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Surge este número en plena época de expectativa ante la aparente transición. Debemos, en consecuencia y sin falsa humildad, decir lo que pasará. Probablemente cambiará el Gobierno, probablemente el cambio en la cabecera de Justicia dará lugar al cambio en su organigrama y por tanto en la Abogacía General. Probablemente llegará un nuevo Abogado General del Estado y probablemente todos sabíamos quién iba a ser antes de su nombramiento entre una pléyade de hipotéticos candidatos aunque antes nadie lo dijera abiertamente. Probablemente, al día siguiente de estos cambios, nadie habrá cambiado la fecha de la vista en el Juzgado y a nadie le habrán retirado esa petición de informe consistente en resolver ese asunto acerca de un patrimonio yacente por todos discutido, en época remota expropiado y por unos extraños disfrutado. Nadie nos habrá cambiado la hora del despertador, nadie nos habrá quitado el atasco o el desayuno matutino –esto va por “territorios” y por caracteres–, nadie nos habrá dado la plaza anhelada ni cesado de la plaza discutida. Para casi todos, el cambio tendrá el mismo efecto resonante de la caída del árbol en la fría estepa siberiana sobre un úrsido en peligro de extinción –que no digo que no exista esta posibilidad, pero mientras no me toque no lo buscaré en la Wikipedia o enciclopedia, esto también, según caracteres–.

En definitiva, a casi nadie nos pasará nada ¿para qué preocuparse? Y sin embargo lo hacemos, lo hacemos porque nos importa, nada más. Nos preocupa porque somos un colectivo, un Cuerpo más que centenario que ha subsistido en todo tipo de climas políticos, regímenes democráticos y de los otros, movimientos ministeriales de adscripción, incompatibilidades, atribución y eliminación de competencias... y siempre hemos estado allí, preocupándonos y trabajando porque la agenda no nos la cambian, porque los problemas del Estado necesitan asistencia jurídica y porque algo de Estado somos o al menos le servimos. Mis condolencias a los úrsidos de la fría Siberia si es que existen.

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Recientemente se han celebrado las elecciones sindicales con la fi­nalidad de la designación de los miembros de las Juntas de perso­nal que ostentan la representación legal de los funcionarios en la Administración General del Estado. De nuevo, como hace cuatro años, la Asociación de Abogados del Estado mediante su integración en la candi­datura de la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado, se presentó a estas elecciones alcan­zando nuevamente la victoria en el seno de nuestro querido Ministerio de Justicia.

No son pocas las voces que desde un lado u otro se plantean el porqué un Cuerpo como el nuestro se presenta a estas elecciones y si es el ámbito sin­dical el más adecuado para realizar nuestras reivindicaciones; pero quizá la perspectiva que debamos tomar deba ser más amplia. El ser funciona­rio, en el mejor y más amplio sentido lejos de estereotipos, debe significar necesariamente integrarnos en la organización global funcionarial a la que pertenecemos. La posibilidad de que los Abogados del Estado nos inte­gremos junto con otros funcionarios del grupo A en foros donde se traten temas que nos ocupan y preocupan a todos por encima de las singularida­des propias de cada cuerpo es algo enriquecedor, nos abre las puertas para conocer las necesidades de otros e identificarlas en muchas ocasiones con las propias, permite la configuración de un corporativismo bien entendido entre diferentes colectivos funcionariales y nos permite, además, conocer las necesidades del conjunto del colectivo de funcionarios. Implicarnos en estas cuestiones y asumir responsabilidades y actuaciones en este ámbito, nos permite abrir la brecha al hecho de que nuestra actividad pueda trans­formar a mejor la realidad de nuestra situación profesional y trabajar por la mejora colectiva de la situación de todos.

Estas ideas, sin duda románticas y si se quiere algo inocentes, chocan no en pocas ocasiones con la realidad del día a día, con la incomprensión de algunos, con la irracional oposición de otros o con la indeferencia, siempre difícil de asumir, de una minoría; y sin embargo, descansa permanentemen­te en la confianza de los que se implican, votan, se presentan voluntarios a integrar unas listas electorales y se comprometen en algo que puede permi­tir hacer una de las cosas más gratificantes a las que nuestro tiempo puede ser dedicado: transformar y mejorar la realidad.

Enhorabuena a todos por los resultados electorales y antes de eso, gracias por vuestro apoyo.

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José de Yanguas y Messía fue Abogado del Estado y un gran experto en Derecho Internacional. Entre otras cosas se encargó de la negociación del concordato de 1953 con la Iglesia Católica y para ello fue nombrado Embajador ante la Santa Sede en la época del Papa Pio XII. En una recepción papal una de las personas presentes le recordó al Santo Padre que un amigo común había fallecido recientemente y de forma inesperada. El Papa, de manera sentida dijo: “No somos nadie”. Nuestro compañero apuntilló: “Disculpe Santidad, yo soy Abogado del Estado”.

Al margen de la anécdota, lo cierto es que es eso lo que somos, “abogados”, y en el digno ejercicio de nuestra profesión, nos regimos por nuestra norma, por la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. Lo que somos y para lo que servimos es lo que nos dice la Ley emanada por los representantes del pueblo como soberano y a ella nos debemos ahora y siempre, porque eso implica hacer lo que los ciudadanos nos han encomendado.

Como dice el Código Deontológico de la C.C.B.E. (Consejo de los Colegios de Abogados de la Comunidad Europea), en una sociedad fundada en el respeto a la Justicia, el abogado tiene un papel fundamental. Su misión no se limita a ejecutar fielmente un mandato en el marco de la Ley. En un Estado de Derecho el abogado es indispensable para la Justicia y para los justiciables, pues tiene la obligación de defender los derechos y las libertades; es tanto el asesor como el defensor de su cliente. Su misión le impone deberes y obligaciones múltiples, y algunas veces, con apariencia contradictoria.

A veces, caemos en el discurso sencillo y fácil de culpar de aquello que no compartimos a aquél que lo defiende como abogado, pese a que ninguna intervención haya tenido en generar el litigio. El abogado defiende el interés que le ha sido encomendado, lo hace con lealtad, diligencia y sigilo, y el hecho de que la Administración actúe con presunción de legalidad no la excepciona del derecho a ser defendida, al igual que esa misma presunción, de no ser cierta, debe ser descubierta por la misma Administración y en su defecto, por aquél a quien perjudica, ante un Tribunal de Justicia.

A todos, en nuestros ámbitos profesionales, nos gustaría tener la razón absoluta de nuestro lado –si existe–; que nuestras convicciones –que siempre son las correctas–, fueran la guía de actuación de aquél a quien servimos; que nuestro cliente –siempre bueno–, fuera la víctima de atropellos inasumibles; pero el abogado es parte, asesora a su cliente, defiende o acusa a quien se entiende vulnera el derecho de aquél al que se sirve, y ese es el oficio, la dignidad y la utilidad del abogado, nada más.

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Hablar de mérito en la función pública entendida en el más digno sentido de servicio público ya sea desde la posición estatutaria del empleado público o desde el ejercicio de la acción política, no es hablar de recompensa o de reconocimiento público. Desarrollar  el trabajo, la función encomendada, con rectitud, con razonable acierto y con profundo sentido de la responsabilidad, es lo que necesariamente debe ser objeto del trabajo de cualquier servidor público sin esperar por ello recompensa alguna. Ahora bien, indudablemente el servidor público que desarrolla su tarea de manera meritoria merece ser digno de aprecio y respeto.  

Este número de nuestra Revista es protagonizado por una de nuestras compañeras más justamente merecedora de ese aprecio. Al margen de otros posicionamientos, María Dolores de Cospedal goza del aprecio del colectivo de funcionarios al que pertenece por haber realizado y seguir desempeñando su función bajo el principio del servicio público al ciudadano, antes desde la condición de Abogada del Estado en activo y ahora como cabecera de una de las principales formaciones políticas del país. Desde aquí, por tanto, le manifestamos nuestro aprecio y nuestro agradecimiento por habernos concedido una entrevista que seguro resultará de interés para los lectores.  

Por otro lado, continuamos en la tarea de hacer de la Revista de la Asociación de Abogados del Estado un foro abierto entretenido e informativo que mire a nuestro colectivo y se extienda lo máximo posible a aquello que genéricamente podemos llamar “Administración”. Nuestro trabajo diario, el de Abogados del Estado, no se dirige hacia otros compañeros, estamos acostumbrados a que nuestra función sirva a otros y el resultado de esta labor es el espejo donde se refleja lo que somos y para lo que servimos. Es por tanto vocación también de esta querida revista servir para vernos reflejados en ella y con ese intenso sentimiento de responsabilidad sacamos cada número.  

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Decía Émile Durkheim que el conjunto de creencias y sentimientos comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad forma un sistema determinado que tiene vida propia: podemos llamarlo conciencia colectiva o común. Es, pues, algo completamente distinto a las conciencias particulares aunque sólo se realice en los individuos.
Los éxitos deportivos vividos en las últimas fechas generan un estado de ánimo colectivo sin duda positivo y sin duda favorable. Este estado de ánimo positivo, derivado de la consecución de hitos deportivos, no debe significar ni debe extenderse más allá de lo que realmente implican. La consecución de un éxito se encuentra limitado en cuanto a su alcance por sus reglas y fines predeterminados. España no lo es más ni menos que antes de ganar un mundial ni lo será después de perder el siguiente; lo que sí es cierto es que el sentimiento de pertenecer a una nación que portando sus símbolos representativos alcanza las máximas cotas en un sector de actividad, afecta directamente a la conciencia colectiva de pertenencia a un país y lo hace positivamente.
Tal vez sea precisamente aún más importante invocar las virtudes alcanzadas para lograr esas cotas en lo que se debería ahora, pasados los festejos y las exaltaciones públicas del júbilo, lo que debería ser objeto de la adecuada mesura y razonamiento para que se convirtieran en elemento permanente de formación de esa conciencia colectiva. El esfuerzo diario, la superación de los resultados adversos, la humildad del trabajo callado y bien hecho, la confianza en las propias capacidades, el ser conscientes de la necesidad de suplir nuestras carencias potenciando las habilidades y virtudes y el compromiso leal con nuestros equipos, grupos de trabajo y en general con la sociedad a la que pertenecemos, son la clave de los éxitos que disfrutamos y de los futuros éxitos a los que se debe aspirar.
Que esfuerzo, confianza, capacidad para superar la frustración, talento, humildad y claridad en los objetivos se conviertan en elementos determinantes de la conciencia colectiva nos hará mejor país y mejor sociedad y esta demostración de resultados deportivos exitosos basados en esas cualidades debe ser aprovechado por todos para que estos acontecimientos no sean, sin más, anécdota en nuestra reciente historia.
El contenido de este número de la revista intenta responder a estos sentimientos; sentimientos que se vuelcan en cada número para intentar hacer de la misma un instrumento valioso, informativo y entretenido el cual, como siempre, abre sus puertas a todos sus lectores para que hagan sus aportaciones o nos hagan llegar sus sugerencias.
Es época de mejorar colectivamente.

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Número 33
Tiempos de cambio, una vez más

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Número 32
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No son pocas las voces que desde un lado u otro se plantean el porqué un Cuerpo como el nuestro se presenta a estas elecciones y si es el ámbito sin­dical el más adecuado para realizar nuestras reivindicaciones; pero quizá la perspectiva que debamos tomar deba ser más amplia. El ser funciona­rio, en el mejor y más amplio sentido lejos de estereotipos, debe significar necesariamente integrarnos en la organización global funcionarial a la que pertenecemos. La posibilidad de que los Abogados del Estado nos inte­gremos junto con otros funcionarios del grupo A en foros donde se traten temas que nos ocupan y preocupan a todos por encima de las singularida­des propias de cada cuerpo es algo enriquecedor, nos abre las puertas para conocer las necesidades de otros e identificarlas en muchas ocasiones con las propias, permite la configuración de un corporativismo bien entendido entre diferentes colectivos funcionariales y nos permite, además, conocer las necesidades del conjunto del colectivo de funcionarios. Implicarnos en estas cuestiones y asumir responsabilidades y actuaciones en este ámbito, nos permite abrir la brecha al hecho de que nuestra actividad pueda trans­formar a mejor la realidad de nuestra situación profesional y trabajar por la mejora colectiva de la situación de todos.

Estas ideas, sin duda románticas y si se quiere algo inocentes, chocan no en pocas ocasiones con la realidad del día a día, con la incomprensión de algunos, con la irracional oposición de otros o con la indeferencia, siempre difícil de asumir, de una minoría; y sin embargo, descansa permanentemen­te en la confianza de los que se implican, votan, se presentan voluntarios a integrar unas listas electorales y se comprometen en algo que puede permi­tir hacer una de las cosas más gratificantes a las que nuestro tiempo puede ser dedicado: transformar y mejorar la realidad.

Enhorabuena a todos por los resultados electorales y antes de eso, gracias por vuestro apoyo.

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Al margen de la anécdota, lo cierto es que es eso lo que somos, “abogados”, y en el digno ejercicio de nuestra profesión, nos regimos por nuestra norma, por la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. Lo que somos y para lo que servimos es lo que nos dice la Ley emanada por los representantes del pueblo como soberano y a ella nos debemos ahora y siempre, porque eso implica hacer lo que los ciudadanos nos han encomendado.

Como dice el Código Deontológico de la C.C.B.E. (Consejo de los Colegios de Abogados de la Comunidad Europea), en una sociedad fundada en el respeto a la Justicia, el abogado tiene un papel fundamental. Su misión no se limita a ejecutar fielmente un mandato en el marco de la Ley. En un Estado de Derecho el abogado es indispensable para la Justicia y para los justiciables, pues tiene la obligación de defender los derechos y las libertades; es tanto el asesor como el defensor de su cliente. Su misión le impone deberes y obligaciones múltiples, y algunas veces, con apariencia contradictoria.

A veces, caemos en el discurso sencillo y fácil de culpar de aquello que no compartimos a aquél que lo defiende como abogado, pese a que ninguna intervención haya tenido en generar el litigio. El abogado defiende el interés que le ha sido encomendado, lo hace con lealtad, diligencia y sigilo, y el hecho de que la Administración actúe con presunción de legalidad no la excepciona del derecho a ser defendida, al igual que esa misma presunción, de no ser cierta, debe ser descubierta por la misma Administración y en su defecto, por aquél a quien perjudica, ante un Tribunal de Justicia.

A todos, en nuestros ámbitos profesionales, nos gustaría tener la razón absoluta de nuestro lado –si existe–; que nuestras convicciones –que siempre son las correctas–, fueran la guía de actuación de aquél a quien servimos; que nuestro cliente –siempre bueno–, fuera la víctima de atropellos inasumibles; pero el abogado es parte, asesora a su cliente, defiende o acusa a quien se entiende vulnera el derecho de aquél al que se sirve, y ese es el oficio, la dignidad y la utilidad del abogado, nada más.

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Este número de nuestra Revista es protagonizado por una de nuestras compañeras más justamente merecedora de ese aprecio. Al margen de otros posicionamientos, María Dolores de Cospedal goza del aprecio del colectivo de funcionarios al que pertenece por haber realizado y seguir desempeñando su función bajo el principio del servicio público al ciudadano, antes desde la condición de Abogada del Estado en activo y ahora como cabecera de una de las principales formaciones políticas del país. Desde aquí, por tanto, le manifestamos nuestro aprecio y nuestro agradecimiento por habernos concedido una entrevista que seguro resultará de interés para los lectores.  

Por otro lado, continuamos en la tarea de hacer de la Revista de la Asociación de Abogados del Estado un foro abierto entretenido e informativo que mire a nuestro colectivo y se extienda lo máximo posible a aquello que genéricamente podemos llamar “Administración”. Nuestro trabajo diario, el de Abogados del Estado, no se dirige hacia otros compañeros, estamos acostumbrados a que nuestra función sirva a otros y el resultado de esta labor es el espejo donde se refleja lo que somos y para lo que servimos. Es por tanto vocación también de esta querida revista servir para vernos reflejados en ella y con ese intenso sentimiento de responsabilidad sacamos cada número.  

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Decía Émile Durkheim que el conjunto de creencias y sentimientos comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad forma un sistema determinado que tiene vida propia: podemos llamarlo conciencia colectiva o común. Es, pues, algo completamente distinto a las conciencias particulares aunque sólo se realice en los individuos.
Los éxitos deportivos vividos en las últimas fechas generan un estado de ánimo colectivo sin duda positivo y sin duda favorable. Este estado de ánimo positivo, derivado de la consecución de hitos deportivos, no debe significar ni debe extenderse más allá de lo que realmente implican. La consecución de un éxito se encuentra limitado en cuanto a su alcance por sus reglas y fines predeterminados. España no lo es más ni menos que antes de ganar un mundial ni lo será después de perder el siguiente; lo que sí es cierto es que el sentimiento de pertenecer a una nación que portando sus símbolos representativos alcanza las máximas cotas en un sector de actividad, afecta directamente a la conciencia colectiva de pertenencia a un país y lo hace positivamente.
Tal vez sea precisamente aún más importante invocar las virtudes alcanzadas para lograr esas cotas en lo que se debería ahora, pasados los festejos y las exaltaciones públicas del júbilo, lo que debería ser objeto de la adecuada mesura y razonamiento para que se convirtieran en elemento permanente de formación de esa conciencia colectiva. El esfuerzo diario, la superación de los resultados adversos, la humildad del trabajo callado y bien hecho, la confianza en las propias capacidades, el ser conscientes de la necesidad de suplir nuestras carencias potenciando las habilidades y virtudes y el compromiso leal con nuestros equipos, grupos de trabajo y en general con la sociedad a la que pertenecemos, son la clave de los éxitos que disfrutamos y de los futuros éxitos a los que se debe aspirar.
Que esfuerzo, confianza, capacidad para superar la frustración, talento, humildad y claridad en los objetivos se conviertan en elementos determinantes de la conciencia colectiva nos hará mejor país y mejor sociedad y esta demostración de resultados deportivos exitosos basados en esas cualidades debe ser aprovechado por todos para que estos acontecimientos no sean, sin más, anécdota en nuestra reciente historia.
El contenido de este número de la revista intenta responder a estos sentimientos; sentimientos que se vuelcan en cada número para intentar hacer de la misma un instrumento valioso, informativo y entretenido el cual, como siempre, abre sus puertas a todos sus lectores para que hagan sus aportaciones o nos hagan llegar sus sugerencias.
Es época de mejorar colectivamente.

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Número 31
enero a marzo 2011 Porque eso es lo que somos: Abogados del Estado

José de Yanguas y Messía fue Abogado del Estado y un gran experto en Derecho Internacional. Entre…

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No son pocas las voces que desde un lado u otro se plantean el porqué un Cuerpo como el nuestro se presenta a estas elecciones y si es el ámbito sin­dical el más adecuado para realizar nuestras reivindicaciones; pero quizá la perspectiva que debamos tomar deba ser más amplia. El ser funciona­rio, en el mejor y más amplio sentido lejos de estereotipos, debe significar necesariamente integrarnos en la organización global funcionarial a la que pertenecemos. La posibilidad de que los Abogados del Estado nos inte­gremos junto con otros funcionarios del grupo A en foros donde se traten temas que nos ocupan y preocupan a todos por encima de las singularida­des propias de cada cuerpo es algo enriquecedor, nos abre las puertas para conocer las necesidades de otros e identificarlas en muchas ocasiones con las propias, permite la configuración de un corporativismo bien entendido entre diferentes colectivos funcionariales y nos permite, además, conocer las necesidades del conjunto del colectivo de funcionarios. Implicarnos en estas cuestiones y asumir responsabilidades y actuaciones en este ámbito, nos permite abrir la brecha al hecho de que nuestra actividad pueda trans­formar a mejor la realidad de nuestra situación profesional y trabajar por la mejora colectiva de la situación de todos.

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Al margen de la anécdota, lo cierto es que es eso lo que somos, “abogados”, y en el digno ejercicio de nuestra profesión, nos regimos por nuestra norma, por la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. Lo que somos y para lo que servimos es lo que nos dice la Ley emanada por los representantes del pueblo como soberano y a ella nos debemos ahora y siempre, porque eso implica hacer lo que los ciudadanos nos han encomendado.

Como dice el Código Deontológico de la C.C.B.E. (Consejo de los Colegios de Abogados de la Comunidad Europea), en una sociedad fundada en el respeto a la Justicia, el abogado tiene un papel fundamental. Su misión no se limita a ejecutar fielmente un mandato en el marco de la Ley. En un Estado de Derecho el abogado es indispensable para la Justicia y para los justiciables, pues tiene la obligación de defender los derechos y las libertades; es tanto el asesor como el defensor de su cliente. Su misión le impone deberes y obligaciones múltiples, y algunas veces, con apariencia contradictoria.

A veces, caemos en el discurso sencillo y fácil de culpar de aquello que no compartimos a aquél que lo defiende como abogado, pese a que ninguna intervención haya tenido en generar el litigio. El abogado defiende el interés que le ha sido encomendado, lo hace con lealtad, diligencia y sigilo, y el hecho de que la Administración actúe con presunción de legalidad no la excepciona del derecho a ser defendida, al igual que esa misma presunción, de no ser cierta, debe ser descubierta por la misma Administración y en su defecto, por aquél a quien perjudica, ante un Tribunal de Justicia.

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Recientemente se han celebrado las elecciones sindicales con la fi­nalidad de la designación de los miembros de las Juntas de perso­nal que ostentan la representación legal de los funcionarios en la Administración General del Estado. De nuevo, como hace cuatro años, la Asociación de Abogados del Estado mediante su integración en la candi­datura de la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado, se presentó a estas elecciones alcan­zando nuevamente la victoria en el seno de nuestro querido Ministerio de Justicia.

No son pocas las voces que desde un lado u otro se plantean el porqué un Cuerpo como el nuestro se presenta a estas elecciones y si es el ámbito sin­dical el más adecuado para realizar nuestras reivindicaciones; pero quizá la perspectiva que debamos tomar deba ser más amplia. El ser funciona­rio, en el mejor y más amplio sentido lejos de estereotipos, debe significar necesariamente integrarnos en la organización global funcionarial a la que pertenecemos. La posibilidad de que los Abogados del Estado nos inte­gremos junto con otros funcionarios del grupo A en foros donde se traten temas que nos ocupan y preocupan a todos por encima de las singularida­des propias de cada cuerpo es algo enriquecedor, nos abre las puertas para conocer las necesidades de otros e identificarlas en muchas ocasiones con las propias, permite la configuración de un corporativismo bien entendido entre diferentes colectivos funcionariales y nos permite, además, conocer las necesidades del conjunto del colectivo de funcionarios. Implicarnos en estas cuestiones y asumir responsabilidades y actuaciones en este ámbito, nos permite abrir la brecha al hecho de que nuestra actividad pueda trans­formar a mejor la realidad de nuestra situación profesional y trabajar por la mejora colectiva de la situación de todos.

Estas ideas, sin duda románticas y si se quiere algo inocentes, chocan no en pocas ocasiones con la realidad del día a día, con la incomprensión de algunos, con la irracional oposición de otros o con la indeferencia, siempre difícil de asumir, de una minoría; y sin embargo, descansa permanentemen­te en la confianza de los que se implican, votan, se presentan voluntarios a integrar unas listas electorales y se comprometen en algo que puede permi­tir hacer una de las cosas más gratificantes a las que nuestro tiempo puede ser dedicado: transformar y mejorar la realidad.

Enhorabuena a todos por los resultados electorales y antes de eso, gracias por vuestro apoyo.

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José de Yanguas y Messía fue Abogado del Estado y un gran experto en Derecho Internacional. Entre otras cosas se encargó de la negociación del concordato de 1953 con la Iglesia Católica y para ello fue nombrado Embajador ante la Santa Sede en la época del Papa Pio XII. En una recepción papal una de las personas presentes le recordó al Santo Padre que un amigo común había fallecido recientemente y de forma inesperada. El Papa, de manera sentida dijo: “No somos nadie”. Nuestro compañero apuntilló: “Disculpe Santidad, yo soy Abogado del Estado”.

Al margen de la anécdota, lo cierto es que es eso lo que somos, “abogados”, y en el digno ejercicio de nuestra profesión, nos regimos por nuestra norma, por la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. Lo que somos y para lo que servimos es lo que nos dice la Ley emanada por los representantes del pueblo como soberano y a ella nos debemos ahora y siempre, porque eso implica hacer lo que los ciudadanos nos han encomendado.

Como dice el Código Deontológico de la C.C.B.E. (Consejo de los Colegios de Abogados de la Comunidad Europea), en una sociedad fundada en el respeto a la Justicia, el abogado tiene un papel fundamental. Su misión no se limita a ejecutar fielmente un mandato en el marco de la Ley. En un Estado de Derecho el abogado es indispensable para la Justicia y para los justiciables, pues tiene la obligación de defender los derechos y las libertades; es tanto el asesor como el defensor de su cliente. Su misión le impone deberes y obligaciones múltiples, y algunas veces, con apariencia contradictoria.

A veces, caemos en el discurso sencillo y fácil de culpar de aquello que no compartimos a aquél que lo defiende como abogado, pese a que ninguna intervención haya tenido en generar el litigio. El abogado defiende el interés que le ha sido encomendado, lo hace con lealtad, diligencia y sigilo, y el hecho de que la Administración actúe con presunción de legalidad no la excepciona del derecho a ser defendida, al igual que esa misma presunción, de no ser cierta, debe ser descubierta por la misma Administración y en su defecto, por aquél a quien perjudica, ante un Tribunal de Justicia.

A todos, en nuestros ámbitos profesionales, nos gustaría tener la razón absoluta de nuestro lado –si existe–; que nuestras convicciones –que siempre son las correctas–, fueran la guía de actuación de aquél a quien servimos; que nuestro cliente –siempre bueno–, fuera la víctima de atropellos inasumibles; pero el abogado es parte, asesora a su cliente, defiende o acusa a quien se entiende vulnera el derecho de aquél al que se sirve, y ese es el oficio, la dignidad y la utilidad del abogado, nada más.

No obstante muchas veces esto no se entiende o por falta de interés en ello o por incapacidad de trasladar esta idea de una manera clara por parte de los propios abogados. Quizá es por eso por lo que: “No somos nadie, sólo Abogados del Estado”." ["fecha"]=> string(8) "11-03-30" ["categoria"]=> string(9) "editorial" ["id_imagen"]=> string(3) "971" ["imagen"]=> string(14) "1301496192.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } [3]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(2) "84" ["descripcion"]=> string(24) "octubre a diciembre 2010" ["numero"]=> string(2) "30" ["pdf"]=> string(30) "WEB Abogados del Estado 30.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> string(26) "De obligaciones y méritos" ["noticia"]=> string(2384) "

Hablar de mérito en la función pública entendida en el más digno sentido de servicio público ya sea desde la posición estatutaria del empleado público o desde el ejercicio de la acción política, no es hablar de recompensa o de reconocimiento público. Desarrollar  el trabajo, la función encomendada, con rectitud, con razonable acierto y con profundo sentido de la responsabilidad, es lo que necesariamente debe ser objeto del trabajo de cualquier servidor público sin esperar por ello recompensa alguna. Ahora bien, indudablemente el servidor público que desarrolla su tarea de manera meritoria merece ser digno de aprecio y respeto.  

Este número de nuestra Revista es protagonizado por una de nuestras compañeras más justamente merecedora de ese aprecio. Al margen de otros posicionamientos, María Dolores de Cospedal goza del aprecio del colectivo de funcionarios al que pertenece por haber realizado y seguir desempeñando su función bajo el principio del servicio público al ciudadano, antes desde la condición de Abogada del Estado en activo y ahora como cabecera de una de las principales formaciones políticas del país. Desde aquí, por tanto, le manifestamos nuestro aprecio y nuestro agradecimiento por habernos concedido una entrevista que seguro resultará de interés para los lectores.  

Por otro lado, continuamos en la tarea de hacer de la Revista de la Asociación de Abogados del Estado un foro abierto entretenido e informativo que mire a nuestro colectivo y se extienda lo máximo posible a aquello que genéricamente podemos llamar “Administración”. Nuestro trabajo diario, el de Abogados del Estado, no se dirige hacia otros compañeros, estamos acostumbrados a que nuestra función sirva a otros y el resultado de esta labor es el espejo donde se refleja lo que somos y para lo que servimos. Es por tanto vocación también de esta querida revista servir para vernos reflejados en ella y con ese intenso sentimiento de responsabilidad sacamos cada número.  

Por supuesto no se busca reconocimiento alguno pero esperamos haber conseguido el aprecio de los lectores." ["fecha"]=> string(8) "10-11-22" ["categoria"]=> string(9) "editorial" ["id_imagen"]=> string(3) "926" ["imagen"]=> string(14) "1290427767.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } [4]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(2) "47" ["descripcion"]=> string(23) "julio a septiembre 2010" ["numero"]=> string(2) "29" ["pdf"]=> string(30) "Abogados del Estado 29 WEB.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> string(34) "Creencias, sentimientos y virtudes" ["noticia"]=> string(3014) "

Decía Émile Durkheim que el conjunto de creencias y sentimientos comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad forma un sistema determinado que tiene vida propia: podemos llamarlo conciencia colectiva o común. Es, pues, algo completamente distinto a las conciencias particulares aunque sólo se realice en los individuos.
Los éxitos deportivos vividos en las últimas fechas generan un estado de ánimo colectivo sin duda positivo y sin duda favorable. Este estado de ánimo positivo, derivado de la consecución de hitos deportivos, no debe significar ni debe extenderse más allá de lo que realmente implican. La consecución de un éxito se encuentra limitado en cuanto a su alcance por sus reglas y fines predeterminados. España no lo es más ni menos que antes de ganar un mundial ni lo será después de perder el siguiente; lo que sí es cierto es que el sentimiento de pertenecer a una nación que portando sus símbolos representativos alcanza las máximas cotas en un sector de actividad, afecta directamente a la conciencia colectiva de pertenencia a un país y lo hace positivamente.
Tal vez sea precisamente aún más importante invocar las virtudes alcanzadas para lograr esas cotas en lo que se debería ahora, pasados los festejos y las exaltaciones públicas del júbilo, lo que debería ser objeto de la adecuada mesura y razonamiento para que se convirtieran en elemento permanente de formación de esa conciencia colectiva. El esfuerzo diario, la superación de los resultados adversos, la humildad del trabajo callado y bien hecho, la confianza en las propias capacidades, el ser conscientes de la necesidad de suplir nuestras carencias potenciando las habilidades y virtudes y el compromiso leal con nuestros equipos, grupos de trabajo y en general con la sociedad a la que pertenecemos, son la clave de los éxitos que disfrutamos y de los futuros éxitos a los que se debe aspirar.
Que esfuerzo, confianza, capacidad para superar la frustración, talento, humildad y claridad en los objetivos se conviertan en elementos determinantes de la conciencia colectiva nos hará mejor país y mejor sociedad y esta demostración de resultados deportivos exitosos basados en esas cualidades debe ser aprovechado por todos para que estos acontecimientos no sean, sin más, anécdota en nuestra reciente historia.
El contenido de este número de la revista intenta responder a estos sentimientos; sentimientos que se vuelcan en cada número para intentar hacer de la misma un instrumento valioso, informativo y entretenido el cual, como siempre, abre sus puertas a todos sus lectores para que hagan sus aportaciones o nos hagan llegar sus sugerencias.
Es época de mejorar colectivamente.

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Número 29
julio a septiembre 2010 Creencias, sentimientos y virtudes

Decía Émile Durkheim que el conjunto de creencias y sentimientos comunes al término medio…

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Número 48


Valores

Basta asomarse al diccionario de nuestra Real Academia de la Lengua para constatar la riqueza polisémica de los “valores”. Hasta nueve son las acepciones que posee una palabra, que, sin duda, describe en múltiples de ellas lo que creemos que debe ser la Abogacía del Estado. Así, con arreglo a la primera de estas acepciones, no parece que pueda cuestionarse el grado de aptitud de la Abogacía del Estado para satisfacer las necesidades que motivaron su aparición en el mundo jurídico, como defensa  especializada y profesionalizada de la Administración, recientemente reivindicada en la Sentencia 288/2018 del pasado 14 de Junio de la Salan Segunda del Tribunal Supremo.

 

Tampoco creemos que pueda cuestionarse nuestro valor en cuanto a la significación de las funciones consultivas o contenciosas que nos atribuye la Ley 52/1997 de 27 de noviembre. En dicha significación, cobra singular relevancia la subsistencia y firmeza de nuestros criterios, que deben quedar asentados sobre una recta interpretación de las normas jurídicas, que son el eje, no olvidemos, de nuestra formación, desarrollada a través de un exigente procedimiento de selección, en el que encontramos tanto aspectos teóricos como prácticos. Una formación y un valor que no culmina en modo alguno con nuestra oposición, sino que se desarrolla durante nuestra carrera profesional, de cuya excelencia son un buen ejemplo los compañeros a los que año tras año rendimos homenaje durante el mes de Junio.

 

La eficacia o virtud de la Abogacía del Estado para defender los intereses de la Administración es algo que puede constatarse día a día en los Juzgados y Tribunales de España y en las sedes de las distintas Administraciones y Entes a los que prestamos asesoramiento en derecho. Y es precisamente esa eficacia, entre otros factores, la que tiene como rédito o fruto el que, durante más de 135 años, haya sido la Abogacía del Estado un referente en el estudio y ejercicio de la práctica del Derecho, tanto dentro de la Administración como fuera de ella, a través de los compañeros que, por unas razones u otras, pasan a su ejercicio a través de la excedencia voluntaria o los servicios especiales.

 

Probablemente desde esa eficacia, se entiendan las razones que nos llevan a “acometer resueltamente grandes empresas y a arrostrar los peligros”, adentrándonos en ámbitos jurídicos hoy conocidos, pero grandes desconocidos en épocas pretéritas, como el Derecho Comunitario, con excelentes compañeros en las más altas responsabilidades de las instituciones europeas, el Arbitraje, el Derecho Concursal, el Derecho Laboral o el Derecho Penal, ámbitos en los que, cada día más, se requiere y exige nuestra presencia y valor. Y, probablemente como suma de todas estas circunstancias, se nos atribuye una especial cualidad positiva para la actividad del derecho, que es la que debemos preservar. Nos corresponde potenciar la unidad en la defensa de nuestros valores  y  en la defensa del Estado de Derecho. De nosotros depende que sigamos manteniendo nuestro valor, en todas las acepciones posibles. Es un reto, pero, con todas las dificultades y defectos propios de cada “casa”, debemos conseguirlo.