar aunque entre ellas esta especialmente la referida a una mejor organización y funcionamiento de la gestión de los asuntos. Hay medidas que tienen un contenido eminentemente presupuestario pero hay otras que dependen mucho de la voluntad y el compromiso reforzado de quienes participan de una función tan honrosa como es hacer justicia en el ejercicio de la tutela judicial.

Sus varios los agentes que están llamados a reforzar su compromiso por este reto. Desde el Parlamento al CGPJ, por aludir a dos instituciones representativas de poderes del Estado, a otras instancias diversas como Colegios Profesionales, Asociaciones de grupos corporativos, etc.

Pero el principal, además de los ejecutivos autonómicos con competencias en la materia, ha de ser el gobierno de la nación. El Ministerio de Justicia tiene por delante un relevante reto. Para ello, debe impulsar sus propias decisiones con el respaldo de todo el gobierno. Pero, previamente a ello, debe ser receptor de cuantas sugerencias y propuestas que enfocadas por el interés general, más que por los corporativos, lleguen desde diversas instancias.

La Abogacía del Estado tiene un papel relevante que desempeñar. Con más de 130.000 asuntos judiciales vivos en los que somos parte procesal, se está en magníficas condiciones de tener una percepción clara de cómo abordar reformas en esta materia. Desde la lealtad al Estado, los profesionales que integran la Abogacía del Estado están a disposición absoluta en colaborar con el Ministerio de Justicia para que esta prioridad se convierta en una realidad.
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En los últimos tiempos, todo ha ido muy deprisa. Nacho Monedero deja la Presidencia de nuestra querida Asociación, pasando a la excedencia voluntaria en una firma de Abogados, donde seguro que alcanzará el éxito profesional y personal que merece. Desde estas breves líneas, no queda más que el agradecimiento colectivo por su labor y nuestros mejores deseos.
Edmundo Bal gana, en ajustada votación, dicho cargo, en competencia con Luis Tena. Pugna leal entre compañeros y caballeros que pone en valor el difícil encargo de presidir esta Institución. Los medios de comunicación dan cuenta de la noticia profusamente, aunque, en ocasiones, con términos desacertados.

Dos días después, España vota nuevas Cortes y el PSOE gana las elecciones. El día en que esto se escribe, nada se sabe sobre si permanecerá en su puesto el actual Ministro de Justicia y si nuestro Director continuará o no en el cargo.

El Cuerpo de Abogados del Estado, en todo caso, consolida una vez más su indiscutida vocación de servicio, como apoyo jurídico del Gobierno salido de las urnas, realizando su función con independencia de criterio y fielmente, con la máxima preparación y completa dedicación y con absoluto sentido de Estado.

Despedimos a Carlos Matías, director de nuestra revista desde su nacimiento y tras 4 años de colaboración. Desde este editorial no podemos por menos que agradecerle el esfuerzo y la dedicación, los servicios prestados y el desarrollo de su competencia técnica en una materia en la que todos éramos profanos.

Damos la bienvenida a la empresa Art Factory, con Fernando Menéndez a la cabeza, creadores de nuestra página web y del DVD conmemorativo del 125 Aniversario de la creación del Cuerpo de Abogados del Estado, deseándoles lo mejor en esta nueva aventura conjunta.

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También a todos los compañeros que, a lo largo de estos años, de manera desinteresada y guiados por la defensa de los intereses colectivos, han formado parte de los diversos Consejos Directivos. Nuestro recuerdo y gratitud, en especial, a los presidentes, Francisco Galván Cabañas, Luis Argüello Bermúdez, Francisco Javier Borrego Borrego, José Luis Fuertes Suárez, José Javier Abad-Pérez y Belenguer, José Antonio Morillo-Velarde del Peso, Catalina Miñarro Brugarolas y José Ignacio Monedero Montero de Espinosa.

La Asociación ha sido un valiosísimo instrumento para el fomento y defensa de los intereses profesionales y corporativos de los Abogados del Estado; pero su existencia no estaría justificada sólo por esos objetivos, sino que además el mantenimiento de la unidad y vertebración entre los compañeros, con independencia de sus situaciones administrativas, ha constituido esencialmente otras de sus metas. Y el futuro, como no podía ser de otra manera, ha de participar de esos retos esenciales de nuestra vida asociativa: defensa profesional y unidad.

Hoy, nuestra Asociación tiene en marcha numerosos proyectos que necesitan, como ayer, de la permanente confianza y apoyo de todos nuestros asociados. A todos, muchas gracias por vuestra colaboración.

Sólo nos queda felicitaros estas Navidades y desearos lo mejor para el próximo año.

FELICIDADES.
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La mejora de las condiciones de trabajo y la promoción de la carrera profesional; la conservación de los fundamentos esenciales que inspiraron la creación del Cuerpo de Abogados del Estado como patrimonio de la Administración Pública y de la sociedad española; la defensa de la exclusividad en la función de asesoramiento del sector público estatal; las problemáticas que suscita el proceso de "territorialización de la Abogacía del Estado" iniciado con la reciente modificación del Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, del Servicio Jurídico del Estado, por el que se crean las Abogacías del Estado en las Comunidades Autónomas; el desembarco, dentro de FEDECA, en elecciones sindicales; el fomento de relaciones con otras asociaciones del mundo del Derecho; la colaboración con los poderes públicos aportando soluciones a los problemas que afectan a la Administración de Justicia; el mantenimiento de la cohesión entre los asociados. Son los retos del nuevo Consejo Directivo.

La revista que hoy tienes en tus manos, manteniendo la esencia del proyecto editorial, gracias a las críticas y sugerencias de nuestros asociados, introduce ciertas novedades en el capítulo de contenidos y, principalmente, en el apartado de diseño. Ha sido nuestro deseo interpretar vuestras acertadas observaciones, esperamos que el resultado sea de vuestro agrado.

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La remoción de los obstáculos que impiden esa igualdad efectiva entre mujeres y hombres es el principio constitucional que guía todo el contenido del texto, a través del cual se transpone una Directiva comunitaria del año 2002, de igualdad de trato entre hombres y mujeres.

Debemos, pues, felicitarnos por esta iniciativa que, en palabras del Consejo de Estado, no sólo se acomoda a la Constitución, sino que desarrolla e incorpora sus mejores valores y espíritu.

Ahora bien, tres, al menos, son las observaciones que, desde esta tribuna, pueden hacerse:

1. Las medidas que se dispondrán ayudarán a conseguir la tan deseada igualdad real, siempre y cuando se acompañen de una educación para esa igualdad. Y para ello, no parece suficiente lo previsto en el proyecto de ley orgánica aprobado sobre la incorporación al sistema educativo de la formación en materia de igualdad y el fomento de la enseñanza y de la investigación en materia de igualdad en el
ámbito de la educación superior.

2. Ciertas medidas pudieren vulnerar otros derechos y libertades de las personas. Así, por ejemplo, el deber de negociar planes de igualdad en los convenios de ámbito empresarial y supra-empresarial, o la denominada "apertura" de los consejos de administración de grandes empresas a la participación de mujeres.

3. Las medidas de imposición de equilibrios entre mujeres y hombres pudieren, a medio y largo plazo, ser contraproducentes en relación con el fin que se persigue. Entre otras, podrían citarse la representación equilibrada entre mujeres y hombres en el nombramiento de titulares de órganos directivos cuya designación corresponda al Consejo de Ministros; la tendencia a ese equilibrio en los tribunales y comisiones de selección para el acceso al empleo público y para la designación de representantes de órganos colegiados, comités de expertos y comités consultivos y, en general, la aplicación del principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los poderes públicos, la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para garantizar una composición equilibrada de ambos sexos en las listas electorales o la citada anteriormente de "apertura" en las grandes empresas de sus consejos de administración a la participación de las mujeres. Los poderes públicos deben remover los obstáculos que impidan a las mujeres estar en igualdad de condiciones en el ámbito laboral, en el acceso a la función pública, en la participación pública y en el ámbito familiar, sin imposiciones legales.

Debe, pues, aprovecharse esta oportunidad para avanzar en hacer realidad el principio de igualdad, que permita a las mujeres estar en la misma situación y con las mismas condiciones que los hombres "arrimando todos el hombro" para mejorar, en lo posible, el texto aprobado durante la tramitación parlamentaria, haciendo así posible, cuanto antes, esa efectiva igualdad por todos deseada.
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Número 21
abril a junio 2008 La modernización de la Justicia

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Edmundo Bal gana, en ajustada votación, dicho cargo, en competencia con Luis Tena. Pugna leal entre compañeros y caballeros que pone en valor el difícil encargo de presidir esta Institución. Los medios de comunicación dan cuenta de la noticia profusamente, aunque, en ocasiones, con términos desacertados.

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El Cuerpo de Abogados del Estado, en todo caso, consolida una vez más su indiscutida vocación de servicio, como apoyo jurídico del Gobierno salido de las urnas, realizando su función con independencia de criterio y fielmente, con la máxima preparación y completa dedicación y con absoluto sentido de Estado.

Despedimos a Carlos Matías, director de nuestra revista desde su nacimiento y tras 4 años de colaboración. Desde este editorial no podemos por menos que agradecerle el esfuerzo y la dedicación, los servicios prestados y el desarrollo de su competencia técnica en una materia en la que todos éramos profanos.

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Número 20
enero a marzo 2008 Nuevos Tiempos

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Despedimos a Carlos Matías, director de nuestra revista desde su nacimiento y tras 4 años de colaboración. Desde este editorial no podemos por menos que agradecerle el esfuerzo y la dedicación, los servicios prestados y el desarrollo de su competencia técnica en una materia en la que todos éramos profanos.

Damos la bienvenida a la empresa Art Factory, con Fernando Menéndez a la cabeza, creadores de nuestra página web y del DVD conmemorativo del 125 Aniversario de la creación del Cuerpo de Abogados del Estado, deseándoles lo mejor en esta nueva aventura conjunta.

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También a todos los compañeros que, a lo largo de estos años, de manera desinteresada y guiados por la defensa de los intereses colectivos, han formado parte de los diversos Consejos Directivos. Nuestro recuerdo y gratitud, en especial, a los presidentes, Francisco Galván Cabañas, Luis Argüello Bermúdez, Francisco Javier Borrego Borrego, José Luis Fuertes Suárez, José Javier Abad-Pérez y Belenguer, José Antonio Morillo-Velarde del Peso, Catalina Miñarro Brugarolas y José Ignacio Monedero Montero de Espinosa.

La Asociación ha sido un valiosísimo instrumento para el fomento y defensa de los intereses profesionales y corporativos de los Abogados del Estado; pero su existencia no estaría justificada sólo por esos objetivos, sino que además el mantenimiento de la unidad y vertebración entre los compañeros, con independencia de sus situaciones administrativas, ha constituido esencialmente otras de sus metas. Y el futuro, como no podía ser de otra manera, ha de participar de esos retos esenciales de nuestra vida asociativa: defensa profesional y unidad.

Hoy, nuestra Asociación tiene en marcha numerosos proyectos que necesitan, como ayer, de la permanente confianza y apoyo de todos nuestros asociados. A todos, muchas gracias por vuestra colaboración.

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FELICIDADES.
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La mejora de las condiciones de trabajo y la promoción de la carrera profesional; la conservación de los fundamentos esenciales que inspiraron la creación del Cuerpo de Abogados del Estado como patrimonio de la Administración Pública y de la sociedad española; la defensa de la exclusividad en la función de asesoramiento del sector público estatal; las problemáticas que suscita el proceso de "territorialización de la Abogacía del Estado" iniciado con la reciente modificación del Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, del Servicio Jurídico del Estado, por el que se crean las Abogacías del Estado en las Comunidades Autónomas; el desembarco, dentro de FEDECA, en elecciones sindicales; el fomento de relaciones con otras asociaciones del mundo del Derecho; la colaboración con los poderes públicos aportando soluciones a los problemas que afectan a la Administración de Justicia; el mantenimiento de la cohesión entre los asociados. Son los retos del nuevo Consejo Directivo.

La revista que hoy tienes en tus manos, manteniendo la esencia del proyecto editorial, gracias a las críticas y sugerencias de nuestros asociados, introduce ciertas novedades en el capítulo de contenidos y, principalmente, en el apartado de diseño. Ha sido nuestro deseo interpretar vuestras acertadas observaciones, esperamos que el resultado sea de vuestro agrado.

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La remoción de los obstáculos que impiden esa igualdad efectiva entre mujeres y hombres es el principio constitucional que guía todo el contenido del texto, a través del cual se transpone una Directiva comunitaria del año 2002, de igualdad de trato entre hombres y mujeres.

Debemos, pues, felicitarnos por esta iniciativa que, en palabras del Consejo de Estado, no sólo se acomoda a la Constitución, sino que desarrolla e incorpora sus mejores valores y espíritu.

Ahora bien, tres, al menos, son las observaciones que, desde esta tribuna, pueden hacerse:

1. Las medidas que se dispondrán ayudarán a conseguir la tan deseada igualdad real, siempre y cuando se acompañen de una educación para esa igualdad. Y para ello, no parece suficiente lo previsto en el proyecto de ley orgánica aprobado sobre la incorporación al sistema educativo de la formación en materia de igualdad y el fomento de la enseñanza y de la investigación en materia de igualdad en el
ámbito de la educación superior.

2. Ciertas medidas pudieren vulnerar otros derechos y libertades de las personas. Así, por ejemplo, el deber de negociar planes de igualdad en los convenios de ámbito empresarial y supra-empresarial, o la denominada "apertura" de los consejos de administración de grandes empresas a la participación de mujeres.

3. Las medidas de imposición de equilibrios entre mujeres y hombres pudieren, a medio y largo plazo, ser contraproducentes en relación con el fin que se persigue. Entre otras, podrían citarse la representación equilibrada entre mujeres y hombres en el nombramiento de titulares de órganos directivos cuya designación corresponda al Consejo de Ministros; la tendencia a ese equilibrio en los tribunales y comisiones de selección para el acceso al empleo público y para la designación de representantes de órganos colegiados, comités de expertos y comités consultivos y, en general, la aplicación del principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los poderes públicos, la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para garantizar una composición equilibrada de ambos sexos en las listas electorales o la citada anteriormente de "apertura" en las grandes empresas de sus consejos de administración a la participación de las mujeres. Los poderes públicos deben remover los obstáculos que impidan a las mujeres estar en igualdad de condiciones en el ámbito laboral, en el acceso a la función pública, en la participación pública y en el ámbito familiar, sin imposiciones legales.

Debe, pues, aprovecharse esta oportunidad para avanzar en hacer realidad el principio de igualdad, que permita a las mujeres estar en la misma situación y con las mismas condiciones que los hombres "arrimando todos el hombro" para mejorar, en lo posible, el texto aprobado durante la tramitación parlamentaria, haciendo así posible, cuanto antes, esa efectiva igualdad por todos deseada.
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Número 19
octubre a diciembre 2007 30 años de Asociación.

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Son varias las tareas que impulsar aunque entre ellas esta especialmente la referida a una mejor organización y funcionamiento de la gestión de los asuntos. Hay medidas que tienen un contenido eminentemente presupuestario pero hay otras que dependen mucho de la voluntad y el compromiso reforzado de quienes participan de una función tan honrosa como es hacer justicia en el ejercicio de la tutela judicial.

Sus varios los agentes que están llamados a reforzar su compromiso por este reto. Desde el Parlamento al CGPJ, por aludir a dos instituciones representativas de poderes del Estado, a otras instancias diversas como Colegios Profesionales, Asociaciones de grupos corporativos, etc.

Pero el principal, además de los ejecutivos autonómicos con competencias en la materia, ha de ser el gobierno de la nación. El Ministerio de Justicia tiene por delante un relevante reto. Para ello, debe impulsar sus propias decisiones con el respaldo de todo el gobierno. Pero, previamente a ello, debe ser receptor de cuantas sugerencias y propuestas que enfocadas por el interés general, más que por los corporativos, lleguen desde diversas instancias.

La Abogacía del Estado tiene un papel relevante que desempeñar. Con más de 130.000 asuntos judiciales vivos en los que somos parte procesal, se está en magníficas condiciones de tener una percepción clara de cómo abordar reformas en esta materia. Desde la lealtad al Estado, los profesionales que integran la Abogacía del Estado están a disposición absoluta en colaborar con el Ministerio de Justicia para que esta prioridad se convierta en una realidad.
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Edmundo Bal gana, en ajustada votación, dicho cargo, en competencia con Luis Tena. Pugna leal entre compañeros y caballeros que pone en valor el difícil encargo de presidir esta Institución. Los medios de comunicación dan cuenta de la noticia profusamente, aunque, en ocasiones, con términos desacertados.

Dos días después, España vota nuevas Cortes y el PSOE gana las elecciones. El día en que esto se escribe, nada se sabe sobre si permanecerá en su puesto el actual Ministro de Justicia y si nuestro Director continuará o no en el cargo.

El Cuerpo de Abogados del Estado, en todo caso, consolida una vez más su indiscutida vocación de servicio, como apoyo jurídico del Gobierno salido de las urnas, realizando su función con independencia de criterio y fielmente, con la máxima preparación y completa dedicación y con absoluto sentido de Estado.

Despedimos a Carlos Matías, director de nuestra revista desde su nacimiento y tras 4 años de colaboración. Desde este editorial no podemos por menos que agradecerle el esfuerzo y la dedicación, los servicios prestados y el desarrollo de su competencia técnica en una materia en la que todos éramos profanos.

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La Asociación ha sido un valiosísimo instrumento para el fomento y defensa de los intereses profesionales y corporativos de los Abogados del Estado; pero su existencia no estaría justificada sólo por esos objetivos, sino que además el mantenimiento de la unidad y vertebración entre los compañeros, con independencia de sus situaciones administrativas, ha constituido esencialmente otras de sus metas. Y el futuro, como no podía ser de otra manera, ha de participar de esos retos esenciales de nuestra vida asociativa: defensa profesional y unidad.

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Despedimos a Carlos Matías, director de nuestra revista desde su nacimiento y tras 4 años de colaboración. Desde este editorial no podemos por menos que agradecerle el esfuerzo y la dedicación, los servicios prestados y el desarrollo de su competencia técnica en una materia en la que todos éramos profanos.

Damos la bienvenida a la empresa Art Factory, con Fernando Menéndez a la cabeza, creadores de nuestra página web y del DVD conmemorativo del 125 Aniversario de la creación del Cuerpo de Abogados del Estado, deseándoles lo mejor en esta nueva aventura conjunta.

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La mejora de las condiciones de trabajo y la promoción de la carrera profesional; la conservación de los fundamentos esenciales que inspiraron la creación del Cuerpo de Abogados del Estado como patrimonio de la Administración Pública y de la sociedad española; la defensa de la exclusividad en la función de asesoramiento del sector público estatal; las problemáticas que suscita el proceso de "territorialización de la Abogacía del Estado" iniciado con la reciente modificación del Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, del Servicio Jurídico del Estado, por el que se crean las Abogacías del Estado en las Comunidades Autónomas; el desembarco, dentro de FEDECA, en elecciones sindicales; el fomento de relaciones con otras asociaciones del mundo del Derecho; la colaboración con los poderes públicos aportando soluciones a los problemas que afectan a la Administración de Justicia; el mantenimiento de la cohesión entre los asociados. Son los retos del nuevo Consejo Directivo.

La revista que hoy tienes en tus manos, manteniendo la esencia del proyecto editorial, gracias a las críticas y sugerencias de nuestros asociados, introduce ciertas novedades en el capítulo de contenidos y, principalmente, en el apartado de diseño. Ha sido nuestro deseo interpretar vuestras acertadas observaciones, esperamos que el resultado sea de vuestro agrado.

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La remoción de los obstáculos que impiden esa igualdad efectiva entre mujeres y hombres es el principio constitucional que guía todo el contenido del texto, a través del cual se transpone una Directiva comunitaria del año 2002, de igualdad de trato entre hombres y mujeres.

Debemos, pues, felicitarnos por esta iniciativa que, en palabras del Consejo de Estado, no sólo se acomoda a la Constitución, sino que desarrolla e incorpora sus mejores valores y espíritu.

Ahora bien, tres, al menos, son las observaciones que, desde esta tribuna, pueden hacerse:

1. Las medidas que se dispondrán ayudarán a conseguir la tan deseada igualdad real, siempre y cuando se acompañen de una educación para esa igualdad. Y para ello, no parece suficiente lo previsto en el proyecto de ley orgánica aprobado sobre la incorporación al sistema educativo de la formación en materia de igualdad y el fomento de la enseñanza y de la investigación en materia de igualdad en el
ámbito de la educación superior.

2. Ciertas medidas pudieren vulnerar otros derechos y libertades de las personas. Así, por ejemplo, el deber de negociar planes de igualdad en los convenios de ámbito empresarial y supra-empresarial, o la denominada "apertura" de los consejos de administración de grandes empresas a la participación de mujeres.

3. Las medidas de imposición de equilibrios entre mujeres y hombres pudieren, a medio y largo plazo, ser contraproducentes en relación con el fin que se persigue. Entre otras, podrían citarse la representación equilibrada entre mujeres y hombres en el nombramiento de titulares de órganos directivos cuya designación corresponda al Consejo de Ministros; la tendencia a ese equilibrio en los tribunales y comisiones de selección para el acceso al empleo público y para la designación de representantes de órganos colegiados, comités de expertos y comités consultivos y, en general, la aplicación del principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los poderes públicos, la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para garantizar una composición equilibrada de ambos sexos en las listas electorales o la citada anteriormente de "apertura" en las grandes empresas de sus consejos de administración a la participación de las mujeres. Los poderes públicos deben remover los obstáculos que impidan a las mujeres estar en igualdad de condiciones en el ámbito laboral, en el acceso a la función pública, en la participación pública y en el ámbito familiar, sin imposiciones legales.

Debe, pues, aprovecharse esta oportunidad para avanzar en hacer realidad el principio de igualdad, que permita a las mujeres estar en la misma situación y con las mismas condiciones que los hombres "arrimando todos el hombro" para mejorar, en lo posible, el texto aprobado durante la tramitación parlamentaria, haciendo así posible, cuanto antes, esa efectiva igualdad por todos deseada.
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Número 17
abril a junio de 2007 Igualdad entre hombres y mujeres: necesaria y deseada.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 23 de junio de 2.006, ha aprobado la remisión a las Cortes Generales…

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Número 46


Nuestra razón de ser

Una de las primeras reacciones que experimentamos al aprobar nuestra oposición es la de detenernos en el escudo que, con orgullo, llevamos en nuestra toga y que nos identifica como “Abogados del Estado”. En no pocas ocasiones podemos preguntarnos acerca del significado de esta mención, que tiene su reflejo normativo en nuestra querida Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, que recientemente ha cumplido veinte años de vigencia. Nuestra Ley nos atribuye, nada menos, que la asistencia, representación y defensa en juicio del Estado.

Durante los pasados meses, hemos vivido un momento histórico, marcado por el desafío secesionista en Cataluña. En esta ocasión, si cabe, era particularmente necesaria una defensa jurídica al Estado que permitiera sostener el imperio de la ley. Pues bien, aun dentro de la complejidad de la situación, podemos afirmar que los Abogados del Estado hemos hecho honor a nuestro nombre y hemos defendido la legalidad constitucional y la integridad del Estado frente a dichos ataques.

Singularmente, nuestro Departamento de Derecho Constitucional, coordinado por nuestro Abogado General del Estado, ha encabezado esta tarea, siendo significativo que todos los procedimientos iniciados ante el Tribunal Constitucional obtuvieran un resultado favorable a los intereses que representamos. Asimismo, desde las distintas Abogacías del Estado en Cataluña se asume diariamente la defensa del Estado, en ocasiones en un ambiente poco favorable al ejercicio de nuestras funciones. Y no olvidemos tampoco la labor de asesoramiento en derecho que se desarrolla a través de las Abogacías del Estado en los Departamentos Ministeriales o en los Departamentos adscritos a la Subdirección General de Asuntos Contenciosos. Podemos afirmar, sin riesgo alguno de caer en un corporativismo mal entendido, que la labor de la Abogacía del Estado ha estado a la altura de las circunstancias.

En este contexto, la Asociación  quiere mostrar su apoyo a los compañeros que intervienen y han intervenido durante estos meses en dichas actuaciones. Así lo hemos expuesto públicamente y así queremos dejar constancia de ello en nuestra Revista. Nuestra portada guarda relación con esta forma de pensar. La Abogacía del Estado, por definición, tiene como seña de identidad esencial la de defender a nuestro Estado. En esta tarea y con este fin podemos decir que todos somos necesarios y nadie es contingente. Ante situaciones como las vividas en los pasados meses, solo cabe actuar con el rigor jurídico, discreción y eficacia que caracterizan nuestra función. Así ha ocurrido y podemos afirmar que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con nuestra misión esencial  en la defensa del Estado de Derecho y la legalidad constitucional. Como hemos defendido en los últimos meses, esta es nuestra razón de ser.