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El mes de diciembre pasado concluyó el proceso selectivo para la incorporación de dieciséis nuevos compañeros que conforman la promoción de 2013. Esta promoción bien podría recibir el sobrenombre de la “Deseada”,  porque su incorporación era esperada con ansia por el resto de los compañeros que están en servicio activo ante la sobrecarga de trabajo que pesa sobre las unidades. Son ya varias las Promociones que tardan dos años en alumbrarse (2009, 2011 y 2013). Junto con este espaciamiento temporal de cada nueva promoción, se observa que se ha ido reduciendo de forma llamativa el número de plazas convocadas en cada uno de los años. Las restricciones impuestas por la crisis económica así lo han exigido.

Sin embargo, entendemos que precisamente las mismas razones que aconsejan restringir el gasto y, consecuentemente, la oferta de empleo público, deberían llevarnos a una solución completamente distinta: incrementar la oferta de empleo público precisamente para cubrir aquellos puestos de trabajo que o bien permiten reducir o controlar mejor el gasto público, o bien permiten lograr ingresos públicos. Es viejo el dicho popular que recuerda que es mejor perder una peseta para ganar un duro.

Si se atiende al gasto público que supone un Abogado del Estado (idéntico razonamiento cabría hacer para otros funcionarios como Inspectores de Hacienda, Interventores del Estado, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social u otros), fácilmente se advierte que éste queda más que suficientemente cubierto con una parte pequeña de su trabajo. Por poner algunos ejemplos, resulta que un delito contra la Hacienda Pública adecuadamente defendido supone al menos 120.000 euros de cuota recuperada, más sus intereses de demora, la multa al menos del tanto defraudado, y las costas devengadas a favor del Tesoro Público. Un solo procedimiento, entre los miles que penden, sería “la peseta a perder”  (ese procedimiento cubriría el solo el salario de varios compañeros –o el del compañero y el Inspector de Hacienda actuario– y alguno otro en concreto el de todo el Cuerpo en un año), siendo el resto de los procedimientos ingreso neto para el Estado –“el duro a ganar”–.  El ejemplo del delito contra la Hacienda Pública es bueno porque tiene un umbral delictivo que facilita identificar de manera estándar el ingreso que se persigue,  pero lo mismo sucede con el resto de procedimientos en que intervienen los Abogados del Estado en defensa de los intereses económicos públicos (sin referirnos a otros procedimientos donde están en juego otro tipo de intereses no económicos, muy relevantes). En esta situación de crisis económica entendemos que es precisamente ahora cuando es más necesario hacer el gasto público en aquel personal cuyo trabajo, en términos netos, facilitará la tan necesaria consolidación fiscal.

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El Consejo de Ministros creó en su día la llamada CORA para, en un breve plazo, tras recabar información de las Administraciones Públicas y de sus Departamentos, Consejerías, Plenos, Comisiones, órganos, Organismos y demás infinitas entidades que habitan el universo del  sector público, después de estudiar los datos y generar ideas reformadoras, emitir un informe sobre los defectos, errores, aciertos y soluciones que gravitan sobre la Administración Pública en su conjunto. Para ello se ha contado con la participación de diversos agentes sociales –entre los que se encuentra FEDECA– y sólo a través de la participación ciudadana se han recibido más de 2.000 sugerencias.

El resultado es un voluminoso informe de 250 páginas, presentado el 21 de junio de 2013 y publicado en la web de Moncloa, donde, aparte de la proposición de medidas de carácter general, se articulan las más específicas relativas a cada una de las cuatro subcomisiones en las que se dividió la CORA: Duplicidades Administrativas, Simplificación Administrativa, Gestión de Servicios y Medios Comunes y Administración Institucional. En total, 217 medidas.

Llama la atención, en primer lugar, la buena acogida de las medidas reformadoras, tanto en los medios de comunicación como incluso en los grupos políticos de oposición; cosa lamentablemente infrecuente en nuestro país, incapaz de alabar lo bueno que haga aquel a quien se considera enemigo.

Y es que la lectura del diagnóstico y de los remedios a aplicar a nuestra Administración parece, en general, salvo discrepancias concretas, plenas de sentido común. Entonces, ¿cómo es que hasta ahora se han permitido, sin poner freno ni remedio, situaciones y hechos como los que se describen en el informe, y que en algunos casos  no cabe sino tildar de espeluznantes?, ¿es que en España tiene que haber una situación crítica como la que venimos padeciendo para que nuestros gobernantes hagan sus deberes? Desde luego este informe evoca hacia el pasado malísimas decisiones de gobierno, peores prácticas de gestión, desidias, inercias y errores, incluso corrupciones y corruptelas, que caerán en el olvido de la irresponsabilidad personal pero que deberían, a todos los que nos ocupamos de la res publica, grabarnos a fuego  que a la Administración Pública hay que cuidarla y no abandonarla a la deriva, para cuando la crisis pase.

Una vez emitido el informe viene lo más difícil: ahora hay que ejecutarlo con decisión, superando cuantos obstáculos se presenten, con pleno respeto a los derechos de los abnegados servidores públicos y de los ciudadanos.

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En el corazón de un Abogado del Estado, cualquiera que sea su situación administrativa o su destino, late, en primer lugar, la condición de abogado. No digo que para hacer rabiar y perder la compostura a otro abogado en un pleito, sobre todo, oral, esté feo recordarle lo que nos separa y podríamos contar mil anécdotas referentes a cuando aquél se atreve a llamarnos en juicio “compañero”, la palabra sagrada que nos une sólo a nosotros. Sin embargo, todos sabemos, por dentro, que estamos más próximos a él que a otros…

Se escribe este editorial en un momento en que la Abogacía del Estado ha salido a los medios en un asunto de gran repercusión mediática. La defensa ante la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de la denominada “doctrina Parot”. Con convicción, contundencia e inteligencia se defendieron las posiciones de España por sus magníficos Abogados.

Al Abogado del Estado le puede parecer a veces que tiene  “un cliente difícil”(lo cual probablemente llamaría a la sonrisa amable a los Abogados del Estado  excedentes); pero lo que sin duda, tiene el Abogado del Estado, en muchas ocasiones, es un trabajo difícil. Y por ello lo ejerce con tan grandes dosis de responsabilidad y dedicación. Y en todos los frentes.

Del maravilloso libro “El alma de la toga”, de D. Ángel Ossorio y Gallardo reproduzco lo que en opinión del autor es ser Abogado:

El esclarecido ministerio del asesoramiento y de la defensa, va dejando en el juicio y en el proceder unas modalidades que imprimen carácter. Por ejemplo: la fuerte definición del concepto propio y simultáneamente, la antitética disposición a abandonarle, parcial o totalmente, en bien de la paz; la rapidez en la asimilación de hechos e ideas, coincidentes con las decisiones más arriesgadas, como si fueran hijas de dilatada meditación; el olvido de la conveniencia y de la comodidad personales para anteponer el interés de quien a nosotros se confía (aspecto este en que coincidimos con los médicos); el reunir en una misma mente la elevada serenidad del patriarca y la astucia maliciosa del aldeano; el cultivar a un tiempo los secarrales legislativos y el vergel frondoso de la literatura ya que nuestra misión se expresa por medio del arte; el fomento de la paciencia sin mansedumbre para con el cliente, del respeto sin humillación para con el tribunal, de la cordialidad sin extremos amistosos para con los compañeros, de la firmeza sin amor propio para el pensamiento de uno, de la consideración sin debilidades para el de los demás”.

Definición, sin duda, que es igualmente aplicable al Abogado del Estado.

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El desprestigio de la política, como antes el desprestigio de la función pública, parecen haberse convertido en los elementos precisos para la recuperación de no sé sabe muy bien el qué. Vivimos en tiempos de crisis económica que poco a poco se ha ido tornando en una crisis institucional que afecta aparentemente a todos los ámbitos. No vale nada para algunos: no vale nuestro modelo territorial, no vale nuestro modelo institucional, no vale nuestro modelo de representación política. El valor de los elementos estructurales de un Estado, de una nación, desaparece dentro de la crisis económica. El paro, el miedo a perder el puesto de trabajo, el miedo a no poder seguir manteniendo un determinado nivel de vida en todas sus extensiones y ramificaciones genera inmediatamente y de modo irremediable el pensamiento de que nada vale. Se pierde la confianza en los gestores políticos del bien común cuando el mismo está dañado o seriamente amenazado, se pierde la confianza en la función pública cuando los servicios que prestan no se sostienen económicamente, se pierde la confianza en un modelo constitucional de consenso de relaciones entre el Estado y sus territorios cuando se afirma que resulta deficitario económicamente.

 

Al final resulta que es la economía la que genera cohesión, integración y confianza en los elementos del Estado. Ante esta evidente realidad social, sin embargo, tenemos que tener la capacidad de, al menos, ponerla en duda. No cabe confundir medidas de racionalidad económica, reivindicaciones presupuestarias, financieras o el debate acerca de próximos, lejanos o inexistentes “rescates” con la idea de que España es un Estado fallido, de que nada sirve, todo debe desmontarse. España es el resultado del esfuerzo común de todos los españoles, del consenso de nuestra clase política avalado por la ciudadanía por el irrompible vínculo de la democracia.

 

Cabe recordar un eslogan que permitió a Bill Clinton convertirse en el Presidente de los  stados Unidos en 1992 y del cual simplemente eliminamos el epíteto final por inapropiado para estas páginas: “es la economía”.

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Llevamos varias legislaturas en donde se nos habla del derecho de los ciudadanos a conocer la “verdad” con distintas formas y expresiones. De igual modo, llevamos ese mismo tiempo en el que se nos habla de la necesidad de actuar con prudencia, hasta con sigilo para que podamos recuperar la “confianza”; se nos dice que hay cosas que es mejor no contar para no provocar alarmas innecesarias.

 

Verdad y confianza aparecen entonces de manera contrapuesta, como si de la verdad se pudiera conseguir generar desconfianza o como si de no contarla o ser prudentes en ello se derivara inmediata confianza.

 

En este punto cabe traer a colación lo que en hebreo significa la palabra “emunah”. Para los hebreos la verdad (“emunah”), es ante todo la seguridad o la confianza; verdadero es lo que es fiel a sí mismo y por eso digno de confianza porque da seguridad. En la filosofía clásica griega, la verdad es concebida como άλήθεια o descubrimiento del ser que se encuentra oculto por el velo de la apariencia. Por supuesto, existen infinidad de teorías filosóficas posteriores sobre esto de la “verdad”, una de las más extendidas es la de la correspondencia. Según esta teoría, la verdad consiste en una relación de adecuación o concordancia entre el entendimiento que conoce y lo real conocido como realidad.

 

Lo cierto es que yo me quedo quizá con la definición dirigida hacia la consecuencia de la verdad y no con aquéllas que pretenden definirla como fin en si misma. La verdad es lo que genera seguridad y confianza porque es fiel a sí misma, a la realidad.

 

Pidiendo ya disculpas por la diatriba filosófica, la finalidad de estas breves líneas no es otra que decir que sin verdad no hay confianza, no hay seguridad. La duda sobre si se conoce en parte la verdad simplemente genera desconfianza, esto siempre ha sido así y nunca ha sido ni será de otra manera. Lo que debe generar confianza no son los gobiernos sino los Estados y esto sólo se logra si mostramos a los Estados bajo el prisma de la verdad que no es otra cosa que su realidad y de conseguir esto sí son responsables los gobiernos.

 

Los bailes de cifras, de imputación de responsabilidades por nefastas gestiones o la negación de la realidad contando con prudencia medias verdades, no permite nunca generar confianza ni en los Estados ni en los ciudadanos que los componen. La confianza es más que nada una creencia que permite estimar lo que una persona será capaz de hacer de una determinada manera frente a una situación dada, pero si no conocemos esta situación, si no conocemos la realidad, no existe opción alguna de generar confianza y por tanto, la menos mala de las consecuencias será que los ciudadanos, los trabajadores, las empresas, etcétera, no hagan nada y del inmovilismo ya se sabe lo que dicen: no va a ninguna parte.

 

Verdad, confianza y movimiento; y en ese orden, por favor.

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Número 39
"El duro a ganar"

El mes de diciembre pasado…

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Sin embargo, entendemos que precisamente las mismas razones que aconsejan restringir el gasto y, consecuentemente, la oferta de empleo público, deberían llevarnos a una solución completamente distinta: incrementar la oferta de empleo público precisamente para cubrir aquellos puestos de trabajo que o bien permiten reducir o controlar mejor el gasto público, o bien permiten lograr ingresos públicos. Es viejo el dicho popular que recuerda que es mejor perder una peseta para ganar un duro.

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Sin embargo, entendemos que precisamente las mismas razones que aconsejan restringir el gasto y, consecuentemente, la oferta de empleo público, deberían llevarnos a una solución completamente distinta: incrementar la oferta de empleo público precisamente para cubrir aquellos puestos de trabajo que o bien permiten reducir o controlar mejor el gasto público, o bien permiten lograr ingresos públicos. Es viejo el dicho popular que recuerda que es mejor perder una peseta para ganar un duro.

Si se atiende al gasto público que supone un Abogado del Estado (idéntico razonamiento cabría hacer para otros funcionarios como Inspectores de Hacienda, Interventores del Estado, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social u otros), fácilmente se advierte que éste queda más que suficientemente cubierto con una parte pequeña de su trabajo. Por poner algunos ejemplos, resulta que un delito contra la Hacienda Pública adecuadamente defendido supone al menos 120.000 euros de cuota recuperada, más sus intereses de demora, la multa al menos del tanto defraudado, y las costas devengadas a favor del Tesoro Público. Un solo procedimiento, entre los miles que penden, sería “la peseta a perder”  (ese procedimiento cubriría el solo el salario de varios compañeros –o el del compañero y el Inspector de Hacienda actuario– y alguno otro en concreto el de todo el Cuerpo en un año), siendo el resto de los procedimientos ingreso neto para el Estado –“el duro a ganar”–.  El ejemplo del delito contra la Hacienda Pública es bueno porque tiene un umbral delictivo que facilita identificar de manera estándar el ingreso que se persigue,  pero lo mismo sucede con el resto de procedimientos en que intervienen los Abogados del Estado en defensa de los intereses económicos públicos (sin referirnos a otros procedimientos donde están en juego otro tipo de intereses no económicos, muy relevantes). En esta situación de crisis económica entendemos que es precisamente ahora cuando es más necesario hacer el gasto público en aquel personal cuyo trabajo, en términos netos, facilitará la tan necesaria consolidación fiscal.

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El resultado es un voluminoso informe de 250 páginas, presentado el 21 de junio de 2013 y publicado en la web de Moncloa, donde, aparte de la proposición de medidas de carácter general, se articulan las más específicas relativas a cada una de las cuatro subcomisiones en las que se dividió la CORA: Duplicidades Administrativas, Simplificación Administrativa, Gestión de Servicios y Medios Comunes y Administración Institucional. En total, 217 medidas.

Llama la atención, en primer lugar, la buena acogida de las medidas reformadoras, tanto en los medios de comunicación como incluso en los grupos políticos de oposición; cosa lamentablemente infrecuente en nuestro país, incapaz de alabar lo bueno que haga aquel a quien se considera enemigo.

Y es que la lectura del diagnóstico y de los remedios a aplicar a nuestra Administración parece, en general, salvo discrepancias concretas, plenas de sentido común. Entonces, ¿cómo es que hasta ahora se han permitido, sin poner freno ni remedio, situaciones y hechos como los que se describen en el informe, y que en algunos casos  no cabe sino tildar de espeluznantes?, ¿es que en España tiene que haber una situación crítica como la que venimos padeciendo para que nuestros gobernantes hagan sus deberes? Desde luego este informe evoca hacia el pasado malísimas decisiones de gobierno, peores prácticas de gestión, desidias, inercias y errores, incluso corrupciones y corruptelas, que caerán en el olvido de la irresponsabilidad personal pero que deberían, a todos los que nos ocupamos de la res publica, grabarnos a fuego  que a la Administración Pública hay que cuidarla y no abandonarla a la deriva, para cuando la crisis pase.

Una vez emitido el informe viene lo más difícil: ahora hay que ejecutarlo con decisión, superando cuantos obstáculos se presenten, con pleno respeto a los derechos de los abnegados servidores públicos y de los ciudadanos.

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En el corazón de un Abogado del Estado, cualquiera que sea su situación administrativa o su destino, late, en primer lugar, la condición de abogado. No digo que para hacer rabiar y perder la compostura a otro abogado en un pleito, sobre todo, oral, esté feo recordarle lo que nos separa y podríamos contar mil anécdotas referentes a cuando aquél se atreve a llamarnos en juicio “compañero”, la palabra sagrada que nos une sólo a nosotros. Sin embargo, todos sabemos, por dentro, que estamos más próximos a él que a otros…

Se escribe este editorial en un momento en que la Abogacía del Estado ha salido a los medios en un asunto de gran repercusión mediática. La defensa ante la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de la denominada “doctrina Parot”. Con convicción, contundencia e inteligencia se defendieron las posiciones de España por sus magníficos Abogados.

Al Abogado del Estado le puede parecer a veces que tiene  “un cliente difícil”(lo cual probablemente llamaría a la sonrisa amable a los Abogados del Estado  excedentes); pero lo que sin duda, tiene el Abogado del Estado, en muchas ocasiones, es un trabajo difícil. Y por ello lo ejerce con tan grandes dosis de responsabilidad y dedicación. Y en todos los frentes.

Del maravilloso libro “El alma de la toga”, de D. Ángel Ossorio y Gallardo reproduzco lo que en opinión del autor es ser Abogado:

El esclarecido ministerio del asesoramiento y de la defensa, va dejando en el juicio y en el proceder unas modalidades que imprimen carácter. Por ejemplo: la fuerte definición del concepto propio y simultáneamente, la antitética disposición a abandonarle, parcial o totalmente, en bien de la paz; la rapidez en la asimilación de hechos e ideas, coincidentes con las decisiones más arriesgadas, como si fueran hijas de dilatada meditación; el olvido de la conveniencia y de la comodidad personales para anteponer el interés de quien a nosotros se confía (aspecto este en que coincidimos con los médicos); el reunir en una misma mente la elevada serenidad del patriarca y la astucia maliciosa del aldeano; el cultivar a un tiempo los secarrales legislativos y el vergel frondoso de la literatura ya que nuestra misión se expresa por medio del arte; el fomento de la paciencia sin mansedumbre para con el cliente, del respeto sin humillación para con el tribunal, de la cordialidad sin extremos amistosos para con los compañeros, de la firmeza sin amor propio para el pensamiento de uno, de la consideración sin debilidades para el de los demás”.

Definición, sin duda, que es igualmente aplicable al Abogado del Estado.

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Al final resulta que es la economía la que genera cohesión, integración y confianza en los elementos del Estado. Ante esta evidente realidad social, sin embargo, tenemos que tener la capacidad de, al menos, ponerla en duda. No cabe confundir medidas de racionalidad económica, reivindicaciones presupuestarias, financieras o el debate acerca de próximos, lejanos o inexistentes “rescates” con la idea de que España es un Estado fallido, de que nada sirve, todo debe desmontarse. España es el resultado del esfuerzo común de todos los españoles, del consenso de nuestra clase política avalado por la ciudadanía por el irrompible vínculo de la democracia.

 

Cabe recordar un eslogan que permitió a Bill Clinton convertirse en el Presidente de los  stados Unidos en 1992 y del cual simplemente eliminamos el epíteto final por inapropiado para estas páginas: “es la economía”.

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Llevamos varias legislaturas en donde se nos habla del derecho de los ciudadanos a conocer la “verdad” con distintas formas y expresiones. De igual modo, llevamos ese mismo tiempo en el que se nos habla de la necesidad de actuar con prudencia, hasta con sigilo para que podamos recuperar la “confianza”; se nos dice que hay cosas que es mejor no contar para no provocar alarmas innecesarias.

 

Verdad y confianza aparecen entonces de manera contrapuesta, como si de la verdad se pudiera conseguir generar desconfianza o como si de no contarla o ser prudentes en ello se derivara inmediata confianza.

 

En este punto cabe traer a colación lo que en hebreo significa la palabra “emunah”. Para los hebreos la verdad (“emunah”), es ante todo la seguridad o la confianza; verdadero es lo que es fiel a sí mismo y por eso digno de confianza porque da seguridad. En la filosofía clásica griega, la verdad es concebida como άλήθεια o descubrimiento del ser que se encuentra oculto por el velo de la apariencia. Por supuesto, existen infinidad de teorías filosóficas posteriores sobre esto de la “verdad”, una de las más extendidas es la de la correspondencia. Según esta teoría, la verdad consiste en una relación de adecuación o concordancia entre el entendimiento que conoce y lo real conocido como realidad.

 

Lo cierto es que yo me quedo quizá con la definición dirigida hacia la consecuencia de la verdad y no con aquéllas que pretenden definirla como fin en si misma. La verdad es lo que genera seguridad y confianza porque es fiel a sí misma, a la realidad.

 

Pidiendo ya disculpas por la diatriba filosófica, la finalidad de estas breves líneas no es otra que decir que sin verdad no hay confianza, no hay seguridad. La duda sobre si se conoce en parte la verdad simplemente genera desconfianza, esto siempre ha sido así y nunca ha sido ni será de otra manera. Lo que debe generar confianza no son los gobiernos sino los Estados y esto sólo se logra si mostramos a los Estados bajo el prisma de la verdad que no es otra cosa que su realidad y de conseguir esto sí son responsables los gobiernos.

 

Los bailes de cifras, de imputación de responsabilidades por nefastas gestiones o la negación de la realidad contando con prudencia medias verdades, no permite nunca generar confianza ni en los Estados ni en los ciudadanos que los componen. La confianza es más que nada una creencia que permite estimar lo que una persona será capaz de hacer de una determinada manera frente a una situación dada, pero si no conocemos esta situación, si no conocemos la realidad, no existe opción alguna de generar confianza y por tanto, la menos mala de las consecuencias será que los ciudadanos, los trabajadores, las empresas, etcétera, no hagan nada y del inmovilismo ya se sabe lo que dicen: no va a ninguna parte.

 

Verdad, confianza y movimiento; y en ese orden, por favor.

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Número 37
Somos Abogados

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Sin embargo, entendemos que precisamente las mismas razones que aconsejan restringir el gasto y, consecuentemente, la oferta de empleo público, deberían llevarnos a una solución completamente distinta: incrementar la oferta de empleo público precisamente para cubrir aquellos puestos de trabajo que o bien permiten reducir o controlar mejor el gasto público, o bien permiten lograr ingresos públicos. Es viejo el dicho popular que recuerda que es mejor perder una peseta para ganar un duro.

Si se atiende al gasto público que supone un Abogado del Estado (idéntico razonamiento cabría hacer para otros funcionarios como Inspectores de Hacienda, Interventores del Estado, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social u otros), fácilmente se advierte que éste queda más que suficientemente cubierto con una parte pequeña de su trabajo. Por poner algunos ejemplos, resulta que un delito contra la Hacienda Pública adecuadamente defendido supone al menos 120.000 euros de cuota recuperada, más sus intereses de demora, la multa al menos del tanto defraudado, y las costas devengadas a favor del Tesoro Público. Un solo procedimiento, entre los miles que penden, sería “la peseta a perder”  (ese procedimiento cubriría el solo el salario de varios compañeros –o el del compañero y el Inspector de Hacienda actuario– y alguno otro en concreto el de todo el Cuerpo en un año), siendo el resto de los procedimientos ingreso neto para el Estado –“el duro a ganar”–.  El ejemplo del delito contra la Hacienda Pública es bueno porque tiene un umbral delictivo que facilita identificar de manera estándar el ingreso que se persigue,  pero lo mismo sucede con el resto de procedimientos en que intervienen los Abogados del Estado en defensa de los intereses económicos públicos (sin referirnos a otros procedimientos donde están en juego otro tipo de intereses no económicos, muy relevantes). En esta situación de crisis económica entendemos que es precisamente ahora cuando es más necesario hacer el gasto público en aquel personal cuyo trabajo, en términos netos, facilitará la tan necesaria consolidación fiscal.

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Al Abogado del Estado le puede parecer a veces que tiene  “un cliente difícil”(lo cual probablemente llamaría a la sonrisa amable a los Abogados del Estado  excedentes); pero lo que sin duda, tiene el Abogado del Estado, en muchas ocasiones, es un trabajo difícil. Y por ello lo ejerce con tan grandes dosis de responsabilidad y dedicación. Y en todos los frentes.

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El mes de diciembre pasado concluyó el proceso selectivo para la incorporación de dieciséis nuevos compañeros que conforman la promoción de 2013. Esta promoción bien podría recibir el sobrenombre de la “Deseada”,  porque su incorporación era esperada con ansia por el resto de los compañeros que están en servicio activo ante la sobrecarga de trabajo que pesa sobre las unidades. Son ya varias las Promociones que tardan dos años en alumbrarse (2009, 2011 y 2013). Junto con este espaciamiento temporal de cada nueva promoción, se observa que se ha ido reduciendo de forma llamativa el número de plazas convocadas en cada uno de los años. Las restricciones impuestas por la crisis económica así lo han exigido.

Sin embargo, entendemos que precisamente las mismas razones que aconsejan restringir el gasto y, consecuentemente, la oferta de empleo público, deberían llevarnos a una solución completamente distinta: incrementar la oferta de empleo público precisamente para cubrir aquellos puestos de trabajo que o bien permiten reducir o controlar mejor el gasto público, o bien permiten lograr ingresos públicos. Es viejo el dicho popular que recuerda que es mejor perder una peseta para ganar un duro.

Si se atiende al gasto público que supone un Abogado del Estado (idéntico razonamiento cabría hacer para otros funcionarios como Inspectores de Hacienda, Interventores del Estado, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social u otros), fácilmente se advierte que éste queda más que suficientemente cubierto con una parte pequeña de su trabajo. Por poner algunos ejemplos, resulta que un delito contra la Hacienda Pública adecuadamente defendido supone al menos 120.000 euros de cuota recuperada, más sus intereses de demora, la multa al menos del tanto defraudado, y las costas devengadas a favor del Tesoro Público. Un solo procedimiento, entre los miles que penden, sería “la peseta a perder”  (ese procedimiento cubriría el solo el salario de varios compañeros –o el del compañero y el Inspector de Hacienda actuario– y alguno otro en concreto el de todo el Cuerpo en un año), siendo el resto de los procedimientos ingreso neto para el Estado –“el duro a ganar”–.  El ejemplo del delito contra la Hacienda Pública es bueno porque tiene un umbral delictivo que facilita identificar de manera estándar el ingreso que se persigue,  pero lo mismo sucede con el resto de procedimientos en que intervienen los Abogados del Estado en defensa de los intereses económicos públicos (sin referirnos a otros procedimientos donde están en juego otro tipo de intereses no económicos, muy relevantes). En esta situación de crisis económica entendemos que es precisamente ahora cuando es más necesario hacer el gasto público en aquel personal cuyo trabajo, en términos netos, facilitará la tan necesaria consolidación fiscal.

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El Consejo de Ministros creó en su día la llamada CORA para, en un breve plazo, tras recabar información de las Administraciones Públicas y de sus Departamentos, Consejerías, Plenos, Comisiones, órganos, Organismos y demás infinitas entidades que habitan el universo del  sector público, después de estudiar los datos y generar ideas reformadoras, emitir un informe sobre los defectos, errores, aciertos y soluciones que gravitan sobre la Administración Pública en su conjunto. Para ello se ha contado con la participación de diversos agentes sociales –entre los que se encuentra FEDECA– y sólo a través de la participación ciudadana se han recibido más de 2.000 sugerencias.

El resultado es un voluminoso informe de 250 páginas, presentado el 21 de junio de 2013 y publicado en la web de Moncloa, donde, aparte de la proposición de medidas de carácter general, se articulan las más específicas relativas a cada una de las cuatro subcomisiones en las que se dividió la CORA: Duplicidades Administrativas, Simplificación Administrativa, Gestión de Servicios y Medios Comunes y Administración Institucional. En total, 217 medidas.

Llama la atención, en primer lugar, la buena acogida de las medidas reformadoras, tanto en los medios de comunicación como incluso en los grupos políticos de oposición; cosa lamentablemente infrecuente en nuestro país, incapaz de alabar lo bueno que haga aquel a quien se considera enemigo.

Y es que la lectura del diagnóstico y de los remedios a aplicar a nuestra Administración parece, en general, salvo discrepancias concretas, plenas de sentido común. Entonces, ¿cómo es que hasta ahora se han permitido, sin poner freno ni remedio, situaciones y hechos como los que se describen en el informe, y que en algunos casos  no cabe sino tildar de espeluznantes?, ¿es que en España tiene que haber una situación crítica como la que venimos padeciendo para que nuestros gobernantes hagan sus deberes? Desde luego este informe evoca hacia el pasado malísimas decisiones de gobierno, peores prácticas de gestión, desidias, inercias y errores, incluso corrupciones y corruptelas, que caerán en el olvido de la irresponsabilidad personal pero que deberían, a todos los que nos ocupamos de la res publica, grabarnos a fuego  que a la Administración Pública hay que cuidarla y no abandonarla a la deriva, para cuando la crisis pase.

Una vez emitido el informe viene lo más difícil: ahora hay que ejecutarlo con decisión, superando cuantos obstáculos se presenten, con pleno respeto a los derechos de los abnegados servidores públicos y de los ciudadanos.

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En el corazón de un Abogado del Estado, cualquiera que sea su situación administrativa o su destino, late, en primer lugar, la condición de abogado. No digo que para hacer rabiar y perder la compostura a otro abogado en un pleito, sobre todo, oral, esté feo recordarle lo que nos separa y podríamos contar mil anécdotas referentes a cuando aquél se atreve a llamarnos en juicio “compañero”, la palabra sagrada que nos une sólo a nosotros. Sin embargo, todos sabemos, por dentro, que estamos más próximos a él que a otros…

Se escribe este editorial en un momento en que la Abogacía del Estado ha salido a los medios en un asunto de gran repercusión mediática. La defensa ante la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de la denominada “doctrina Parot”. Con convicción, contundencia e inteligencia se defendieron las posiciones de España por sus magníficos Abogados.

Al Abogado del Estado le puede parecer a veces que tiene  “un cliente difícil”(lo cual probablemente llamaría a la sonrisa amable a los Abogados del Estado  excedentes); pero lo que sin duda, tiene el Abogado del Estado, en muchas ocasiones, es un trabajo difícil. Y por ello lo ejerce con tan grandes dosis de responsabilidad y dedicación. Y en todos los frentes.

Del maravilloso libro “El alma de la toga”, de D. Ángel Ossorio y Gallardo reproduzco lo que en opinión del autor es ser Abogado:

El esclarecido ministerio del asesoramiento y de la defensa, va dejando en el juicio y en el proceder unas modalidades que imprimen carácter. Por ejemplo: la fuerte definición del concepto propio y simultáneamente, la antitética disposición a abandonarle, parcial o totalmente, en bien de la paz; la rapidez en la asimilación de hechos e ideas, coincidentes con las decisiones más arriesgadas, como si fueran hijas de dilatada meditación; el olvido de la conveniencia y de la comodidad personales para anteponer el interés de quien a nosotros se confía (aspecto este en que coincidimos con los médicos); el reunir en una misma mente la elevada serenidad del patriarca y la astucia maliciosa del aldeano; el cultivar a un tiempo los secarrales legislativos y el vergel frondoso de la literatura ya que nuestra misión se expresa por medio del arte; el fomento de la paciencia sin mansedumbre para con el cliente, del respeto sin humillación para con el tribunal, de la cordialidad sin extremos amistosos para con los compañeros, de la firmeza sin amor propio para el pensamiento de uno, de la consideración sin debilidades para el de los demás”.

Definición, sin duda, que es igualmente aplicable al Abogado del Estado.

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El desprestigio de la política, como antes el desprestigio de la función pública, parecen haberse convertido en los elementos precisos para la recuperación de no sé sabe muy bien el qué. Vivimos en tiempos de crisis económica que poco a poco se ha ido tornando en una crisis institucional que afecta aparentemente a todos los ámbitos. No vale nada para algunos: no vale nuestro modelo territorial, no vale nuestro modelo institucional, no vale nuestro modelo de representación política. El valor de los elementos estructurales de un Estado, de una nación, desaparece dentro de la crisis económica. El paro, el miedo a perder el puesto de trabajo, el miedo a no poder seguir manteniendo un determinado nivel de vida en todas sus extensiones y ramificaciones genera inmediatamente y de modo irremediable el pensamiento de que nada vale. Se pierde la confianza en los gestores políticos del bien común cuando el mismo está dañado o seriamente amenazado, se pierde la confianza en la función pública cuando los servicios que prestan no se sostienen económicamente, se pierde la confianza en un modelo constitucional de consenso de relaciones entre el Estado y sus territorios cuando se afirma que resulta deficitario económicamente.

 

Al final resulta que es la economía la que genera cohesión, integración y confianza en los elementos del Estado. Ante esta evidente realidad social, sin embargo, tenemos que tener la capacidad de, al menos, ponerla en duda. No cabe confundir medidas de racionalidad económica, reivindicaciones presupuestarias, financieras o el debate acerca de próximos, lejanos o inexistentes “rescates” con la idea de que España es un Estado fallido, de que nada sirve, todo debe desmontarse. España es el resultado del esfuerzo común de todos los españoles, del consenso de nuestra clase política avalado por la ciudadanía por el irrompible vínculo de la democracia.

 

Cabe recordar un eslogan que permitió a Bill Clinton convertirse en el Presidente de los  stados Unidos en 1992 y del cual simplemente eliminamos el epíteto final por inapropiado para estas páginas: “es la economía”.

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Llevamos varias legislaturas en donde se nos habla del derecho de los ciudadanos a conocer la “verdad” con distintas formas y expresiones. De igual modo, llevamos ese mismo tiempo en el que se nos habla de la necesidad de actuar con prudencia, hasta con sigilo para que podamos recuperar la “confianza”; se nos dice que hay cosas que es mejor no contar para no provocar alarmas innecesarias.

 

Verdad y confianza aparecen entonces de manera contrapuesta, como si de la verdad se pudiera conseguir generar desconfianza o como si de no contarla o ser prudentes en ello se derivara inmediata confianza.

 

En este punto cabe traer a colación lo que en hebreo significa la palabra “emunah”. Para los hebreos la verdad (“emunah”), es ante todo la seguridad o la confianza; verdadero es lo que es fiel a sí mismo y por eso digno de confianza porque da seguridad. En la filosofía clásica griega, la verdad es concebida como άλήθεια o descubrimiento del ser que se encuentra oculto por el velo de la apariencia. Por supuesto, existen infinidad de teorías filosóficas posteriores sobre esto de la “verdad”, una de las más extendidas es la de la correspondencia. Según esta teoría, la verdad consiste en una relación de adecuación o concordancia entre el entendimiento que conoce y lo real conocido como realidad.

 

Lo cierto es que yo me quedo quizá con la definición dirigida hacia la consecuencia de la verdad y no con aquéllas que pretenden definirla como fin en si misma. La verdad es lo que genera seguridad y confianza porque es fiel a sí misma, a la realidad.

 

Pidiendo ya disculpas por la diatriba filosófica, la finalidad de estas breves líneas no es otra que decir que sin verdad no hay confianza, no hay seguridad. La duda sobre si se conoce en parte la verdad simplemente genera desconfianza, esto siempre ha sido así y nunca ha sido ni será de otra manera. Lo que debe generar confianza no son los gobiernos sino los Estados y esto sólo se logra si mostramos a los Estados bajo el prisma de la verdad que no es otra cosa que su realidad y de conseguir esto sí son responsables los gobiernos.

 

Los bailes de cifras, de imputación de responsabilidades por nefastas gestiones o la negación de la realidad contando con prudencia medias verdades, no permite nunca generar confianza ni en los Estados ni en los ciudadanos que los componen. La confianza es más que nada una creencia que permite estimar lo que una persona será capaz de hacer de una determinada manera frente a una situación dada, pero si no conocemos esta situación, si no conocemos la realidad, no existe opción alguna de generar confianza y por tanto, la menos mala de las consecuencias será que los ciudadanos, los trabajadores, las empresas, etcétera, no hagan nada y del inmovilismo ya se sabe lo que dicen: no va a ninguna parte.

 

Verdad, confianza y movimiento; y en ese orden, por favor.

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Número 35
Verdad, confianza y movimiento

Llevamos varias legislaturas en donde se nos habla del derecho de los ciudadanos a conocer la “verdad”…

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Número 49


Esperanza

El 11 de noviembre de 1977 se celebró la Asamblea constituyente de nuestra Asociación y, transcurridos algo más de cuarenta años, celebramos el pasado 14 de diciembre la Asamblea General correspondiente al año 2018, en la que, además, renovamos parcialmente nuestro Consejo Directivo.

 

 Transcurrido ya un largo periodo desde la constitución de la Asociación, al albur de la renovación de nuestro Consejo y agradeciendo siempre la labor de todos los que han trabajado y trabajan en la misma, podríamos preguntarnos si se mantienen las razones que impulsaron su creación “para el fomento y defensa de los intereses profesionales y corporativos de los Abogados del Estado” (art.4 de los Estatutos).

 

 Como tuvimos ocasión de analizar en nuestra última Asamblea General, se mantienen todas y cada una de las razones que impulsaron la creación de nuestra Asociación, que presenta, como singularidad que nos parece más que notable, su unidad. No resulta ocioso recordar que, a diferencia de otros Cuerpos de nuestra Administración en los que coexisten distintas Asociaciones, en nuestro caso, desde su creación, siempre ha existido una única Asociación, en la que tienen cabida todos los compañeros que deciden formar parte de la misma, conforme a los principios de libre adhesión y baja voluntaria.

 

 El valor de la unidad en la Asociación, cualquiera que sea las acepciones que tomemos del término, nos lleva a trabajar desde la misma, buscando ese fomento y defensa de los intereses del Cuerpo de Abogados del Estado, que son la verdadera razón de ser que lleva a que seamos muchos los compañeros que permanecemos en la misma. Lógicamente, ese trabajo siempre está sujeto a la sana crítica de los compañeros, que son quienes conforman la base que pretendemos mantener y mejorar desde el Consejo Directivo. Escuchar, aprender e impulsar las acciones asociativas que tutelan nuestros intereses profesionales y corporativos deben ser las líneas de trabajo de nuestro Consejo.

 

 Las últimas elecciones al Consejo ponen de manifiesto que existe interés corporativo y que son numerosos los compañeros que quieren participar activamente en la Asociación. Así se apreció tanto por la presencia de numerosos candidatos, a los que agradeceremos siempre su predisposición, como en el número de votos emitidos, que determinó que fuera necesario un elevado número de sufragios para poder formar parte del mismo.

 

Llegados a este punto, afrontamos nuestra tarea sabiendo que son numerosos los retos por conseguir y que queda mucho por hacer. Pero lo hacemos desde la esperanza, entendida, como recuerda Václav Havel, no como la convicción de que las cosas saldrán bien, sino como la certidumbre de que algo tiene sentido sin importar el resultado final. Para todos, desde nuestra unidad característica, lo que debe tener sentido es nuestra condición de Abogados del Estado con los valores que esta representa. Y, con esperanza, trabajar juntos por la consecución de dichos retos.