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El 11 de noviembre de 1977 se celebró la Asamblea constituyente de nuestra Asociación y, transcurridos algo más de cuarenta años, celebramos el pasado 14 de diciembre la Asamblea General correspondiente al año 2018, en la que, además, renovamos parcialmente nuestro Consejo Directivo.

 

 Transcurrido ya un largo periodo desde la constitución de la Asociación, al albur de la renovación de nuestro Consejo y agradeciendo siempre la labor de todos los que han trabajado y trabajan en la misma, podríamos preguntarnos si se mantienen las razones que impulsaron su creación “para el fomento y defensa de los intereses profesionales y corporativos de los Abogados del Estado” (art.4 de los Estatutos).

 

 Como tuvimos ocasión de analizar en nuestra última Asamblea General, se mantienen todas y cada una de las razones que impulsaron la creación de nuestra Asociación, que presenta, como singularidad que nos parece más que notable, su unidad. No resulta ocioso recordar que, a diferencia de otros Cuerpos de nuestra Administración en los que coexisten distintas Asociaciones, en nuestro caso, desde su creación, siempre ha existido una única Asociación, en la que tienen cabida todos los compañeros que deciden formar parte de la misma, conforme a los principios de libre adhesión y baja voluntaria.

 

 El valor de la unidad en la Asociación, cualquiera que sea las acepciones que tomemos del término, nos lleva a trabajar desde la misma, buscando ese fomento y defensa de los intereses del Cuerpo de Abogados del Estado, que son la verdadera razón de ser que lleva a que seamos muchos los compañeros que permanecemos en la misma. Lógicamente, ese trabajo siempre está sujeto a la sana crítica de los compañeros, que son quienes conforman la base que pretendemos mantener y mejorar desde el Consejo Directivo. Escuchar, aprender e impulsar las acciones asociativas que tutelan nuestros intereses profesionales y corporativos deben ser las líneas de trabajo de nuestro Consejo.

 

 Las últimas elecciones al Consejo ponen de manifiesto que existe interés corporativo y que son numerosos los compañeros que quieren participar activamente en la Asociación. Así se apreció tanto por la presencia de numerosos candidatos, a los que agradeceremos siempre su predisposición, como en el número de votos emitidos, que determinó que fuera necesario un elevado número de sufragios para poder formar parte del mismo.

 

Llegados a este punto, afrontamos nuestra tarea sabiendo que son numerosos los retos por conseguir y que queda mucho por hacer. Pero lo hacemos desde la esperanza, entendida, como recuerda Václav Havel, no como la convicción de que las cosas saldrán bien, sino como la certidumbre de que algo tiene sentido sin importar el resultado final. Para todos, desde nuestra unidad característica, lo que debe tener sentido es nuestra condición de Abogados del Estado con los valores que esta representa. Y, con esperanza, trabajar juntos por la consecución de dichos retos.

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Basta asomarse al diccionario de nuestra Real Academia de la Lengua para constatar la riqueza polisémica de los “valores”. Hasta nueve son las acepciones que posee una palabra, que, sin duda, describe en múltiples de ellas lo que creemos que debe ser la Abogacía del Estado. Así, con arreglo a la primera de estas acepciones, no parece que pueda cuestionarse el grado de aptitud de la Abogacía del Estado para satisfacer las necesidades que motivaron su aparición en el mundo jurídico, como defensa  especializada y profesionalizada de la Administración, recientemente reivindicada en la Sentencia 288/2018 del pasado 14 de Junio de la Salan Segunda del Tribunal Supremo.

 

Tampoco creemos que pueda cuestionarse nuestro valor en cuanto a la significación de las funciones consultivas o contenciosas que nos atribuye la Ley 52/1997 de 27 de noviembre. En dicha significación, cobra singular relevancia la subsistencia y firmeza de nuestros criterios, que deben quedar asentados sobre una recta interpretación de las normas jurídicas, que son el eje, no olvidemos, de nuestra formación, desarrollada a través de un exigente procedimiento de selección, en el que encontramos tanto aspectos teóricos como prácticos. Una formación y un valor que no culmina en modo alguno con nuestra oposición, sino que se desarrolla durante nuestra carrera profesional, de cuya excelencia son un buen ejemplo los compañeros a los que año tras año rendimos homenaje durante el mes de Junio.

 

La eficacia o virtud de la Abogacía del Estado para defender los intereses de la Administración es algo que puede constatarse día a día en los Juzgados y Tribunales de España y en las sedes de las distintas Administraciones y Entes a los que prestamos asesoramiento en derecho. Y es precisamente esa eficacia, entre otros factores, la que tiene como rédito o fruto el que, durante más de 135 años, haya sido la Abogacía del Estado un referente en el estudio y ejercicio de la práctica del Derecho, tanto dentro de la Administración como fuera de ella, a través de los compañeros que, por unas razones u otras, pasan a su ejercicio a través de la excedencia voluntaria o los servicios especiales.

 

Probablemente desde esa eficacia, se entiendan las razones que nos llevan a “acometer resueltamente grandes empresas y a arrostrar los peligros”, adentrándonos en ámbitos jurídicos hoy conocidos, pero grandes desconocidos en épocas pretéritas, como el Derecho Comunitario, con excelentes compañeros en las más altas responsabilidades de las instituciones europeas, el Arbitraje, el Derecho Concursal, el Derecho Laboral o el Derecho Penal, ámbitos en los que, cada día más, se requiere y exige nuestra presencia y valor. Y, probablemente como suma de todas estas circunstancias, se nos atribuye una especial cualidad positiva para la actividad del derecho, que es la que debemos preservar. Nos corresponde potenciar la unidad en la defensa de nuestros valores  y  en la defensa del Estado de Derecho. De nosotros depende que sigamos manteniendo nuestro valor, en todas las acepciones posibles. Es un reto, pero, con todas las dificultades y defectos propios de cada “casa”, debemos conseguirlo.

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La diferencia entre la física cuántica y el Derecho es que la mayoría asume que de física cuántica no tiene ni idea. Sin embargo, cuando se trata del Derecho, cualquier persona se reserva no el derecho de opinar, legítimo, sino el Derecho a constituirse en “experto” en Derecho. Parecería así que el mero acceso a Facebook, Twiter o a los medios de comunicación permite, lisa y llanamente, descalificar el Derecho.

 

Desde el primer día en el que empezamos a preparar nuestro camino para ser Abogados del Estado aprendemos a respetar nuestro sistema y, sobre todo, a guardar una sincera lealtad al mismo. Nuestros preparadores, algunos de los cuales desgraciadamente nos han dejado durante los últimos meses siendo todo un ejemplo a seguir, nos enseñan con su comportamiento que el camino hacia el Derecho no se alcanza desde atajos, trampas ni medias verdades. Nos enseñan, y, muestra de ello es nuestra formación histórica relatada con maestría por Miguel Ángel Gilabert, a conocer y respetar el ordenamiento jurídico. Nos enseñan a ser leales no solamente desde el respeto a las Leyes, sino también desde el respeto a quienes tienen el deber de aplicarlas. Somos, todos, partícipes de un sistema que debe quedar regido únicamente por los dictados del principio de legalidad y en el que nos constituimos como servidores públicos y colaboradores de la Justicia. Nuestro ordenamiento jurídico  ha querido garantizar, como norma básica, la Constitución y como piedra angular del sistema la independencia judicial.

 

La lealtad es definida por nuestro diccionario de la RAE como el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor. No vemos una forma más adecuada de definir nuestra posición profesional y nuestra actividad como Abogados del Estado.  Lealtad no es sumisión. No significa aceptar como bueno cualquier posicionamiento de la Administración a la que defendemos, ni tampoco aceptar, sin crítica alguna, las resoluciones que puedan emanar de nuestros Jueces y Tribunales. Lealtad es actuar en todo momento sabiendo que más allá de intereses personales existe un fin común. Lealtad significa saber que existen medios procesales para combatir las resoluciones que consideramos que no se ajustan a derecho. E igualmente supone conocer que nuestras Leyes son aprobadas y modificadas conforme a unas reglas predeterminadas, sujetas a controles. Únicamente desde la reflexión y el análisis técnico-jurídico podremos lograr  un ordenamiento jurídico, singularmente el penal, coherente con nuestros principios básicos. Optar por la crítica fácil, el análisis apriorístico de los problemas o, simplemente, por una posición que pretenda obtener el aplauso y no el rigor jurídico nos ha llevado a redactar más de 25 reformas del Código Penal en poco más de 20 años. No parece que sea el camino.

 

La lealtad debe ser ideología, bandera y seña de identidad de nuestro Cuerpo. Es nuestra responsabilidad y deber alcanzarla.

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Una de las primeras reacciones que experimentamos al aprobar nuestra oposición es la de detenernos en el escudo que, con orgullo, llevamos en nuestra toga y que nos identifica como “Abogados del Estado”. En no pocas ocasiones podemos preguntarnos acerca del significado de esta mención, que tiene su reflejo normativo en nuestra querida Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, que recientemente ha cumplido veinte años de vigencia. Nuestra Ley nos atribuye, nada menos, que la asistencia, representación y defensa en juicio del Estado.

Durante los pasados meses, hemos vivido un momento histórico, marcado por el desafío secesionista en Cataluña. En esta ocasión, si cabe, era particularmente necesaria una defensa jurídica al Estado que permitiera sostener el imperio de la ley. Pues bien, aun dentro de la complejidad de la situación, podemos afirmar que los Abogados del Estado hemos hecho honor a nuestro nombre y hemos defendido la legalidad constitucional y la integridad del Estado frente a dichos ataques.

Singularmente, nuestro Departamento de Derecho Constitucional, coordinado por nuestro Abogado General del Estado, ha encabezado esta tarea, siendo significativo que todos los procedimientos iniciados ante el Tribunal Constitucional obtuvieran un resultado favorable a los intereses que representamos. Asimismo, desde las distintas Abogacías del Estado en Cataluña se asume diariamente la defensa del Estado, en ocasiones en un ambiente poco favorable al ejercicio de nuestras funciones. Y no olvidemos tampoco la labor de asesoramiento en derecho que se desarrolla a través de las Abogacías del Estado en los Departamentos Ministeriales o en los Departamentos adscritos a la Subdirección General de Asuntos Contenciosos. Podemos afirmar, sin riesgo alguno de caer en un corporativismo mal entendido, que la labor de la Abogacía del Estado ha estado a la altura de las circunstancias.

En este contexto, la Asociación  quiere mostrar su apoyo a los compañeros que intervienen y han intervenido durante estos meses en dichas actuaciones. Así lo hemos expuesto públicamente y así queremos dejar constancia de ello en nuestra Revista. Nuestra portada guarda relación con esta forma de pensar. La Abogacía del Estado, por definición, tiene como seña de identidad esencial la de defender a nuestro Estado. En esta tarea y con este fin podemos decir que todos somos necesarios y nadie es contingente. Ante situaciones como las vividas en los pasados meses, solo cabe actuar con el rigor jurídico, discreción y eficacia que caracterizan nuestra función. Así ha ocurrido y podemos afirmar que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con nuestra misión esencial  en la defensa del Estado de Derecho y la legalidad constitucional. Como hemos defendido en los últimos meses, esta es nuestra razón de ser.

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Suelen caracterizarse los períodos estivales y postvacacionales por una suerte de ausencia de noticias que hace que, en múltiples ocasiones, sea necesario acudir a tópicos tan manidos como la canción del verano para poder completar los informativos diarios o los periódicos. Durante el pasado verano, quizá fruto de esta ausencia de noticias, quizá fruto de una corriente instalada en nuestra sociedad que quiere hacer prevalecer el criterio personal sobre la legalidad, ha ocupado buena parte de dichos espacios informativos la problemática de una madre granadina que se negaba a entregar a sus hijos menores de edad a su progenitor con residencia en Italia. Sin centrarnos en el problema jurídico planteado en dicho caso concreto, del análisis del mismo llaman profundamente la atención los mensajes aparentemente aprobatorios de la conducta de quien ha situado por encima del principio de legalidad su interpretación de los hechos y su visión personal de una controversia que había sido resuelta mediante sentencia judicial firme.

Se ha llegado incluso a sostener en determinados ámbitos que es “lícito” no cumplir las resoluciones judiciales cuando se consideran injustas. He ahí el problema. No existe un “medidor” que objetivamente permita distinguir lo justo de lo injusto, siendo el principio de legalidad y el respeto a las resoluciones judiciales la fórmula a seguir cuando, ante intereses en conflicto, existen posiciones contrapuestas. Desde nuestra creación como Cuerpo, los Abogados del Estado hemos defendido y defendemos la plena vigencia de un principio básico: el pleno respeto al imperio de la ley y a las resoluciones judiciales emanadas del Poder Judicial. Tanto en sede contenciosa como en el ámbito consultivo, por más que existan opiniones que sostienen lo contrario, nuestras actuaciones se rigen por el profundo respeto a la ley y a nuestro ordenamiento jurídico. No puede sustituirse este principio esencial del Estado de Derecho por una suerte de valor superior y vinculante de principios o criterios ajenos a la legalidad. Hemos asistido a una cierta aprobación colectiva de la desobediencia judicial, lo que es una pésima noticia para el Estado de Derecho que defendemos.

Precisamente esa desobediencia a leyes y resoluciones judiciales es la que nos ha despertado día a día durante el mes de septiembre. Cuando se comienza por defender la desobediencia judicial a una resolución concreta, como el caso comentado, se termina por cuestionar, nada menos, que al supremo intérprete de nuestra Constitución, como está ocurriendo en Cataluña. Nuestra Asociación no puede apoyar dichas reivindicaciones paralegales; antes bien, quiere mostrar nuestro absoluto respaldo al imperio de la ley, al principio de legalidad y muy especialmente a los compañeros que están luchando día a día de forma encomiable por evitar que pueda sustituirse nuestro ordenamiento constitucional por un nuevo orden construido al margen de los procedimientos establecidos al efecto. Frente a un desafío tan notable como el que estamos observando, es nuestro deber, como Asociación, proclamar que el imperio de la ley prevalecerá y que nuestra Asociación siempre estará del lado de quienes defienden el ordenamiento jurídico. Nunca fuimos Abogados contra el Estado sino defensores del imperio de la ley. Es nuestra razón de ser.

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Número 49
Esperanza

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El 11 de noviembre de 1977 se celebró la Asamblea constituyente de nuestra Asociación y, transcurridos algo más de cuarenta años, celebramos el pasado 14 de diciembre la Asamblea General correspondiente al año 2018, en la que, además, renovamos parcialmente nuestro Consejo Directivo.

 

 Transcurrido ya un largo periodo desde la constitución de la Asociación, al albur de la renovación de nuestro Consejo y agradeciendo siempre la labor de todos los que han trabajado y trabajan en la misma, podríamos preguntarnos si se mantienen las razones que impulsaron su creación “para el fomento y defensa de los intereses profesionales y corporativos de los Abogados del Estado” (art.4 de los Estatutos).

 

 Como tuvimos ocasión de analizar en nuestra última Asamblea General, se mantienen todas y cada una de las razones que impulsaron la creación de nuestra Asociación, que presenta, como singularidad que nos parece más que notable, su unidad. No resulta ocioso recordar que, a diferencia de otros Cuerpos de nuestra Administración en los que coexisten distintas Asociaciones, en nuestro caso, desde su creación, siempre ha existido una única Asociación, en la que tienen cabida todos los compañeros que deciden formar parte de la misma, conforme a los principios de libre adhesión y baja voluntaria.

 

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 Las últimas elecciones al Consejo ponen de manifiesto que existe interés corporativo y que son numerosos los compañeros que quieren participar activamente en la Asociación. Así se apreció tanto por la presencia de numerosos candidatos, a los que agradeceremos siempre su predisposición, como en el número de votos emitidos, que determinó que fuera necesario un elevado número de sufragios para poder formar parte del mismo.

 

Llegados a este punto, afrontamos nuestra tarea sabiendo que son numerosos los retos por conseguir y que queda mucho por hacer. Pero lo hacemos desde la esperanza, entendida, como recuerda Václav Havel, no como la convicción de que las cosas saldrán bien, sino como la certidumbre de que algo tiene sentido sin importar el resultado final. Para todos, desde nuestra unidad característica, lo que debe tener sentido es nuestra condición de Abogados del Estado con los valores que esta representa. Y, con esperanza, trabajar juntos por la consecución de dichos retos.

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Tampoco creemos que pueda cuestionarse nuestro valor en cuanto a la significación de las funciones consultivas o contenciosas que nos atribuye la Ley 52/1997 de 27 de noviembre. En dicha significación, cobra singular relevancia la subsistencia y firmeza de nuestros criterios, que deben quedar asentados sobre una recta interpretación de las normas jurídicas, que son el eje, no olvidemos, de nuestra formación, desarrollada a través de un exigente procedimiento de selección, en el que encontramos tanto aspectos teóricos como prácticos. Una formación y un valor que no culmina en modo alguno con nuestra oposición, sino que se desarrolla durante nuestra carrera profesional, de cuya excelencia son un buen ejemplo los compañeros a los que año tras año rendimos homenaje durante el mes de Junio.

 

La eficacia o virtud de la Abogacía del Estado para defender los intereses de la Administración es algo que puede constatarse día a día en los Juzgados y Tribunales de España y en las sedes de las distintas Administraciones y Entes a los que prestamos asesoramiento en derecho. Y es precisamente esa eficacia, entre otros factores, la que tiene como rédito o fruto el que, durante más de 135 años, haya sido la Abogacía del Estado un referente en el estudio y ejercicio de la práctica del Derecho, tanto dentro de la Administración como fuera de ella, a través de los compañeros que, por unas razones u otras, pasan a su ejercicio a través de la excedencia voluntaria o los servicios especiales.

 

Probablemente desde esa eficacia, se entiendan las razones que nos llevan a “acometer resueltamente grandes empresas y a arrostrar los peligros”, adentrándonos en ámbitos jurídicos hoy conocidos, pero grandes desconocidos en épocas pretéritas, como el Derecho Comunitario, con excelentes compañeros en las más altas responsabilidades de las instituciones europeas, el Arbitraje, el Derecho Concursal, el Derecho Laboral o el Derecho Penal, ámbitos en los que, cada día más, se requiere y exige nuestra presencia y valor. Y, probablemente como suma de todas estas circunstancias, se nos atribuye una especial cualidad positiva para la actividad del derecho, que es la que debemos preservar. Nos corresponde potenciar la unidad en la defensa de nuestros valores  y  en la defensa del Estado de Derecho. De nosotros depende que sigamos manteniendo nuestro valor, en todas las acepciones posibles. Es un reto, pero, con todas las dificultades y defectos propios de cada “casa”, debemos conseguirlo.

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La lealtad es definida por nuestro diccionario de la RAE como el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor. No vemos una forma más adecuada de definir nuestra posición profesional y nuestra actividad como Abogados del Estado.  Lealtad no es sumisión. No significa aceptar como bueno cualquier posicionamiento de la Administración a la que defendemos, ni tampoco aceptar, sin crítica alguna, las resoluciones que puedan emanar de nuestros Jueces y Tribunales. Lealtad es actuar en todo momento sabiendo que más allá de intereses personales existe un fin común. Lealtad significa saber que existen medios procesales para combatir las resoluciones que consideramos que no se ajustan a derecho. E igualmente supone conocer que nuestras Leyes son aprobadas y modificadas conforme a unas reglas predeterminadas, sujetas a controles. Únicamente desde la reflexión y el análisis técnico-jurídico podremos lograr  un ordenamiento jurídico, singularmente el penal, coherente con nuestros principios básicos. Optar por la crítica fácil, el análisis apriorístico de los problemas o, simplemente, por una posición que pretenda obtener el aplauso y no el rigor jurídico nos ha llevado a redactar más de 25 reformas del Código Penal en poco más de 20 años. No parece que sea el camino.

 

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Precisamente esa desobediencia a leyes y resoluciones judiciales es la que nos ha despertado día a día durante el mes de septiembre. Cuando se comienza por defender la desobediencia judicial a una resolución concreta, como el caso comentado, se termina por cuestionar, nada menos, que al supremo intérprete de nuestra Constitución, como está ocurriendo en Cataluña. Nuestra Asociación no puede apoyar dichas reivindicaciones paralegales; antes bien, quiere mostrar nuestro absoluto respaldo al imperio de la ley, al principio de legalidad y muy especialmente a los compañeros que están luchando día a día de forma encomiable por evitar que pueda sustituirse nuestro ordenamiento constitucional por un nuevo orden construido al margen de los procedimientos establecidos al efecto. Frente a un desafío tan notable como el que estamos observando, es nuestro deber, como Asociación, proclamar que el imperio de la ley prevalecerá y que nuestra Asociación siempre estará del lado de quienes defienden el ordenamiento jurídico. Nunca fuimos Abogados contra el Estado sino defensores del imperio de la ley. Es nuestra razón de ser.

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Número 48
Valores

Basta asomarse al diccionario de nuestra Real Academia de la Lengua para constatar la riqueza polisémica…

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El 11 de noviembre de 1977 se celebró la Asamblea constituyente de nuestra Asociación y, transcurridos algo más de cuarenta años, celebramos el pasado 14 de diciembre la Asamblea General correspondiente al año 2018, en la que, además, renovamos parcialmente nuestro Consejo Directivo.

 

 Transcurrido ya un largo periodo desde la constitución de la Asociación, al albur de la renovación de nuestro Consejo y agradeciendo siempre la labor de todos los que han trabajado y trabajan en la misma, podríamos preguntarnos si se mantienen las razones que impulsaron su creación “para el fomento y defensa de los intereses profesionales y corporativos de los Abogados del Estado” (art.4 de los Estatutos).

 

 Como tuvimos ocasión de analizar en nuestra última Asamblea General, se mantienen todas y cada una de las razones que impulsaron la creación de nuestra Asociación, que presenta, como singularidad que nos parece más que notable, su unidad. No resulta ocioso recordar que, a diferencia de otros Cuerpos de nuestra Administración en los que coexisten distintas Asociaciones, en nuestro caso, desde su creación, siempre ha existido una única Asociación, en la que tienen cabida todos los compañeros que deciden formar parte de la misma, conforme a los principios de libre adhesión y baja voluntaria.

 

 El valor de la unidad en la Asociación, cualquiera que sea las acepciones que tomemos del término, nos lleva a trabajar desde la misma, buscando ese fomento y defensa de los intereses del Cuerpo de Abogados del Estado, que son la verdadera razón de ser que lleva a que seamos muchos los compañeros que permanecemos en la misma. Lógicamente, ese trabajo siempre está sujeto a la sana crítica de los compañeros, que son quienes conforman la base que pretendemos mantener y mejorar desde el Consejo Directivo. Escuchar, aprender e impulsar las acciones asociativas que tutelan nuestros intereses profesionales y corporativos deben ser las líneas de trabajo de nuestro Consejo.

 

 Las últimas elecciones al Consejo ponen de manifiesto que existe interés corporativo y que son numerosos los compañeros que quieren participar activamente en la Asociación. Así se apreció tanto por la presencia de numerosos candidatos, a los que agradeceremos siempre su predisposición, como en el número de votos emitidos, que determinó que fuera necesario un elevado número de sufragios para poder formar parte del mismo.

 

Llegados a este punto, afrontamos nuestra tarea sabiendo que son numerosos los retos por conseguir y que queda mucho por hacer. Pero lo hacemos desde la esperanza, entendida, como recuerda Václav Havel, no como la convicción de que las cosas saldrán bien, sino como la certidumbre de que algo tiene sentido sin importar el resultado final. Para todos, desde nuestra unidad característica, lo que debe tener sentido es nuestra condición de Abogados del Estado con los valores que esta representa. Y, con esperanza, trabajar juntos por la consecución de dichos retos.

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Tampoco creemos que pueda cuestionarse nuestro valor en cuanto a la significación de las funciones consultivas o contenciosas que nos atribuye la Ley 52/1997 de 27 de noviembre. En dicha significación, cobra singular relevancia la subsistencia y firmeza de nuestros criterios, que deben quedar asentados sobre una recta interpretación de las normas jurídicas, que son el eje, no olvidemos, de nuestra formación, desarrollada a través de un exigente procedimiento de selección, en el que encontramos tanto aspectos teóricos como prácticos. Una formación y un valor que no culmina en modo alguno con nuestra oposición, sino que se desarrolla durante nuestra carrera profesional, de cuya excelencia son un buen ejemplo los compañeros a los que año tras año rendimos homenaje durante el mes de Junio.

 

La eficacia o virtud de la Abogacía del Estado para defender los intereses de la Administración es algo que puede constatarse día a día en los Juzgados y Tribunales de España y en las sedes de las distintas Administraciones y Entes a los que prestamos asesoramiento en derecho. Y es precisamente esa eficacia, entre otros factores, la que tiene como rédito o fruto el que, durante más de 135 años, haya sido la Abogacía del Estado un referente en el estudio y ejercicio de la práctica del Derecho, tanto dentro de la Administración como fuera de ella, a través de los compañeros que, por unas razones u otras, pasan a su ejercicio a través de la excedencia voluntaria o los servicios especiales.

 

Probablemente desde esa eficacia, se entiendan las razones que nos llevan a “acometer resueltamente grandes empresas y a arrostrar los peligros”, adentrándonos en ámbitos jurídicos hoy conocidos, pero grandes desconocidos en épocas pretéritas, como el Derecho Comunitario, con excelentes compañeros en las más altas responsabilidades de las instituciones europeas, el Arbitraje, el Derecho Concursal, el Derecho Laboral o el Derecho Penal, ámbitos en los que, cada día más, se requiere y exige nuestra presencia y valor. Y, probablemente como suma de todas estas circunstancias, se nos atribuye una especial cualidad positiva para la actividad del derecho, que es la que debemos preservar. Nos corresponde potenciar la unidad en la defensa de nuestros valores  y  en la defensa del Estado de Derecho. De nosotros depende que sigamos manteniendo nuestro valor, en todas las acepciones posibles. Es un reto, pero, con todas las dificultades y defectos propios de cada “casa”, debemos conseguirlo.

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La diferencia entre la física cuántica y el Derecho es que la mayoría asume que de física cuántica no tiene ni idea. Sin embargo, cuando se trata del Derecho, cualquier persona se reserva no el derecho de opinar, legítimo, sino el Derecho a constituirse en “experto” en Derecho. Parecería así que el mero acceso a Facebook, Twiter o a los medios de comunicación permite, lisa y llanamente, descalificar el Derecho.

 

Desde el primer día en el que empezamos a preparar nuestro camino para ser Abogados del Estado aprendemos a respetar nuestro sistema y, sobre todo, a guardar una sincera lealtad al mismo. Nuestros preparadores, algunos de los cuales desgraciadamente nos han dejado durante los últimos meses siendo todo un ejemplo a seguir, nos enseñan con su comportamiento que el camino hacia el Derecho no se alcanza desde atajos, trampas ni medias verdades. Nos enseñan, y, muestra de ello es nuestra formación histórica relatada con maestría por Miguel Ángel Gilabert, a conocer y respetar el ordenamiento jurídico. Nos enseñan a ser leales no solamente desde el respeto a las Leyes, sino también desde el respeto a quienes tienen el deber de aplicarlas. Somos, todos, partícipes de un sistema que debe quedar regido únicamente por los dictados del principio de legalidad y en el que nos constituimos como servidores públicos y colaboradores de la Justicia. Nuestro ordenamiento jurídico  ha querido garantizar, como norma básica, la Constitución y como piedra angular del sistema la independencia judicial.

 

La lealtad es definida por nuestro diccionario de la RAE como el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor. No vemos una forma más adecuada de definir nuestra posición profesional y nuestra actividad como Abogados del Estado.  Lealtad no es sumisión. No significa aceptar como bueno cualquier posicionamiento de la Administración a la que defendemos, ni tampoco aceptar, sin crítica alguna, las resoluciones que puedan emanar de nuestros Jueces y Tribunales. Lealtad es actuar en todo momento sabiendo que más allá de intereses personales existe un fin común. Lealtad significa saber que existen medios procesales para combatir las resoluciones que consideramos que no se ajustan a derecho. E igualmente supone conocer que nuestras Leyes son aprobadas y modificadas conforme a unas reglas predeterminadas, sujetas a controles. Únicamente desde la reflexión y el análisis técnico-jurídico podremos lograr  un ordenamiento jurídico, singularmente el penal, coherente con nuestros principios básicos. Optar por la crítica fácil, el análisis apriorístico de los problemas o, simplemente, por una posición que pretenda obtener el aplauso y no el rigor jurídico nos ha llevado a redactar más de 25 reformas del Código Penal en poco más de 20 años. No parece que sea el camino.

 

La lealtad debe ser ideología, bandera y seña de identidad de nuestro Cuerpo. Es nuestra responsabilidad y deber alcanzarla.

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Una de las primeras reacciones que experimentamos al aprobar nuestra oposición es la de detenernos en el escudo que, con orgullo, llevamos en nuestra toga y que nos identifica como “Abogados del Estado”. En no pocas ocasiones podemos preguntarnos acerca del significado de esta mención, que tiene su reflejo normativo en nuestra querida Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, que recientemente ha cumplido veinte años de vigencia. Nuestra Ley nos atribuye, nada menos, que la asistencia, representación y defensa en juicio del Estado.

Durante los pasados meses, hemos vivido un momento histórico, marcado por el desafío secesionista en Cataluña. En esta ocasión, si cabe, era particularmente necesaria una defensa jurídica al Estado que permitiera sostener el imperio de la ley. Pues bien, aun dentro de la complejidad de la situación, podemos afirmar que los Abogados del Estado hemos hecho honor a nuestro nombre y hemos defendido la legalidad constitucional y la integridad del Estado frente a dichos ataques.

Singularmente, nuestro Departamento de Derecho Constitucional, coordinado por nuestro Abogado General del Estado, ha encabezado esta tarea, siendo significativo que todos los procedimientos iniciados ante el Tribunal Constitucional obtuvieran un resultado favorable a los intereses que representamos. Asimismo, desde las distintas Abogacías del Estado en Cataluña se asume diariamente la defensa del Estado, en ocasiones en un ambiente poco favorable al ejercicio de nuestras funciones. Y no olvidemos tampoco la labor de asesoramiento en derecho que se desarrolla a través de las Abogacías del Estado en los Departamentos Ministeriales o en los Departamentos adscritos a la Subdirección General de Asuntos Contenciosos. Podemos afirmar, sin riesgo alguno de caer en un corporativismo mal entendido, que la labor de la Abogacía del Estado ha estado a la altura de las circunstancias.

En este contexto, la Asociación  quiere mostrar su apoyo a los compañeros que intervienen y han intervenido durante estos meses en dichas actuaciones. Así lo hemos expuesto públicamente y así queremos dejar constancia de ello en nuestra Revista. Nuestra portada guarda relación con esta forma de pensar. La Abogacía del Estado, por definición, tiene como seña de identidad esencial la de defender a nuestro Estado. En esta tarea y con este fin podemos decir que todos somos necesarios y nadie es contingente. Ante situaciones como las vividas en los pasados meses, solo cabe actuar con el rigor jurídico, discreción y eficacia que caracterizan nuestra función. Así ha ocurrido y podemos afirmar que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con nuestra misión esencial  en la defensa del Estado de Derecho y la legalidad constitucional. Como hemos defendido en los últimos meses, esta es nuestra razón de ser.

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Se ha llegado incluso a sostener en determinados ámbitos que es “lícito” no cumplir las resoluciones judiciales cuando se consideran injustas. He ahí el problema. No existe un “medidor” que objetivamente permita distinguir lo justo de lo injusto, siendo el principio de legalidad y el respeto a las resoluciones judiciales la fórmula a seguir cuando, ante intereses en conflicto, existen posiciones contrapuestas. Desde nuestra creación como Cuerpo, los Abogados del Estado hemos defendido y defendemos la plena vigencia de un principio básico: el pleno respeto al imperio de la ley y a las resoluciones judiciales emanadas del Poder Judicial. Tanto en sede contenciosa como en el ámbito consultivo, por más que existan opiniones que sostienen lo contrario, nuestras actuaciones se rigen por el profundo respeto a la ley y a nuestro ordenamiento jurídico. No puede sustituirse este principio esencial del Estado de Derecho por una suerte de valor superior y vinculante de principios o criterios ajenos a la legalidad. Hemos asistido a una cierta aprobación colectiva de la desobediencia judicial, lo que es una pésima noticia para el Estado de Derecho que defendemos.

Precisamente esa desobediencia a leyes y resoluciones judiciales es la que nos ha despertado día a día durante el mes de septiembre. Cuando se comienza por defender la desobediencia judicial a una resolución concreta, como el caso comentado, se termina por cuestionar, nada menos, que al supremo intérprete de nuestra Constitución, como está ocurriendo en Cataluña. Nuestra Asociación no puede apoyar dichas reivindicaciones paralegales; antes bien, quiere mostrar nuestro absoluto respaldo al imperio de la ley, al principio de legalidad y muy especialmente a los compañeros que están luchando día a día de forma encomiable por evitar que pueda sustituirse nuestro ordenamiento constitucional por un nuevo orden construido al margen de los procedimientos establecidos al efecto. Frente a un desafío tan notable como el que estamos observando, es nuestro deber, como Asociación, proclamar que el imperio de la ley prevalecerá y que nuestra Asociación siempre estará del lado de quienes defienden el ordenamiento jurídico. Nunca fuimos Abogados contra el Estado sino defensores del imperio de la ley. Es nuestra razón de ser.

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 Transcurrido ya un largo periodo desde la constitución de la Asociación, al albur de la renovación de nuestro Consejo y agradeciendo siempre la labor de todos los que han trabajado y trabajan en la misma, podríamos preguntarnos si se mantienen las razones que impulsaron su creación “para el fomento y defensa de los intereses profesionales y corporativos de los Abogados del Estado” (art.4 de los Estatutos).

 

 Como tuvimos ocasión de analizar en nuestra última Asamblea General, se mantienen todas y cada una de las razones que impulsaron la creación de nuestra Asociación, que presenta, como singularidad que nos parece más que notable, su unidad. No resulta ocioso recordar que, a diferencia de otros Cuerpos de nuestra Administración en los que coexisten distintas Asociaciones, en nuestro caso, desde su creación, siempre ha existido una única Asociación, en la que tienen cabida todos los compañeros que deciden formar parte de la misma, conforme a los principios de libre adhesión y baja voluntaria.

 

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 Las últimas elecciones al Consejo ponen de manifiesto que existe interés corporativo y que son numerosos los compañeros que quieren participar activamente en la Asociación. Así se apreció tanto por la presencia de numerosos candidatos, a los que agradeceremos siempre su predisposición, como en el número de votos emitidos, que determinó que fuera necesario un elevado número de sufragios para poder formar parte del mismo.

 

Llegados a este punto, afrontamos nuestra tarea sabiendo que son numerosos los retos por conseguir y que queda mucho por hacer. Pero lo hacemos desde la esperanza, entendida, como recuerda Václav Havel, no como la convicción de que las cosas saldrán bien, sino como la certidumbre de que algo tiene sentido sin importar el resultado final. Para todos, desde nuestra unidad característica, lo que debe tener sentido es nuestra condición de Abogados del Estado con los valores que esta representa. Y, con esperanza, trabajar juntos por la consecución de dichos retos.

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Tampoco creemos que pueda cuestionarse nuestro valor en cuanto a la significación de las funciones consultivas o contenciosas que nos atribuye la Ley 52/1997 de 27 de noviembre. En dicha significación, cobra singular relevancia la subsistencia y firmeza de nuestros criterios, que deben quedar asentados sobre una recta interpretación de las normas jurídicas, que son el eje, no olvidemos, de nuestra formación, desarrollada a través de un exigente procedimiento de selección, en el que encontramos tanto aspectos teóricos como prácticos. Una formación y un valor que no culmina en modo alguno con nuestra oposición, sino que se desarrolla durante nuestra carrera profesional, de cuya excelencia son un buen ejemplo los compañeros a los que año tras año rendimos homenaje durante el mes de Junio.

 

La eficacia o virtud de la Abogacía del Estado para defender los intereses de la Administración es algo que puede constatarse día a día en los Juzgados y Tribunales de España y en las sedes de las distintas Administraciones y Entes a los que prestamos asesoramiento en derecho. Y es precisamente esa eficacia, entre otros factores, la que tiene como rédito o fruto el que, durante más de 135 años, haya sido la Abogacía del Estado un referente en el estudio y ejercicio de la práctica del Derecho, tanto dentro de la Administración como fuera de ella, a través de los compañeros que, por unas razones u otras, pasan a su ejercicio a través de la excedencia voluntaria o los servicios especiales.

 

Probablemente desde esa eficacia, se entiendan las razones que nos llevan a “acometer resueltamente grandes empresas y a arrostrar los peligros”, adentrándonos en ámbitos jurídicos hoy conocidos, pero grandes desconocidos en épocas pretéritas, como el Derecho Comunitario, con excelentes compañeros en las más altas responsabilidades de las instituciones europeas, el Arbitraje, el Derecho Concursal, el Derecho Laboral o el Derecho Penal, ámbitos en los que, cada día más, se requiere y exige nuestra presencia y valor. Y, probablemente como suma de todas estas circunstancias, se nos atribuye una especial cualidad positiva para la actividad del derecho, que es la que debemos preservar. Nos corresponde potenciar la unidad en la defensa de nuestros valores  y  en la defensa del Estado de Derecho. De nosotros depende que sigamos manteniendo nuestro valor, en todas las acepciones posibles. Es un reto, pero, con todas las dificultades y defectos propios de cada “casa”, debemos conseguirlo.

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La lealtad es definida por nuestro diccionario de la RAE como el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor. No vemos una forma más adecuada de definir nuestra posición profesional y nuestra actividad como Abogados del Estado.  Lealtad no es sumisión. No significa aceptar como bueno cualquier posicionamiento de la Administración a la que defendemos, ni tampoco aceptar, sin crítica alguna, las resoluciones que puedan emanar de nuestros Jueces y Tribunales. Lealtad es actuar en todo momento sabiendo que más allá de intereses personales existe un fin común. Lealtad significa saber que existen medios procesales para combatir las resoluciones que consideramos que no se ajustan a derecho. E igualmente supone conocer que nuestras Leyes son aprobadas y modificadas conforme a unas reglas predeterminadas, sujetas a controles. Únicamente desde la reflexión y el análisis técnico-jurídico podremos lograr  un ordenamiento jurídico, singularmente el penal, coherente con nuestros principios básicos. Optar por la crítica fácil, el análisis apriorístico de los problemas o, simplemente, por una posición que pretenda obtener el aplauso y no el rigor jurídico nos ha llevado a redactar más de 25 reformas del Código Penal en poco más de 20 años. No parece que sea el camino.

 

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Singularmente, nuestro Departamento de Derecho Constitucional, coordinado por nuestro Abogado General del Estado, ha encabezado esta tarea, siendo significativo que todos los procedimientos iniciados ante el Tribunal Constitucional obtuvieran un resultado favorable a los intereses que representamos. Asimismo, desde las distintas Abogacías del Estado en Cataluña se asume diariamente la defensa del Estado, en ocasiones en un ambiente poco favorable al ejercicio de nuestras funciones. Y no olvidemos tampoco la labor de asesoramiento en derecho que se desarrolla a través de las Abogacías del Estado en los Departamentos Ministeriales o en los Departamentos adscritos a la Subdirección General de Asuntos Contenciosos. Podemos afirmar, sin riesgo alguno de caer en un corporativismo mal entendido, que la labor de la Abogacía del Estado ha estado a la altura de las circunstancias.

En este contexto, la Asociación  quiere mostrar su apoyo a los compañeros que intervienen y han intervenido durante estos meses en dichas actuaciones. Así lo hemos expuesto públicamente y así queremos dejar constancia de ello en nuestra Revista. Nuestra portada guarda relación con esta forma de pensar. La Abogacía del Estado, por definición, tiene como seña de identidad esencial la de defender a nuestro Estado. En esta tarea y con este fin podemos decir que todos somos necesarios y nadie es contingente. Ante situaciones como las vividas en los pasados meses, solo cabe actuar con el rigor jurídico, discreción y eficacia que caracterizan nuestra función. Así ha ocurrido y podemos afirmar que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con nuestra misión esencial  en la defensa del Estado de Derecho y la legalidad constitucional. Como hemos defendido en los últimos meses, esta es nuestra razón de ser.

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Suelen caracterizarse los períodos estivales y postvacacionales por una suerte de ausencia de noticias que hace que, en múltiples ocasiones, sea necesario acudir a tópicos tan manidos como la canción del verano para poder completar los informativos diarios o los periódicos. Durante el pasado verano, quizá fruto de esta ausencia de noticias, quizá fruto de una corriente instalada en nuestra sociedad que quiere hacer prevalecer el criterio personal sobre la legalidad, ha ocupado buena parte de dichos espacios informativos la problemática de una madre granadina que se negaba a entregar a sus hijos menores de edad a su progenitor con residencia en Italia. Sin centrarnos en el problema jurídico planteado en dicho caso concreto, del análisis del mismo llaman profundamente la atención los mensajes aparentemente aprobatorios de la conducta de quien ha situado por encima del principio de legalidad su interpretación de los hechos y su visión personal de una controversia que había sido resuelta mediante sentencia judicial firme.

Se ha llegado incluso a sostener en determinados ámbitos que es “lícito” no cumplir las resoluciones judiciales cuando se consideran injustas. He ahí el problema. No existe un “medidor” que objetivamente permita distinguir lo justo de lo injusto, siendo el principio de legalidad y el respeto a las resoluciones judiciales la fórmula a seguir cuando, ante intereses en conflicto, existen posiciones contrapuestas. Desde nuestra creación como Cuerpo, los Abogados del Estado hemos defendido y defendemos la plena vigencia de un principio básico: el pleno respeto al imperio de la ley y a las resoluciones judiciales emanadas del Poder Judicial. Tanto en sede contenciosa como en el ámbito consultivo, por más que existan opiniones que sostienen lo contrario, nuestras actuaciones se rigen por el profundo respeto a la ley y a nuestro ordenamiento jurídico. No puede sustituirse este principio esencial del Estado de Derecho por una suerte de valor superior y vinculante de principios o criterios ajenos a la legalidad. Hemos asistido a una cierta aprobación colectiva de la desobediencia judicial, lo que es una pésima noticia para el Estado de Derecho que defendemos.

Precisamente esa desobediencia a leyes y resoluciones judiciales es la que nos ha despertado día a día durante el mes de septiembre. Cuando se comienza por defender la desobediencia judicial a una resolución concreta, como el caso comentado, se termina por cuestionar, nada menos, que al supremo intérprete de nuestra Constitución, como está ocurriendo en Cataluña. Nuestra Asociación no puede apoyar dichas reivindicaciones paralegales; antes bien, quiere mostrar nuestro absoluto respaldo al imperio de la ley, al principio de legalidad y muy especialmente a los compañeros que están luchando día a día de forma encomiable por evitar que pueda sustituirse nuestro ordenamiento constitucional por un nuevo orden construido al margen de los procedimientos establecidos al efecto. Frente a un desafío tan notable como el que estamos observando, es nuestro deber, como Asociación, proclamar que el imperio de la ley prevalecerá y que nuestra Asociación siempre estará del lado de quienes defienden el ordenamiento jurídico. Nunca fuimos Abogados contra el Estado sino defensores del imperio de la ley. Es nuestra razón de ser.

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Número 46
Nuestra razón de ser

Una de las primeras reacciones que experimentamos al aprobar nuestra oposición es la de detenernos en…

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El 11 de noviembre de 1977 se celebró la Asamblea constituyente de nuestra Asociación y, transcurridos algo más de cuarenta años, celebramos el pasado 14 de diciembre la Asamblea General correspondiente al año 2018, en la que, además, renovamos parcialmente nuestro Consejo Directivo.

 

 Transcurrido ya un largo periodo desde la constitución de la Asociación, al albur de la renovación de nuestro Consejo y agradeciendo siempre la labor de todos los que han trabajado y trabajan en la misma, podríamos preguntarnos si se mantienen las razones que impulsaron su creación “para el fomento y defensa de los intereses profesionales y corporativos de los Abogados del Estado” (art.4 de los Estatutos).

 

 Como tuvimos ocasión de analizar en nuestra última Asamblea General, se mantienen todas y cada una de las razones que impulsaron la creación de nuestra Asociación, que presenta, como singularidad que nos parece más que notable, su unidad. No resulta ocioso recordar que, a diferencia de otros Cuerpos de nuestra Administración en los que coexisten distintas Asociaciones, en nuestro caso, desde su creación, siempre ha existido una única Asociación, en la que tienen cabida todos los compañeros que deciden formar parte de la misma, conforme a los principios de libre adhesión y baja voluntaria.

 

 El valor de la unidad en la Asociación, cualquiera que sea las acepciones que tomemos del término, nos lleva a trabajar desde la misma, buscando ese fomento y defensa de los intereses del Cuerpo de Abogados del Estado, que son la verdadera razón de ser que lleva a que seamos muchos los compañeros que permanecemos en la misma. Lógicamente, ese trabajo siempre está sujeto a la sana crítica de los compañeros, que son quienes conforman la base que pretendemos mantener y mejorar desde el Consejo Directivo. Escuchar, aprender e impulsar las acciones asociativas que tutelan nuestros intereses profesionales y corporativos deben ser las líneas de trabajo de nuestro Consejo.

 

 Las últimas elecciones al Consejo ponen de manifiesto que existe interés corporativo y que son numerosos los compañeros que quieren participar activamente en la Asociación. Así se apreció tanto por la presencia de numerosos candidatos, a los que agradeceremos siempre su predisposición, como en el número de votos emitidos, que determinó que fuera necesario un elevado número de sufragios para poder formar parte del mismo.

 

Llegados a este punto, afrontamos nuestra tarea sabiendo que son numerosos los retos por conseguir y que queda mucho por hacer. Pero lo hacemos desde la esperanza, entendida, como recuerda Václav Havel, no como la convicción de que las cosas saldrán bien, sino como la certidumbre de que algo tiene sentido sin importar el resultado final. Para todos, desde nuestra unidad característica, lo que debe tener sentido es nuestra condición de Abogados del Estado con los valores que esta representa. Y, con esperanza, trabajar juntos por la consecución de dichos retos.

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Basta asomarse al diccionario de nuestra Real Academia de la Lengua para constatar la riqueza polisémica de los “valores”. Hasta nueve son las acepciones que posee una palabra, que, sin duda, describe en múltiples de ellas lo que creemos que debe ser la Abogacía del Estado. Así, con arreglo a la primera de estas acepciones, no parece que pueda cuestionarse el grado de aptitud de la Abogacía del Estado para satisfacer las necesidades que motivaron su aparición en el mundo jurídico, como defensa  especializada y profesionalizada de la Administración, recientemente reivindicada en la Sentencia 288/2018 del pasado 14 de Junio de la Salan Segunda del Tribunal Supremo.

 

Tampoco creemos que pueda cuestionarse nuestro valor en cuanto a la significación de las funciones consultivas o contenciosas que nos atribuye la Ley 52/1997 de 27 de noviembre. En dicha significación, cobra singular relevancia la subsistencia y firmeza de nuestros criterios, que deben quedar asentados sobre una recta interpretación de las normas jurídicas, que son el eje, no olvidemos, de nuestra formación, desarrollada a través de un exigente procedimiento de selección, en el que encontramos tanto aspectos teóricos como prácticos. Una formación y un valor que no culmina en modo alguno con nuestra oposición, sino que se desarrolla durante nuestra carrera profesional, de cuya excelencia son un buen ejemplo los compañeros a los que año tras año rendimos homenaje durante el mes de Junio.

 

La eficacia o virtud de la Abogacía del Estado para defender los intereses de la Administración es algo que puede constatarse día a día en los Juzgados y Tribunales de España y en las sedes de las distintas Administraciones y Entes a los que prestamos asesoramiento en derecho. Y es precisamente esa eficacia, entre otros factores, la que tiene como rédito o fruto el que, durante más de 135 años, haya sido la Abogacía del Estado un referente en el estudio y ejercicio de la práctica del Derecho, tanto dentro de la Administración como fuera de ella, a través de los compañeros que, por unas razones u otras, pasan a su ejercicio a través de la excedencia voluntaria o los servicios especiales.

 

Probablemente desde esa eficacia, se entiendan las razones que nos llevan a “acometer resueltamente grandes empresas y a arrostrar los peligros”, adentrándonos en ámbitos jurídicos hoy conocidos, pero grandes desconocidos en épocas pretéritas, como el Derecho Comunitario, con excelentes compañeros en las más altas responsabilidades de las instituciones europeas, el Arbitraje, el Derecho Concursal, el Derecho Laboral o el Derecho Penal, ámbitos en los que, cada día más, se requiere y exige nuestra presencia y valor. Y, probablemente como suma de todas estas circunstancias, se nos atribuye una especial cualidad positiva para la actividad del derecho, que es la que debemos preservar. Nos corresponde potenciar la unidad en la defensa de nuestros valores  y  en la defensa del Estado de Derecho. De nosotros depende que sigamos manteniendo nuestro valor, en todas las acepciones posibles. Es un reto, pero, con todas las dificultades y defectos propios de cada “casa”, debemos conseguirlo.

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La diferencia entre la física cuántica y el Derecho es que la mayoría asume que de física cuántica no tiene ni idea. Sin embargo, cuando se trata del Derecho, cualquier persona se reserva no el derecho de opinar, legítimo, sino el Derecho a constituirse en “experto” en Derecho. Parecería así que el mero acceso a Facebook, Twiter o a los medios de comunicación permite, lisa y llanamente, descalificar el Derecho.

 

Desde el primer día en el que empezamos a preparar nuestro camino para ser Abogados del Estado aprendemos a respetar nuestro sistema y, sobre todo, a guardar una sincera lealtad al mismo. Nuestros preparadores, algunos de los cuales desgraciadamente nos han dejado durante los últimos meses siendo todo un ejemplo a seguir, nos enseñan con su comportamiento que el camino hacia el Derecho no se alcanza desde atajos, trampas ni medias verdades. Nos enseñan, y, muestra de ello es nuestra formación histórica relatada con maestría por Miguel Ángel Gilabert, a conocer y respetar el ordenamiento jurídico. Nos enseñan a ser leales no solamente desde el respeto a las Leyes, sino también desde el respeto a quienes tienen el deber de aplicarlas. Somos, todos, partícipes de un sistema que debe quedar regido únicamente por los dictados del principio de legalidad y en el que nos constituimos como servidores públicos y colaboradores de la Justicia. Nuestro ordenamiento jurídico  ha querido garantizar, como norma básica, la Constitución y como piedra angular del sistema la independencia judicial.

 

La lealtad es definida por nuestro diccionario de la RAE como el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor. No vemos una forma más adecuada de definir nuestra posición profesional y nuestra actividad como Abogados del Estado.  Lealtad no es sumisión. No significa aceptar como bueno cualquier posicionamiento de la Administración a la que defendemos, ni tampoco aceptar, sin crítica alguna, las resoluciones que puedan emanar de nuestros Jueces y Tribunales. Lealtad es actuar en todo momento sabiendo que más allá de intereses personales existe un fin común. Lealtad significa saber que existen medios procesales para combatir las resoluciones que consideramos que no se ajustan a derecho. E igualmente supone conocer que nuestras Leyes son aprobadas y modificadas conforme a unas reglas predeterminadas, sujetas a controles. Únicamente desde la reflexión y el análisis técnico-jurídico podremos lograr  un ordenamiento jurídico, singularmente el penal, coherente con nuestros principios básicos. Optar por la crítica fácil, el análisis apriorístico de los problemas o, simplemente, por una posición que pretenda obtener el aplauso y no el rigor jurídico nos ha llevado a redactar más de 25 reformas del Código Penal en poco más de 20 años. No parece que sea el camino.

 

La lealtad debe ser ideología, bandera y seña de identidad de nuestro Cuerpo. Es nuestra responsabilidad y deber alcanzarla.

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Una de las primeras reacciones que experimentamos al aprobar nuestra oposición es la de detenernos en el escudo que, con orgullo, llevamos en nuestra toga y que nos identifica como “Abogados del Estado”. En no pocas ocasiones podemos preguntarnos acerca del significado de esta mención, que tiene su reflejo normativo en nuestra querida Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, que recientemente ha cumplido veinte años de vigencia. Nuestra Ley nos atribuye, nada menos, que la asistencia, representación y defensa en juicio del Estado.

Durante los pasados meses, hemos vivido un momento histórico, marcado por el desafío secesionista en Cataluña. En esta ocasión, si cabe, era particularmente necesaria una defensa jurídica al Estado que permitiera sostener el imperio de la ley. Pues bien, aun dentro de la complejidad de la situación, podemos afirmar que los Abogados del Estado hemos hecho honor a nuestro nombre y hemos defendido la legalidad constitucional y la integridad del Estado frente a dichos ataques.

Singularmente, nuestro Departamento de Derecho Constitucional, coordinado por nuestro Abogado General del Estado, ha encabezado esta tarea, siendo significativo que todos los procedimientos iniciados ante el Tribunal Constitucional obtuvieran un resultado favorable a los intereses que representamos. Asimismo, desde las distintas Abogacías del Estado en Cataluña se asume diariamente la defensa del Estado, en ocasiones en un ambiente poco favorable al ejercicio de nuestras funciones. Y no olvidemos tampoco la labor de asesoramiento en derecho que se desarrolla a través de las Abogacías del Estado en los Departamentos Ministeriales o en los Departamentos adscritos a la Subdirección General de Asuntos Contenciosos. Podemos afirmar, sin riesgo alguno de caer en un corporativismo mal entendido, que la labor de la Abogacía del Estado ha estado a la altura de las circunstancias.

En este contexto, la Asociación  quiere mostrar su apoyo a los compañeros que intervienen y han intervenido durante estos meses en dichas actuaciones. Así lo hemos expuesto públicamente y así queremos dejar constancia de ello en nuestra Revista. Nuestra portada guarda relación con esta forma de pensar. La Abogacía del Estado, por definición, tiene como seña de identidad esencial la de defender a nuestro Estado. En esta tarea y con este fin podemos decir que todos somos necesarios y nadie es contingente. Ante situaciones como las vividas en los pasados meses, solo cabe actuar con el rigor jurídico, discreción y eficacia que caracterizan nuestra función. Así ha ocurrido y podemos afirmar que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con nuestra misión esencial  en la defensa del Estado de Derecho y la legalidad constitucional. Como hemos defendido en los últimos meses, esta es nuestra razón de ser.

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Suelen caracterizarse los períodos estivales y postvacacionales por una suerte de ausencia de noticias que hace que, en múltiples ocasiones, sea necesario acudir a tópicos tan manidos como la canción del verano para poder completar los informativos diarios o los periódicos. Durante el pasado verano, quizá fruto de esta ausencia de noticias, quizá fruto de una corriente instalada en nuestra sociedad que quiere hacer prevalecer el criterio personal sobre la legalidad, ha ocupado buena parte de dichos espacios informativos la problemática de una madre granadina que se negaba a entregar a sus hijos menores de edad a su progenitor con residencia en Italia. Sin centrarnos en el problema jurídico planteado en dicho caso concreto, del análisis del mismo llaman profundamente la atención los mensajes aparentemente aprobatorios de la conducta de quien ha situado por encima del principio de legalidad su interpretación de los hechos y su visión personal de una controversia que había sido resuelta mediante sentencia judicial firme.

Se ha llegado incluso a sostener en determinados ámbitos que es “lícito” no cumplir las resoluciones judiciales cuando se consideran injustas. He ahí el problema. No existe un “medidor” que objetivamente permita distinguir lo justo de lo injusto, siendo el principio de legalidad y el respeto a las resoluciones judiciales la fórmula a seguir cuando, ante intereses en conflicto, existen posiciones contrapuestas. Desde nuestra creación como Cuerpo, los Abogados del Estado hemos defendido y defendemos la plena vigencia de un principio básico: el pleno respeto al imperio de la ley y a las resoluciones judiciales emanadas del Poder Judicial. Tanto en sede contenciosa como en el ámbito consultivo, por más que existan opiniones que sostienen lo contrario, nuestras actuaciones se rigen por el profundo respeto a la ley y a nuestro ordenamiento jurídico. No puede sustituirse este principio esencial del Estado de Derecho por una suerte de valor superior y vinculante de principios o criterios ajenos a la legalidad. Hemos asistido a una cierta aprobación colectiva de la desobediencia judicial, lo que es una pésima noticia para el Estado de Derecho que defendemos.

Precisamente esa desobediencia a leyes y resoluciones judiciales es la que nos ha despertado día a día durante el mes de septiembre. Cuando se comienza por defender la desobediencia judicial a una resolución concreta, como el caso comentado, se termina por cuestionar, nada menos, que al supremo intérprete de nuestra Constitución, como está ocurriendo en Cataluña. Nuestra Asociación no puede apoyar dichas reivindicaciones paralegales; antes bien, quiere mostrar nuestro absoluto respaldo al imperio de la ley, al principio de legalidad y muy especialmente a los compañeros que están luchando día a día de forma encomiable por evitar que pueda sustituirse nuestro ordenamiento constitucional por un nuevo orden construido al margen de los procedimientos establecidos al efecto. Frente a un desafío tan notable como el que estamos observando, es nuestro deber, como Asociación, proclamar que el imperio de la ley prevalecerá y que nuestra Asociación siempre estará del lado de quienes defienden el ordenamiento jurídico. Nunca fuimos Abogados contra el Estado sino defensores del imperio de la ley. Es nuestra razón de ser.

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Número 45
El imperio de la Ley

Suelen caracterizarse los períodos estivales y postvacacionales por una suerte de ausencia de noticias…

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Número 49


Esperanza

El 11 de noviembre de 1977 se celebró la Asamblea constituyente de nuestra Asociación y, transcurridos algo más de cuarenta años, celebramos el pasado 14 de diciembre la Asamblea General correspondiente al año 2018, en la que, además, renovamos parcialmente nuestro Consejo Directivo.

 

 Transcurrido ya un largo periodo desde la constitución de la Asociación, al albur de la renovación de nuestro Consejo y agradeciendo siempre la labor de todos los que han trabajado y trabajan en la misma, podríamos preguntarnos si se mantienen las razones que impulsaron su creación “para el fomento y defensa de los intereses profesionales y corporativos de los Abogados del Estado” (art.4 de los Estatutos).

 

 Como tuvimos ocasión de analizar en nuestra última Asamblea General, se mantienen todas y cada una de las razones que impulsaron la creación de nuestra Asociación, que presenta, como singularidad que nos parece más que notable, su unidad. No resulta ocioso recordar que, a diferencia de otros Cuerpos de nuestra Administración en los que coexisten distintas Asociaciones, en nuestro caso, desde su creación, siempre ha existido una única Asociación, en la que tienen cabida todos los compañeros que deciden formar parte de la misma, conforme a los principios de libre adhesión y baja voluntaria.

 

 El valor de la unidad en la Asociación, cualquiera que sea las acepciones que tomemos del término, nos lleva a trabajar desde la misma, buscando ese fomento y defensa de los intereses del Cuerpo de Abogados del Estado, que son la verdadera razón de ser que lleva a que seamos muchos los compañeros que permanecemos en la misma. Lógicamente, ese trabajo siempre está sujeto a la sana crítica de los compañeros, que son quienes conforman la base que pretendemos mantener y mejorar desde el Consejo Directivo. Escuchar, aprender e impulsar las acciones asociativas que tutelan nuestros intereses profesionales y corporativos deben ser las líneas de trabajo de nuestro Consejo.

 

 Las últimas elecciones al Consejo ponen de manifiesto que existe interés corporativo y que son numerosos los compañeros que quieren participar activamente en la Asociación. Así se apreció tanto por la presencia de numerosos candidatos, a los que agradeceremos siempre su predisposición, como en el número de votos emitidos, que determinó que fuera necesario un elevado número de sufragios para poder formar parte del mismo.

 

Llegados a este punto, afrontamos nuestra tarea sabiendo que son numerosos los retos por conseguir y que queda mucho por hacer. Pero lo hacemos desde la esperanza, entendida, como recuerda Václav Havel, no como la convicción de que las cosas saldrán bien, sino como la certidumbre de que algo tiene sentido sin importar el resultado final. Para todos, desde nuestra unidad característica, lo que debe tener sentido es nuestra condición de Abogados del Estado con los valores que esta representa. Y, con esperanza, trabajar juntos por la consecución de dichos retos.