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No van a pronunciarse esta Revista ni la Asociación que la edita sobre el sentido del proyectado Estatuto, su orientación, su inserción en el ordenamiento constitucional, ni sobre pormenores de técnica jurídica. Pero sí podemos apuntar, desde el obligado distanciamiento profesional que, valga la paradoja, la revista se impone, algunas ideas generales que a cualquier jurista le suscita el texto ingresado en el Congreso. La mayor parte de ellas, por otro lado, carecen de originalidad, por haber sido apuntadas desde los más variados sectores de opinión.
Por de pronto, un dato, de hecho pero de consecuencias jurídicas de posible relevancia futura por mor del valor del precedente, es su falta de sustancia consensual. La aparente voluntad política mayoritaria que concitó su aprobación es, le pese a quien le pese, de índole exclusivamente territorial, sin extenderse ni un centímetro más allá de los límites de la Comunidad Autónoma a la que pretende regir. Un reglamento, una ley ordinaria, o una ley orgánica, incluso, pueden permitirse el lujo de la verticalidad, del partidismo, de la impronta ideológica. El precio a pagar es -siempre lo ha sido hasta ahora- el de su inmediata reforma o derogación cuando la reversibilidad de las mayorías parlamentarias ha operado. Pensamos, sinceramente, que un Estatuto de Autonomía de las características del que se proyecta no debiera permitirse el lujo de tan exiguo consenso. Prolongar mucho tiempo la cohabitación con demonios familiares de tan amargo regusto, como inevitablemente sucederá si las cosas siguen por la vía que parecen ir, no parece bueno para la salud de la cosa pública española.
La revista y la Asociación que la edita no tienen ideología, en el sentido fuerte del término, lo que no quiere decir -seguramente al contrario- que no gusten de reflexionar sobre la ideología de las normas.
Y no es descabellado decir que un excesivo lastre ideológico en una norma organizativa de tan alto rango como un Estatuto de autonomía, tan agobiante como el que transpira el proyecto de estatuto, posiblemente no sea tampoco bueno para una sociedad (¡Cataluña!) cuya sociedad civil aspira, o aspiraba, o aspiró, a ser vanguardia de libertad en una España hoy felizmente modernizada.
Los últimos años, de la mano del progresivo afianzamiento de las instituciones democráticas, los juristas nos hemos venido acostumbrando, insensiblemente, a trabajar -incluso en los más altos rangos normativos- con normas de portante preponderantemente instrumental, operativas, al servicio muchas veces de políticas determinadas pero no tributarias de un concreto designio ideológico, sino destinadas a servir de cauce o instrumento al pluralismo que la Constitución enmarca como uno de los valores superiores del ordenamiento. Es lógico, por ello, que esos mismos juristas sintamos, por lo menos, un notable desasosiego al contemplar un proyecto normativo de tanta enjundia como un Estatuto de autonomía en el que la palabra Cataluña -la nación catalana- aparece nada más y nada menos que cuatrocientas trece veces, en el que se atribuyen a esa nación facultades volitivas, sensitivas e intelectivas tales como ejercer, afirmar, convivir fraternalmente, ofrecer su amistad, definir hechos históricos, considerar lo que es España (cuatro veces, por cierto, aparece este nombre en el articulado, dos de ellas para referirse al Banco de España, pese a que lo que se entiende como España aparece aludido en muchas más ocasiones con el pudoroso sustitutivo de Estado), y, en fin, por qué omitirlo, determinar cómo debe ser memorizada la historia.
La reiteración de obligaciones, recordatorios, admoniciones, las innecesarias repeticiones en la plasmación de derechos -redundante las más de las veces con los establecidos en la Constitución, aunque con un fumus identitario cuando menos llamativo-, y, en general, el sesgo pactista o trufado de bilateralidad negocial en la definición de gran parte del ejercicio de las políticas y las competencias públicas, conforman un regresivo panorama que -no es aventurado decir- perturbaría quizás un tanto, entre otras cosas a las que no debemos aludir aquí, la intelección de nuestro Derecho público.
Sin duda alguna, la tramitación parlamentaria del proyecto estatutario será una buena ocasión para aunar las voluntades consensuadas y -por qué no- para que luzca el sentido del bien común en el perfeccionamiento y mejora de un Estado y de la nación que lo sustenta en los que nadie pueda sentirse extraño y en los que todos se sientan -nos sintamos- reconocidos y protegidos. Esperemos, con más o con menos convicción, que así sea.
Hecho el breve comentario que precede, la Revista de la Asociación de Abogados del Estado queda abierta, en éste y en los demás temas que más señaladamente afectan al devenir de nuestro país, al debate, al análisis y a la confrontación de opiniones en libertad.

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Bien puede verse que la situación ha cambiado radicalmente. La defensa del Estado ha asumido una proyección exterior esencial, y no sólo en el más inmediato foro de la Unión Europea.

El establecimiento de relaciones y el intercambio de modos de actuar y de formas de organizarse con otros sistemas jurídicos aparecen como una de las principales fuerzas que van a conformar aquello en lo que nos convertiremos a medio plazo. De ahí el indudable interés que ofrece la iniciativa que la Revista de la Asociación de Abogados del Estado comienza en este número con el artículo "La asistencia jurídica a la Administración Federal y sus agencias: Canadá", cuyo autor es nuestro compañero Miguel Angel Gilabert.

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El 1 de enero, el luxemburgués Jean-Claude Juncker ha tomado posesión de la presidencia, por primera vez con carácter estable -dos años-, del llamado `Euro grupo', el Consejo de Finanzas de la zona euro, al tiempo que asume la presidencia de turno, por seis meses, de la Unión Europea (UE).

En febrero, el día 20, la Carta Magna europea es sometida a referéndum en España, en tanto que a lo largo de este mes se celebran elecciones en otros países, como Portugal y Chipre.

El primer trimestre de 2005 se cierra, en marzo, con la modificación en Francia de su Constitución, para adaptarla a la europea, la aprobación en la UE del Pacto de Estabilidad y la revisión, por parte de los líderes europeos, del cumplimiento o incumplimiento de los objetivos de la Agenda de Lisboa.

El segundo trimestre de 2005 seguirá teniendo una intensa actividad europeísta. Portugal celebra su referéndum sobre la Constitución europea, mientras que en mayo en el Reino Unido se convocarán, muy probablemente, elecciones.

En junio, es Francia la que tendrá su referéndum europeo sobre la Carta Magna. En este mes, probablemente el día 30, habrá que alcanzar un acuerdo sobre las Perspectivas Financieras de la UE. Y el 1 de julio, la presidencia luxemburguesa de la UE pasará el relevo al Reino Unido por los siguientes seis meses de 2005.

Esto, en cuanto a Europa. En España, el calendario político está idénticamente repleto de asuntos candentes, como las diversas elecciones autonómicas (vascas, gallegas...) que tendrán lugar, las diferentes iniciativas encaminadas a reformar los Estatutos de Autonomía de varias comunidades y, cómo no citarlo, el asunto que a comienzos de este año se revela como el más grave: el denominado Plan Ibarretxe.

Son muchos los foros en los que ya se están llevando a cabo las discusiones políticas desde una u otra perspectiva, tanto por el Plan Ibarretxe como por la Constitución europea. En nuestro caso, en el presente número aportamos un interesante artículo de Antonio Hernández Mancha al respecto.

En el momento de escribir este editorial aún no se ha celebrado el citado referéndum del 20 de febrero. Pero desde esta tribuna queremos manifestar nuestro deseo y confianza en que, sea cual fuere el resultado final de la consulta, los ciudadanos se documenten previamente para poder emitir su voto bien meditado, independientemente del fragor de batallas e intereses coyunturales políticos.
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La Constitución, como norma de normas, no puede ser una excepción a la idea de cambio. Cierto que como norma superior debe estar dotada de una mayor estabilidad que aquellas otras normas de rango inferior que cotidianamente le presentan batalla a la realidad.

Va a hacer 26 años que se aprobó nuestra Constitución y sólo ha tenido una leve reforma relativa al derecho de sufragio pasivo que ni siquiera precisó de referéndum para su aprobación. Surgen hoy nuevas tensiones provocadas de manera muy especial por el reparto territorial del poder político. Y son cuestiones que, ganado ya, tras todos estos años de constante esfuerzo, un fuerte equilibrio político y social, tienen hoy mayor importancia que en el año 1978.

En cualquier caso, dos ideas básicas deben presidir cualquier intento de reforma: en primer lugar, debe informarse del mismo –o mayor– consenso político que hubo en su elaboración y, desde luego, ser objeto, en la cuestión territorial –como en las otras que se están planteando relativas a la Corona, por ejemplo–, de referéndum ciudadano y, en segundo lugar, debe garantizar que un conjunto –mayor o menor– de derechos y obligaciones de contenido político, social y económico sean idénticos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio de España." ["fecha"]=> string(19) "2005-01-18 00:00:00" ["categoria"]=> string(9) "editorial" ["id_imagen"]=> string(3) "751" ["imagen"]=> string(14) "1256220703.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } }
Número 12
enero a junio 2006 - Especial CXXV aniversario - 1ª parte El Estatuto de Autonomía de Cataluña.

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Por de pronto, un dato, de hecho pero de consecuencias jurídicas de posible relevancia futura por mor del valor del precedente, es su falta de sustancia consensual. La aparente voluntad política mayoritaria que concitó su aprobación es, le pese a quien le pese, de índole exclusivamente territorial, sin extenderse ni un centímetro más allá de los límites de la Comunidad Autónoma a la que pretende regir. Un reglamento, una ley ordinaria, o una ley orgánica, incluso, pueden permitirse el lujo de la verticalidad, del partidismo, de la impronta ideológica. El precio a pagar es -siempre lo ha sido hasta ahora- el de su inmediata reforma o derogación cuando la reversibilidad de las mayorías parlamentarias ha operado. Pensamos, sinceramente, que un Estatuto de Autonomía de las características del que se proyecta no debiera permitirse el lujo de tan exiguo consenso. Prolongar mucho tiempo la cohabitación con demonios familiares de tan amargo regusto, como inevitablemente sucederá si las cosas siguen por la vía que parecen ir, no parece bueno para la salud de la cosa pública española.
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Los últimos años, de la mano del progresivo afianzamiento de las instituciones democráticas, los juristas nos hemos venido acostumbrando, insensiblemente, a trabajar -incluso en los más altos rangos normativos- con normas de portante preponderantemente instrumental, operativas, al servicio muchas veces de políticas determinadas pero no tributarias de un concreto designio ideológico, sino destinadas a servir de cauce o instrumento al pluralismo que la Constitución enmarca como uno de los valores superiores del ordenamiento. Es lógico, por ello, que esos mismos juristas sintamos, por lo menos, un notable desasosiego al contemplar un proyecto normativo de tanta enjundia como un Estatuto de autonomía en el que la palabra Cataluña -la nación catalana- aparece nada más y nada menos que cuatrocientas trece veces, en el que se atribuyen a esa nación facultades volitivas, sensitivas e intelectivas tales como ejercer, afirmar, convivir fraternalmente, ofrecer su amistad, definir hechos históricos, considerar lo que es España (cuatro veces, por cierto, aparece este nombre en el articulado, dos de ellas para referirse al Banco de España, pese a que lo que se entiende como España aparece aludido en muchas más ocasiones con el pudoroso sustitutivo de Estado), y, en fin, por qué omitirlo, determinar cómo debe ser memorizada la historia.
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Sin duda alguna, la tramitación parlamentaria del proyecto estatutario será una buena ocasión para aunar las voluntades consensuadas y -por qué no- para que luzca el sentido del bien común en el perfeccionamiento y mejora de un Estado y de la nación que lo sustenta en los que nadie pueda sentirse extraño y en los que todos se sientan -nos sintamos- reconocidos y protegidos. Esperemos, con más o con menos convicción, que así sea.
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Número 11
octubre a diciembre 2005

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Los últimos años, de la mano del progresivo afianzamiento de las instituciones democráticas, los juristas nos hemos venido acostumbrando, insensiblemente, a trabajar -incluso en los más altos rangos normativos- con normas de portante preponderantemente instrumental, operativas, al servicio muchas veces de políticas determinadas pero no tributarias de un concreto designio ideológico, sino destinadas a servir de cauce o instrumento al pluralismo que la Constitución enmarca como uno de los valores superiores del ordenamiento. Es lógico, por ello, que esos mismos juristas sintamos, por lo menos, un notable desasosiego al contemplar un proyecto normativo de tanta enjundia como un Estatuto de autonomía en el que la palabra Cataluña -la nación catalana- aparece nada más y nada menos que cuatrocientas trece veces, en el que se atribuyen a esa nación facultades volitivas, sensitivas e intelectivas tales como ejercer, afirmar, convivir fraternalmente, ofrecer su amistad, definir hechos históricos, considerar lo que es España (cuatro veces, por cierto, aparece este nombre en el articulado, dos de ellas para referirse al Banco de España, pese a que lo que se entiende como España aparece aludido en muchas más ocasiones con el pudoroso sustitutivo de Estado), y, en fin, por qué omitirlo, determinar cómo debe ser memorizada la historia.
La reiteración de obligaciones, recordatorios, admoniciones, las innecesarias repeticiones en la plasmación de derechos -redundante las más de las veces con los establecidos en la Constitución, aunque con un fumus identitario cuando menos llamativo-, y, en general, el sesgo pactista o trufado de bilateralidad negocial en la definición de gran parte del ejercicio de las políticas y las competencias públicas, conforman un regresivo panorama que -no es aventurado decir- perturbaría quizás un tanto, entre otras cosas a las que no debemos aludir aquí, la intelección de nuestro Derecho público.
Sin duda alguna, la tramitación parlamentaria del proyecto estatutario será una buena ocasión para aunar las voluntades consensuadas y -por qué no- para que luzca el sentido del bien común en el perfeccionamiento y mejora de un Estado y de la nación que lo sustenta en los que nadie pueda sentirse extraño y en los que todos se sientan -nos sintamos- reconocidos y protegidos. Esperemos, con más o con menos convicción, que así sea.
Hecho el breve comentario que precede, la Revista de la Asociación de Abogados del Estado queda abierta, en éste y en los demás temas que más señaladamente afectan al devenir de nuestro país, al debate, al análisis y a la confrontación de opiniones en libertad.

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Bien puede verse que la situación ha cambiado radicalmente. La defensa del Estado ha asumido una proyección exterior esencial, y no sólo en el más inmediato foro de la Unión Europea.

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El 1 de enero, el luxemburgués Jean-Claude Juncker ha tomado posesión de la presidencia, por primera vez con carácter estable -dos años-, del llamado `Euro grupo', el Consejo de Finanzas de la zona euro, al tiempo que asume la presidencia de turno, por seis meses, de la Unión Europea (UE).

En febrero, el día 20, la Carta Magna europea es sometida a referéndum en España, en tanto que a lo largo de este mes se celebran elecciones en otros países, como Portugal y Chipre.

El primer trimestre de 2005 se cierra, en marzo, con la modificación en Francia de su Constitución, para adaptarla a la europea, la aprobación en la UE del Pacto de Estabilidad y la revisión, por parte de los líderes europeos, del cumplimiento o incumplimiento de los objetivos de la Agenda de Lisboa.

El segundo trimestre de 2005 seguirá teniendo una intensa actividad europeísta. Portugal celebra su referéndum sobre la Constitución europea, mientras que en mayo en el Reino Unido se convocarán, muy probablemente, elecciones.

En junio, es Francia la que tendrá su referéndum europeo sobre la Carta Magna. En este mes, probablemente el día 30, habrá que alcanzar un acuerdo sobre las Perspectivas Financieras de la UE. Y el 1 de julio, la presidencia luxemburguesa de la UE pasará el relevo al Reino Unido por los siguientes seis meses de 2005.

Esto, en cuanto a Europa. En España, el calendario político está idénticamente repleto de asuntos candentes, como las diversas elecciones autonómicas (vascas, gallegas...) que tendrán lugar, las diferentes iniciativas encaminadas a reformar los Estatutos de Autonomía de varias comunidades y, cómo no citarlo, el asunto que a comienzos de este año se revela como el más grave: el denominado Plan Ibarretxe.

Son muchos los foros en los que ya se están llevando a cabo las discusiones políticas desde una u otra perspectiva, tanto por el Plan Ibarretxe como por la Constitución europea. En nuestro caso, en el presente número aportamos un interesante artículo de Antonio Hernández Mancha al respecto.

En el momento de escribir este editorial aún no se ha celebrado el citado referéndum del 20 de febrero. Pero desde esta tribuna queremos manifestar nuestro deseo y confianza en que, sea cual fuere el resultado final de la consulta, los ciudadanos se documenten previamente para poder emitir su voto bien meditado, independientemente del fragor de batallas e intereses coyunturales políticos.
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La Constitución, como norma de normas, no puede ser una excepción a la idea de cambio. Cierto que como norma superior debe estar dotada de una mayor estabilidad que aquellas otras normas de rango inferior que cotidianamente le presentan batalla a la realidad.

Va a hacer 26 años que se aprobó nuestra Constitución y sólo ha tenido una leve reforma relativa al derecho de sufragio pasivo que ni siquiera precisó de referéndum para su aprobación. Surgen hoy nuevas tensiones provocadas de manera muy especial por el reparto territorial del poder político. Y son cuestiones que, ganado ya, tras todos estos años de constante esfuerzo, un fuerte equilibrio político y social, tienen hoy mayor importancia que en el año 1978.

En cualquier caso, dos ideas básicas deben presidir cualquier intento de reforma: en primer lugar, debe informarse del mismo –o mayor– consenso político que hubo en su elaboración y, desde luego, ser objeto, en la cuestión territorial –como en las otras que se están planteando relativas a la Corona, por ejemplo–, de referéndum ciudadano y, en segundo lugar, debe garantizar que un conjunto –mayor o menor– de derechos y obligaciones de contenido político, social y económico sean idénticos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio de España." ["fecha"]=> string(19) "2005-01-18 00:00:00" ["categoria"]=> string(9) "editorial" ["id_imagen"]=> string(3) "751" ["imagen"]=> string(14) "1256220703.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } }
Número 10
julio a septiembre 2005 La defensa jurídica del Estado en los países de nuestro entorno

La necesidad de organizar la defensa jurídica del Estado se manifiesta en todos los sistemas de Derecho tan pronto…

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No van a pronunciarse esta Revista ni la Asociación que la edita sobre el sentido del proyectado Estatuto, su orientación, su inserción en el ordenamiento constitucional, ni sobre pormenores de técnica jurídica. Pero sí podemos apuntar, desde el obligado distanciamiento profesional que, valga la paradoja, la revista se impone, algunas ideas generales que a cualquier jurista le suscita el texto ingresado en el Congreso. La mayor parte de ellas, por otro lado, carecen de originalidad, por haber sido apuntadas desde los más variados sectores de opinión.
Por de pronto, un dato, de hecho pero de consecuencias jurídicas de posible relevancia futura por mor del valor del precedente, es su falta de sustancia consensual. La aparente voluntad política mayoritaria que concitó su aprobación es, le pese a quien le pese, de índole exclusivamente territorial, sin extenderse ni un centímetro más allá de los límites de la Comunidad Autónoma a la que pretende regir. Un reglamento, una ley ordinaria, o una ley orgánica, incluso, pueden permitirse el lujo de la verticalidad, del partidismo, de la impronta ideológica. El precio a pagar es -siempre lo ha sido hasta ahora- el de su inmediata reforma o derogación cuando la reversibilidad de las mayorías parlamentarias ha operado. Pensamos, sinceramente, que un Estatuto de Autonomía de las características del que se proyecta no debiera permitirse el lujo de tan exiguo consenso. Prolongar mucho tiempo la cohabitación con demonios familiares de tan amargo regusto, como inevitablemente sucederá si las cosas siguen por la vía que parecen ir, no parece bueno para la salud de la cosa pública española.
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Sin duda alguna, la tramitación parlamentaria del proyecto estatutario será una buena ocasión para aunar las voluntades consensuadas y -por qué no- para que luzca el sentido del bien común en el perfeccionamiento y mejora de un Estado y de la nación que lo sustenta en los que nadie pueda sentirse extraño y en los que todos se sientan -nos sintamos- reconocidos y protegidos. Esperemos, con más o con menos convicción, que así sea.
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Número 09
abril a junio 2005 Europa, ante su Constitución: La hora de la verdad

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Sin duda alguna, la tramitación parlamentaria del proyecto estatutario será una buena ocasión para aunar las voluntades consensuadas y -por qué no- para que luzca el sentido del bien común en el perfeccionamiento y mejora de un Estado y de la nación que lo sustenta en los que nadie pueda sentirse extraño y en los que todos se sientan -nos sintamos- reconocidos y protegidos. Esperemos, con más o con menos convicción, que así sea.
Hecho el breve comentario que precede, la Revista de la Asociación de Abogados del Estado queda abierta, en éste y en los demás temas que más señaladamente afectan al devenir de nuestro país, al debate, al análisis y a la confrontación de opiniones en libertad.

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En efecto, la práctica inexistencia hasta fechas muy recientes de foros en los que compitan entre sí estos distintos modos de organizarse, su estrecha vinculación a la estructura jurídico-política propia de cada uno de los países, junto con otras consideraciones, como por ejemplo el rechazo unánime que provoca la idea del litigio de un Estado ante el poder judicial de otro, han supuesto que las distintas formas en la representación y defensa jurídica del Estado en los países de nuestro entorno se hayan desarrollado poco menos que como compartimentos estancos.

Bien puede verse que la situación ha cambiado radicalmente. La defensa del Estado ha asumido una proyección exterior esencial, y no sólo en el más inmediato foro de la Unión Europea.

El establecimiento de relaciones y el intercambio de modos de actuar y de formas de organizarse con otros sistemas jurídicos aparecen como una de las principales fuerzas que van a conformar aquello en lo que nos convertiremos a medio plazo. De ahí el indudable interés que ofrece la iniciativa que la Revista de la Asociación de Abogados del Estado comienza en este número con el artículo "La asistencia jurídica a la Administración Federal y sus agencias: Canadá", cuyo autor es nuestro compañero Miguel Angel Gilabert.

Esta serie de artículos tiene como destino el análisis de los elementos más esenciales de la materia en los distintos Estados de nuestro entorno jurídico, elementos que en todo caso nos permitirán para realizar una reflexión sobre nuestro centenario modelo y sus perspectivas de futuro." ["fecha"]=> string(19) "2005-09-16 00:00:00" ["categoria"]=> string(9) "editorial" ["id_imagen"]=> string(3) "753" ["imagen"]=> string(14) "1256220817.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } [3]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(2) "10" ["descripcion"]=> string(18) "abril a junio 2005" ["numero"]=> string(2) "09" ["pdf"]=> string(14) "revista_10.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> string(51) "Europa, ante su Constitución: La hora de la verdad" ["noticia"]=> string(2776) "Con 2005 se ha iniciado "la hora de la verdad" para Europa. El calendario del año está completo y no vamos a enumerar aquí, pormenorizadamente, todas sus previsiones y actividades. Pero sí citaremos algunas de las más importantes en los primeros seis meses.

El 1 de enero, el luxemburgués Jean-Claude Juncker ha tomado posesión de la presidencia, por primera vez con carácter estable -dos años-, del llamado `Euro grupo', el Consejo de Finanzas de la zona euro, al tiempo que asume la presidencia de turno, por seis meses, de la Unión Europea (UE).

En febrero, el día 20, la Carta Magna europea es sometida a referéndum en España, en tanto que a lo largo de este mes se celebran elecciones en otros países, como Portugal y Chipre.

El primer trimestre de 2005 se cierra, en marzo, con la modificación en Francia de su Constitución, para adaptarla a la europea, la aprobación en la UE del Pacto de Estabilidad y la revisión, por parte de los líderes europeos, del cumplimiento o incumplimiento de los objetivos de la Agenda de Lisboa.

El segundo trimestre de 2005 seguirá teniendo una intensa actividad europeísta. Portugal celebra su referéndum sobre la Constitución europea, mientras que en mayo en el Reino Unido se convocarán, muy probablemente, elecciones.

En junio, es Francia la que tendrá su referéndum europeo sobre la Carta Magna. En este mes, probablemente el día 30, habrá que alcanzar un acuerdo sobre las Perspectivas Financieras de la UE. Y el 1 de julio, la presidencia luxemburguesa de la UE pasará el relevo al Reino Unido por los siguientes seis meses de 2005.

Esto, en cuanto a Europa. En España, el calendario político está idénticamente repleto de asuntos candentes, como las diversas elecciones autonómicas (vascas, gallegas...) que tendrán lugar, las diferentes iniciativas encaminadas a reformar los Estatutos de Autonomía de varias comunidades y, cómo no citarlo, el asunto que a comienzos de este año se revela como el más grave: el denominado Plan Ibarretxe.

Son muchos los foros en los que ya se están llevando a cabo las discusiones políticas desde una u otra perspectiva, tanto por el Plan Ibarretxe como por la Constitución europea. En nuestro caso, en el presente número aportamos un interesante artículo de Antonio Hernández Mancha al respecto.

En el momento de escribir este editorial aún no se ha celebrado el citado referéndum del 20 de febrero. Pero desde esta tribuna queremos manifestar nuestro deseo y confianza en que, sea cual fuere el resultado final de la consulta, los ciudadanos se documenten previamente para poder emitir su voto bien meditado, independientemente del fragor de batallas e intereses coyunturales políticos.
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La Constitución, como norma de normas, no puede ser una excepción a la idea de cambio. Cierto que como norma superior debe estar dotada de una mayor estabilidad que aquellas otras normas de rango inferior que cotidianamente le presentan batalla a la realidad.

Va a hacer 26 años que se aprobó nuestra Constitución y sólo ha tenido una leve reforma relativa al derecho de sufragio pasivo que ni siquiera precisó de referéndum para su aprobación. Surgen hoy nuevas tensiones provocadas de manera muy especial por el reparto territorial del poder político. Y son cuestiones que, ganado ya, tras todos estos años de constante esfuerzo, un fuerte equilibrio político y social, tienen hoy mayor importancia que en el año 1978.

En cualquier caso, dos ideas básicas deben presidir cualquier intento de reforma: en primer lugar, debe informarse del mismo –o mayor– consenso político que hubo en su elaboración y, desde luego, ser objeto, en la cuestión territorial –como en las otras que se están planteando relativas a la Corona, por ejemplo–, de referéndum ciudadano y, en segundo lugar, debe garantizar que un conjunto –mayor o menor– de derechos y obligaciones de contenido político, social y económico sean idénticos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio de España." ["fecha"]=> string(19) "2005-01-18 00:00:00" ["categoria"]=> string(9) "editorial" ["id_imagen"]=> string(3) "751" ["imagen"]=> string(14) "1256220703.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } }
Número 08
enero a marzo de 2005. La reforma de la Constitución Española

La norma jurídica ha de adaptarse a la realidad constantemente para poder regular las relaciones que en toda sociedad…

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Número 49


Esperanza

El 11 de noviembre de 1977 se celebró la Asamblea constituyente de nuestra Asociación y, transcurridos algo más de cuarenta años, celebramos el pasado 14 de diciembre la Asamblea General correspondiente al año 2018, en la que, además, renovamos parcialmente nuestro Consejo Directivo.

 

 Transcurrido ya un largo periodo desde la constitución de la Asociación, al albur de la renovación de nuestro Consejo y agradeciendo siempre la labor de todos los que han trabajado y trabajan en la misma, podríamos preguntarnos si se mantienen las razones que impulsaron su creación “para el fomento y defensa de los intereses profesionales y corporativos de los Abogados del Estado” (art.4 de los Estatutos).

 

 Como tuvimos ocasión de analizar en nuestra última Asamblea General, se mantienen todas y cada una de las razones que impulsaron la creación de nuestra Asociación, que presenta, como singularidad que nos parece más que notable, su unidad. No resulta ocioso recordar que, a diferencia de otros Cuerpos de nuestra Administración en los que coexisten distintas Asociaciones, en nuestro caso, desde su creación, siempre ha existido una única Asociación, en la que tienen cabida todos los compañeros que deciden formar parte de la misma, conforme a los principios de libre adhesión y baja voluntaria.

 

 El valor de la unidad en la Asociación, cualquiera que sea las acepciones que tomemos del término, nos lleva a trabajar desde la misma, buscando ese fomento y defensa de los intereses del Cuerpo de Abogados del Estado, que son la verdadera razón de ser que lleva a que seamos muchos los compañeros que permanecemos en la misma. Lógicamente, ese trabajo siempre está sujeto a la sana crítica de los compañeros, que son quienes conforman la base que pretendemos mantener y mejorar desde el Consejo Directivo. Escuchar, aprender e impulsar las acciones asociativas que tutelan nuestros intereses profesionales y corporativos deben ser las líneas de trabajo de nuestro Consejo.

 

 Las últimas elecciones al Consejo ponen de manifiesto que existe interés corporativo y que son numerosos los compañeros que quieren participar activamente en la Asociación. Así se apreció tanto por la presencia de numerosos candidatos, a los que agradeceremos siempre su predisposición, como en el número de votos emitidos, que determinó que fuera necesario un elevado número de sufragios para poder formar parte del mismo.

 

Llegados a este punto, afrontamos nuestra tarea sabiendo que son numerosos los retos por conseguir y que queda mucho por hacer. Pero lo hacemos desde la esperanza, entendida, como recuerda Václav Havel, no como la convicción de que las cosas saldrán bien, sino como la certidumbre de que algo tiene sentido sin importar el resultado final. Para todos, desde nuestra unidad característica, lo que debe tener sentido es nuestra condición de Abogados del Estado con los valores que esta representa. Y, con esperanza, trabajar juntos por la consecución de dichos retos.