Pag: 4567891011
array(5) { [0]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(2) "13" ["descripcion"]=> string(58) "enero a junio 2006 - Especial CXXV aniversario - 1ª parte" ["numero"]=> string(2) "12" ["pdf"]=> string(14) "revista_13.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> string(39) "El Estatuto de Autonomía de Cataluña." ["noticia"]=> string(5932) "La revista de la Asociación de Abogados del Estado, en su modestia, bien pudiera hacer como el mandatario chino Chu En Lai cuando, preguntado por una delegación de periodistas occidentales acerca de la opinión del Partido Comunista Chino sobre la Revolución Francesa, manifestó: “es un acontecimiento demasiado reciente; no tenemos perspectiva histórica suficiente para pronunciarnos sobre la Revolución Francesa”. Posiblemente no le faltase razón, mas los imperativos mediáticos de comienzos del siglo XXI seguramente nos obligan a decir algo, aunque sea poco, en relación con uno de los debates afectantes a la estructura territorial de España de más calado desde la Constitución de 1978, que ahora mismo ocupa la casi totalidad del espacio de la opinión pública española. Obviamente, se trata del proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña, admitido a trámite recientemente por el Congreso de los Diputados.
No van a pronunciarse esta Revista ni la Asociación que la edita sobre el sentido del proyectado Estatuto, su orientación, su inserción en el ordenamiento constitucional, ni sobre pormenores de técnica jurídica. Pero sí podemos apuntar, desde el obligado distanciamiento profesional que, valga la paradoja, la revista se impone, algunas ideas generales que a cualquier jurista le suscita el texto ingresado en el Congreso. La mayor parte de ellas, por otro lado, carecen de originalidad, por haber sido apuntadas desde los más variados sectores de opinión.
Por de pronto, un dato, de hecho pero de consecuencias jurídicas de posible relevancia futura por mor del valor del precedente, es su falta de sustancia consensual. La aparente voluntad política mayoritaria que concitó su aprobación es, le pese a quien le pese, de índole exclusivamente territorial, sin extenderse ni un centímetro más allá de los límites de la Comunidad Autónoma a la que pretende regir. Un reglamento, una ley ordinaria, o una ley orgánica, incluso, pueden permitirse el lujo de la verticalidad, del partidismo, de la impronta ideológica. El precio a pagar es -siempre lo ha sido hasta ahora- el de su inmediata reforma o derogación cuando la reversibilidad de las mayorías parlamentarias ha operado. Pensamos, sinceramente, que un Estatuto de Autonomía de las características del que se proyecta no debiera permitirse el lujo de tan exiguo consenso. Prolongar mucho tiempo la cohabitación con demonios familiares de tan amargo regusto, como inevitablemente sucederá si las cosas siguen por la vía que parecen ir, no parece bueno para la salud de la cosa pública española.
La revista y la Asociación que la edita no tienen ideología, en el sentido fuerte del término, lo que no quiere decir -seguramente al contrario- que no gusten de reflexionar sobre la ideología de las normas.
Y no es descabellado decir que un excesivo lastre ideológico en una norma organizativa de tan alto rango como un Estatuto de autonomía, tan agobiante como el que transpira el proyecto de estatuto, posiblemente no sea tampoco bueno para una sociedad (¡Cataluña!) cuya sociedad civil aspira, o aspiraba, o aspiró, a ser vanguardia de libertad en una España hoy felizmente modernizada.
Los últimos años, de la mano del progresivo afianzamiento de las instituciones democráticas, los juristas nos hemos venido acostumbrando, insensiblemente, a trabajar -incluso en los más altos rangos normativos- con normas de portante preponderantemente instrumental, operativas, al servicio muchas veces de políticas determinadas pero no tributarias de un concreto designio ideológico, sino destinadas a servir de cauce o instrumento al pluralismo que la Constitución enmarca como uno de los valores superiores del ordenamiento. Es lógico, por ello, que esos mismos juristas sintamos, por lo menos, un notable desasosiego al contemplar un proyecto normativo de tanta enjundia como un Estatuto de autonomía en el que la palabra Cataluña -la nación catalana- aparece nada más y nada menos que cuatrocientas trece veces, en el que se atribuyen a esa nación facultades volitivas, sensitivas e intelectivas tales como ejercer, afirmar, convivir fraternalmente, ofrecer su amistad, definir hechos históricos, considerar lo que es España (cuatro veces, por cierto, aparece este nombre en el articulado, dos de ellas para referirse al Banco de España, pese a que lo que se entiende como España aparece aludido en muchas más ocasiones con el pudoroso sustitutivo de Estado), y, en fin, por qué omitirlo, determinar cómo debe ser memorizada la historia.
La reiteración de obligaciones, recordatorios, admoniciones, las innecesarias repeticiones en la plasmación de derechos -redundante las más de las veces con los establecidos en la Constitución, aunque con un fumus identitario cuando menos llamativo-, y, en general, el sesgo pactista o trufado de bilateralidad negocial en la definición de gran parte del ejercicio de las políticas y las competencias públicas, conforman un regresivo panorama que -no es aventurado decir- perturbaría quizás un tanto, entre otras cosas a las que no debemos aludir aquí, la intelección de nuestro Derecho público.
Sin duda alguna, la tramitación parlamentaria del proyecto estatutario será una buena ocasión para aunar las voluntades consensuadas y -por qué no- para que luzca el sentido del bien común en el perfeccionamiento y mejora de un Estado y de la nación que lo sustenta en los que nadie pueda sentirse extraño y en los que todos se sientan -nos sintamos- reconocidos y protegidos. Esperemos, con más o con menos convicción, que así sea.
Hecho el breve comentario que precede, la Revista de la Asociación de Abogados del Estado queda abierta, en éste y en los demás temas que más señaladamente afectan al devenir de nuestro país, al debate, al análisis y a la confrontación de opiniones en libertad.

" ["fecha"]=> string(19) "2006-02-13 00:00:00" ["categoria"]=> string(9) "editorial" ["id_imagen"]=> string(3) "741" ["imagen"]=> string(14) "1256210228.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } [1]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(2) "12" ["descripcion"]=> string(24) "octubre a diciembre 2005" ["numero"]=> string(2) "11" ["pdf"]=> string(14) "revista_12.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> NULL ["noticia"]=> NULL ["fecha"]=> NULL ["categoria"]=> NULL ["id_imagen"]=> string(3) "742" ["imagen"]=> string(14) "1256210267.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } [2]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(2) "11" ["descripcion"]=> string(23) "julio a septiembre 2005" ["numero"]=> string(2) "10" ["pdf"]=> string(14) "revista_11.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> string(65) "La defensa jurídica del Estado en los países de nuestro entorno" ["noticia"]=> string(1907) "La necesidad de organizar la defensa jurídica del Estado se manifiesta en todos los sistemas de Derecho tan pronto como surge la consideración del Estado como persona jurídica responsable. No obstante, esta necesidad se soluciona de manera peculiar y distinta en cada una de las naciones.

En efecto, la práctica inexistencia hasta fechas muy recientes de foros en los que compitan entre sí estos distintos modos de organizarse, su estrecha vinculación a la estructura jurídico-política propia de cada uno de los países, junto con otras consideraciones, como por ejemplo el rechazo unánime que provoca la idea del litigio de un Estado ante el poder judicial de otro, han supuesto que las distintas formas en la representación y defensa jurídica del Estado en los países de nuestro entorno se hayan desarrollado poco menos que como compartimentos estancos.

Bien puede verse que la situación ha cambiado radicalmente. La defensa del Estado ha asumido una proyección exterior esencial, y no sólo en el más inmediato foro de la Unión Europea.

El establecimiento de relaciones y el intercambio de modos de actuar y de formas de organizarse con otros sistemas jurídicos aparecen como una de las principales fuerzas que van a conformar aquello en lo que nos convertiremos a medio plazo. De ahí el indudable interés que ofrece la iniciativa que la Revista de la Asociación de Abogados del Estado comienza en este número con el artículo "La asistencia jurídica a la Administración Federal y sus agencias: Canadá", cuyo autor es nuestro compañero Miguel Angel Gilabert.

Esta serie de artículos tiene como destino el análisis de los elementos más esenciales de la materia en los distintos Estados de nuestro entorno jurídico, elementos que en todo caso nos permitirán para realizar una reflexión sobre nuestro centenario modelo y sus perspectivas de futuro." ["fecha"]=> string(19) "2005-09-16 00:00:00" ["categoria"]=> string(9) "editorial" ["id_imagen"]=> string(3) "753" ["imagen"]=> string(14) "1256220817.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } [3]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(2) "10" ["descripcion"]=> string(18) "abril a junio 2005" ["numero"]=> string(2) "09" ["pdf"]=> string(14) "revista_10.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> string(51) "Europa, ante su Constitución: La hora de la verdad" ["noticia"]=> string(2776) "Con 2005 se ha iniciado "la hora de la verdad" para Europa. El calendario del año está completo y no vamos a enumerar aquí, pormenorizadamente, todas sus previsiones y actividades. Pero sí citaremos algunas de las más importantes en los primeros seis meses.

El 1 de enero, el luxemburgués Jean-Claude Juncker ha tomado posesión de la presidencia, por primera vez con carácter estable -dos años-, del llamado `Euro grupo', el Consejo de Finanzas de la zona euro, al tiempo que asume la presidencia de turno, por seis meses, de la Unión Europea (UE).

En febrero, el día 20, la Carta Magna europea es sometida a referéndum en España, en tanto que a lo largo de este mes se celebran elecciones en otros países, como Portugal y Chipre.

El primer trimestre de 2005 se cierra, en marzo, con la modificación en Francia de su Constitución, para adaptarla a la europea, la aprobación en la UE del Pacto de Estabilidad y la revisión, por parte de los líderes europeos, del cumplimiento o incumplimiento de los objetivos de la Agenda de Lisboa.

El segundo trimestre de 2005 seguirá teniendo una intensa actividad europeísta. Portugal celebra su referéndum sobre la Constitución europea, mientras que en mayo en el Reino Unido se convocarán, muy probablemente, elecciones.

En junio, es Francia la que tendrá su referéndum europeo sobre la Carta Magna. En este mes, probablemente el día 30, habrá que alcanzar un acuerdo sobre las Perspectivas Financieras de la UE. Y el 1 de julio, la presidencia luxemburguesa de la UE pasará el relevo al Reino Unido por los siguientes seis meses de 2005.

Esto, en cuanto a Europa. En España, el calendario político está idénticamente repleto de asuntos candentes, como las diversas elecciones autonómicas (vascas, gallegas...) que tendrán lugar, las diferentes iniciativas encaminadas a reformar los Estatutos de Autonomía de varias comunidades y, cómo no citarlo, el asunto que a comienzos de este año se revela como el más grave: el denominado Plan Ibarretxe.

Son muchos los foros en los que ya se están llevando a cabo las discusiones políticas desde una u otra perspectiva, tanto por el Plan Ibarretxe como por la Constitución europea. En nuestro caso, en el presente número aportamos un interesante artículo de Antonio Hernández Mancha al respecto.

En el momento de escribir este editorial aún no se ha celebrado el citado referéndum del 20 de febrero. Pero desde esta tribuna queremos manifestar nuestro deseo y confianza en que, sea cual fuere el resultado final de la consulta, los ciudadanos se documenten previamente para poder emitir su voto bien meditado, independientemente del fragor de batallas e intereses coyunturales políticos.
" ["fecha"]=> string(19) "2005-02-14 00:00:00" ["categoria"]=> string(9) "editorial" ["id_imagen"]=> string(3) "752" ["imagen"]=> string(14) "1256220786.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } [4]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(1) "9" ["descripcion"]=> string(22) "enero a marzo de 2005." ["numero"]=> string(2) "08" ["pdf"]=> string(13) "revista_9.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> string(40) "La reforma de la Constitución Española" ["noticia"]=> string(1840) "La norma jurídica ha de adaptarse a la realidad constantemente para poder regular las relaciones que en toda sociedad cambiante se van produciendo. La norma inmóvil al cambio se va tornando ineficaz pues en realidad es su uso el que va adquiriendo valor normativo y ya no la norma misma y la jurisprudencia la que va modernizándola en una función que no le debería ser propia desde una estricta división de poderes y que siempre genera inseguridad por su incertidumbre en el ciudadano afectado.

La Constitución, como norma de normas, no puede ser una excepción a la idea de cambio. Cierto que como norma superior debe estar dotada de una mayor estabilidad que aquellas otras normas de rango inferior que cotidianamente le presentan batalla a la realidad.

Va a hacer 26 años que se aprobó nuestra Constitución y sólo ha tenido una leve reforma relativa al derecho de sufragio pasivo que ni siquiera precisó de referéndum para su aprobación. Surgen hoy nuevas tensiones provocadas de manera muy especial por el reparto territorial del poder político. Y son cuestiones que, ganado ya, tras todos estos años de constante esfuerzo, un fuerte equilibrio político y social, tienen hoy mayor importancia que en el año 1978.

En cualquier caso, dos ideas básicas deben presidir cualquier intento de reforma: en primer lugar, debe informarse del mismo –o mayor– consenso político que hubo en su elaboración y, desde luego, ser objeto, en la cuestión territorial –como en las otras que se están planteando relativas a la Corona, por ejemplo–, de referéndum ciudadano y, en segundo lugar, debe garantizar que un conjunto –mayor o menor– de derechos y obligaciones de contenido político, social y económico sean idénticos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio de España." ["fecha"]=> string(19) "2005-01-18 00:00:00" ["categoria"]=> string(9) "editorial" ["id_imagen"]=> string(3) "751" ["imagen"]=> string(14) "1256220703.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } }
Número 12
enero a junio 2006 - Especial CXXV aniversario - 1ª parte El Estatuto de Autonomía de Cataluña.

La revista de la Asociación de Abogados del Estado, en su modestia, bien pudiera hacer como el mandatario chino…

array(5) { [0]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(2) "13" ["descripcion"]=> string(58) "enero a junio 2006 - Especial CXXV aniversario - 1ª parte" ["numero"]=> string(2) "12" ["pdf"]=> string(14) "revista_13.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> string(39) "El Estatuto de Autonomía de Cataluña." ["noticia"]=> string(5932) "La revista de la Asociación de Abogados del Estado, en su modestia, bien pudiera hacer como el mandatario chino Chu En Lai cuando, preguntado por una delegación de periodistas occidentales acerca de la opinión del Partido Comunista Chino sobre la Revolución Francesa, manifestó: “es un acontecimiento demasiado reciente; no tenemos perspectiva histórica suficiente para pronunciarnos sobre la Revolución Francesa”. Posiblemente no le faltase razón, mas los imperativos mediáticos de comienzos del siglo XXI seguramente nos obligan a decir algo, aunque sea poco, en relación con uno de los debates afectantes a la estructura territorial de España de más calado desde la Constitución de 1978, que ahora mismo ocupa la casi totalidad del espacio de la opinión pública española. Obviamente, se trata del proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña, admitido a trámite recientemente por el Congreso de los Diputados.
No van a pronunciarse esta Revista ni la Asociación que la edita sobre el sentido del proyectado Estatuto, su orientación, su inserción en el ordenamiento constitucional, ni sobre pormenores de técnica jurídica. Pero sí podemos apuntar, desde el obligado distanciamiento profesional que, valga la paradoja, la revista se impone, algunas ideas generales que a cualquier jurista le suscita el texto ingresado en el Congreso. La mayor parte de ellas, por otro lado, carecen de originalidad, por haber sido apuntadas desde los más variados sectores de opinión.
Por de pronto, un dato, de hecho pero de consecuencias jurídicas de posible relevancia futura por mor del valor del precedente, es su falta de sustancia consensual. La aparente voluntad política mayoritaria que concitó su aprobación es, le pese a quien le pese, de índole exclusivamente territorial, sin extenderse ni un centímetro más allá de los límites de la Comunidad Autónoma a la que pretende regir. Un reglamento, una ley ordinaria, o una ley orgánica, incluso, pueden permitirse el lujo de la verticalidad, del partidismo, de la impronta ideológica. El precio a pagar es -siempre lo ha sido hasta ahora- el de su inmediata reforma o derogación cuando la reversibilidad de las mayorías parlamentarias ha operado. Pensamos, sinceramente, que un Estatuto de Autonomía de las características del que se proyecta no debiera permitirse el lujo de tan exiguo consenso. Prolongar mucho tiempo la cohabitación con demonios familiares de tan amargo regusto, como inevitablemente sucederá si las cosas siguen por la vía que parecen ir, no parece bueno para la salud de la cosa pública española.
La revista y la Asociación que la edita no tienen ideología, en el sentido fuerte del término, lo que no quiere decir -seguramente al contrario- que no gusten de reflexionar sobre la ideología de las normas.
Y no es descabellado decir que un excesivo lastre ideológico en una norma organizativa de tan alto rango como un Estatuto de autonomía, tan agobiante como el que transpira el proyecto de estatuto, posiblemente no sea tampoco bueno para una sociedad (¡Cataluña!) cuya sociedad civil aspira, o aspiraba, o aspiró, a ser vanguardia de libertad en una España hoy felizmente modernizada.
Los últimos años, de la mano del progresivo afianzamiento de las instituciones democráticas, los juristas nos hemos venido acostumbrando, insensiblemente, a trabajar -incluso en los más altos rangos normativos- con normas de portante preponderantemente instrumental, operativas, al servicio muchas veces de políticas determinadas pero no tributarias de un concreto designio ideológico, sino destinadas a servir de cauce o instrumento al pluralismo que la Constitución enmarca como uno de los valores superiores del ordenamiento. Es lógico, por ello, que esos mismos juristas sintamos, por lo menos, un notable desasosiego al contemplar un proyecto normativo de tanta enjundia como un Estatuto de autonomía en el que la palabra Cataluña -la nación catalana- aparece nada más y nada menos que cuatrocientas trece veces, en el que se atribuyen a esa nación facultades volitivas, sensitivas e intelectivas tales como ejercer, afirmar, convivir fraternalmente, ofrecer su amistad, definir hechos históricos, considerar lo que es España (cuatro veces, por cierto, aparece este nombre en el articulado, dos de ellas para referirse al Banco de España, pese a que lo que se entiende como España aparece aludido en muchas más ocasiones con el pudoroso sustitutivo de Estado), y, en fin, por qué omitirlo, determinar cómo debe ser memorizada la historia.
La reiteración de obligaciones, recordatorios, admoniciones, las innecesarias repeticiones en la plasmación de derechos -redundante las más de las veces con los establecidos en la Constitución, aunque con un fumus identitario cuando menos llamativo-, y, en general, el sesgo pactista o trufado de bilateralidad negocial en la definición de gran parte del ejercicio de las políticas y las competencias públicas, conforman un regresivo panorama que -no es aventurado decir- perturbaría quizás un tanto, entre otras cosas a las que no debemos aludir aquí, la intelección de nuestro Derecho público.
Sin duda alguna, la tramitación parlamentaria del proyecto estatutario será una buena ocasión para aunar las voluntades consensuadas y -por qué no- para que luzca el sentido del bien común en el perfeccionamiento y mejora de un Estado y de la nación que lo sustenta en los que nadie pueda sentirse extraño y en los que todos se sientan -nos sintamos- reconocidos y protegidos. Esperemos, con más o con menos convicción, que así sea.
Hecho el breve comentario que precede, la Revista de la Asociación de Abogados del Estado queda abierta, en éste y en los demás temas que más señaladamente afectan al devenir de nuestro país, al debate, al análisis y a la confrontación de opiniones en libertad.

" ["fecha"]=> string(19) "2006-02-13 00:00:00" ["categoria"]=> string(9) "editorial" ["id_imagen"]=> string(3) "741" ["imagen"]=> string(14) "1256210228.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } [1]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(2) "12" ["descripcion"]=> string(24) "octubre a diciembre 2005" ["numero"]=> string(2) "11" ["pdf"]=> string(14) "revista_12.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> NULL ["noticia"]=> NULL ["fecha"]=> NULL ["categoria"]=> NULL ["id_imagen"]=> string(3) "742" ["imagen"]=> string(14) "1256210267.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } [2]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(2) "11" ["descripcion"]=> string(23) "julio a septiembre 2005" ["numero"]=> string(2) "10" ["pdf"]=> string(14) "revista_11.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> string(65) "La defensa jurídica del Estado en los países de nuestro entorno" ["noticia"]=> string(1907) "La necesidad de organizar la defensa jurídica del Estado se manifiesta en todos los sistemas de Derecho tan pronto como surge la consideración del Estado como persona jurídica responsable. No obstante, esta necesidad se soluciona de manera peculiar y distinta en cada una de las naciones.

En efecto, la práctica inexistencia hasta fechas muy recientes de foros en los que compitan entre sí estos distintos modos de organizarse, su estrecha vinculación a la estructura jurídico-política propia de cada uno de los países, junto con otras consideraciones, como por ejemplo el rechazo unánime que provoca la idea del litigio de un Estado ante el poder judicial de otro, han supuesto que las distintas formas en la representación y defensa jurídica del Estado en los países de nuestro entorno se hayan desarrollado poco menos que como compartimentos estancos.

Bien puede verse que la situación ha cambiado radicalmente. La defensa del Estado ha asumido una proyección exterior esencial, y no sólo en el más inmediato foro de la Unión Europea.

El establecimiento de relaciones y el intercambio de modos de actuar y de formas de organizarse con otros sistemas jurídicos aparecen como una de las principales fuerzas que van a conformar aquello en lo que nos convertiremos a medio plazo. De ahí el indudable interés que ofrece la iniciativa que la Revista de la Asociación de Abogados del Estado comienza en este número con el artículo "La asistencia jurídica a la Administración Federal y sus agencias: Canadá", cuyo autor es nuestro compañero Miguel Angel Gilabert.

Esta serie de artículos tiene como destino el análisis de los elementos más esenciales de la materia en los distintos Estados de nuestro entorno jurídico, elementos que en todo caso nos permitirán para realizar una reflexión sobre nuestro centenario modelo y sus perspectivas de futuro." ["fecha"]=> string(19) "2005-09-16 00:00:00" ["categoria"]=> string(9) "editorial" ["id_imagen"]=> string(3) "753" ["imagen"]=> string(14) "1256220817.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } [3]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(2) "10" ["descripcion"]=> string(18) "abril a junio 2005" ["numero"]=> string(2) "09" ["pdf"]=> string(14) "revista_10.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> string(51) "Europa, ante su Constitución: La hora de la verdad" ["noticia"]=> string(2776) "Con 2005 se ha iniciado "la hora de la verdad" para Europa. El calendario del año está completo y no vamos a enumerar aquí, pormenorizadamente, todas sus previsiones y actividades. Pero sí citaremos algunas de las más importantes en los primeros seis meses.

El 1 de enero, el luxemburgués Jean-Claude Juncker ha tomado posesión de la presidencia, por primera vez con carácter estable -dos años-, del llamado `Euro grupo', el Consejo de Finanzas de la zona euro, al tiempo que asume la presidencia de turno, por seis meses, de la Unión Europea (UE).

En febrero, el día 20, la Carta Magna europea es sometida a referéndum en España, en tanto que a lo largo de este mes se celebran elecciones en otros países, como Portugal y Chipre.

El primer trimestre de 2005 se cierra, en marzo, con la modificación en Francia de su Constitución, para adaptarla a la europea, la aprobación en la UE del Pacto de Estabilidad y la revisión, por parte de los líderes europeos, del cumplimiento o incumplimiento de los objetivos de la Agenda de Lisboa.

El segundo trimestre de 2005 seguirá teniendo una intensa actividad europeísta. Portugal celebra su referéndum sobre la Constitución europea, mientras que en mayo en el Reino Unido se convocarán, muy probablemente, elecciones.

En junio, es Francia la que tendrá su referéndum europeo sobre la Carta Magna. En este mes, probablemente el día 30, habrá que alcanzar un acuerdo sobre las Perspectivas Financieras de la UE. Y el 1 de julio, la presidencia luxemburguesa de la UE pasará el relevo al Reino Unido por los siguientes seis meses de 2005.

Esto, en cuanto a Europa. En España, el calendario político está idénticamente repleto de asuntos candentes, como las diversas elecciones autonómicas (vascas, gallegas...) que tendrán lugar, las diferentes iniciativas encaminadas a reformar los Estatutos de Autonomía de varias comunidades y, cómo no citarlo, el asunto que a comienzos de este año se revela como el más grave: el denominado Plan Ibarretxe.

Son muchos los foros en los que ya se están llevando a cabo las discusiones políticas desde una u otra perspectiva, tanto por el Plan Ibarretxe como por la Constitución europea. En nuestro caso, en el presente número aportamos un interesante artículo de Antonio Hernández Mancha al respecto.

En el momento de escribir este editorial aún no se ha celebrado el citado referéndum del 20 de febrero. Pero desde esta tribuna queremos manifestar nuestro deseo y confianza en que, sea cual fuere el resultado final de la consulta, los ciudadanos se documenten previamente para poder emitir su voto bien meditado, independientemente del fragor de batallas e intereses coyunturales políticos.
" ["fecha"]=> string(19) "2005-02-14 00:00:00" ["categoria"]=> string(9) "editorial" ["id_imagen"]=> string(3) "752" ["imagen"]=> string(14) "1256220786.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } [4]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(1) "9" ["descripcion"]=> string(22) "enero a marzo de 2005." ["numero"]=> string(2) "08" ["pdf"]=> string(13) "revista_9.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> string(40) "La reforma de la Constitución Española" ["noticia"]=> string(1840) "La norma jurídica ha de adaptarse a la realidad constantemente para poder regular las relaciones que en toda sociedad cambiante se van produciendo. La norma inmóvil al cambio se va tornando ineficaz pues en realidad es su uso el que va adquiriendo valor normativo y ya no la norma misma y la jurisprudencia la que va modernizándola en una función que no le debería ser propia desde una estricta división de poderes y que siempre genera inseguridad por su incertidumbre en el ciudadano afectado.

La Constitución, como norma de normas, no puede ser una excepción a la idea de cambio. Cierto que como norma superior debe estar dotada de una mayor estabilidad que aquellas otras normas de rango inferior que cotidianamente le presentan batalla a la realidad.

Va a hacer 26 años que se aprobó nuestra Constitución y sólo ha tenido una leve reforma relativa al derecho de sufragio pasivo que ni siquiera precisó de referéndum para su aprobación. Surgen hoy nuevas tensiones provocadas de manera muy especial por el reparto territorial del poder político. Y son cuestiones que, ganado ya, tras todos estos años de constante esfuerzo, un fuerte equilibrio político y social, tienen hoy mayor importancia que en el año 1978.

En cualquier caso, dos ideas básicas deben presidir cualquier intento de reforma: en primer lugar, debe informarse del mismo –o mayor– consenso político que hubo en su elaboración y, desde luego, ser objeto, en la cuestión territorial –como en las otras que se están planteando relativas a la Corona, por ejemplo–, de referéndum ciudadano y, en segundo lugar, debe garantizar que un conjunto –mayor o menor– de derechos y obligaciones de contenido político, social y económico sean idénticos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio de España." ["fecha"]=> string(19) "2005-01-18 00:00:00" ["categoria"]=> string(9) "editorial" ["id_imagen"]=> string(3) "751" ["imagen"]=> string(14) "1256220703.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } }
Número 11
octubre a diciembre 2005

array(5) { [0]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(2) "13" ["descripcion"]=> string(58) "enero a junio 2006 - Especial CXXV aniversario - 1ª parte" ["numero"]=> string(2) "12" ["pdf"]=> string(14) "revista_13.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> string(39) "El Estatuto de Autonomía de Cataluña." ["noticia"]=> string(5932) "La revista de la Asociación de Abogados del Estado, en su modestia, bien pudiera hacer como el mandatario chino Chu En Lai cuando, preguntado por una delegación de periodistas occidentales acerca de la opinión del Partido Comunista Chino sobre la Revolución Francesa, manifestó: “es un acontecimiento demasiado reciente; no tenemos perspectiva histórica suficiente para pronunciarnos sobre la Revolución Francesa”. Posiblemente no le faltase razón, mas los imperativos mediáticos de comienzos del siglo XXI seguramente nos obligan a decir algo, aunque sea poco, en relación con uno de los debates afectantes a la estructura territorial de España de más calado desde la Constitución de 1978, que ahora mismo ocupa la casi totalidad del espacio de la opinión pública española. Obviamente, se trata del proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña, admitido a trámite recientemente por el Congreso de los Diputados.
No van a pronunciarse esta Revista ni la Asociación que la edita sobre el sentido del proyectado Estatuto, su orientación, su inserción en el ordenamiento constitucional, ni sobre pormenores de técnica jurídica. Pero sí podemos apuntar, desde el obligado distanciamiento profesional que, valga la paradoja, la revista se impone, algunas ideas generales que a cualquier jurista le suscita el texto ingresado en el Congreso. La mayor parte de ellas, por otro lado, carecen de originalidad, por haber sido apuntadas desde los más variados sectores de opinión.
Por de pronto, un dato, de hecho pero de consecuencias jurídicas de posible relevancia futura por mor del valor del precedente, es su falta de sustancia consensual. La aparente voluntad política mayoritaria que concitó su aprobación es, le pese a quien le pese, de índole exclusivamente territorial, sin extenderse ni un centímetro más allá de los límites de la Comunidad Autónoma a la que pretende regir. Un reglamento, una ley ordinaria, o una ley orgánica, incluso, pueden permitirse el lujo de la verticalidad, del partidismo, de la impronta ideológica. El precio a pagar es -siempre lo ha sido hasta ahora- el de su inmediata reforma o derogación cuando la reversibilidad de las mayorías parlamentarias ha operado. Pensamos, sinceramente, que un Estatuto de Autonomía de las características del que se proyecta no debiera permitirse el lujo de tan exiguo consenso. Prolongar mucho tiempo la cohabitación con demonios familiares de tan amargo regusto, como inevitablemente sucederá si las cosas siguen por la vía que parecen ir, no parece bueno para la salud de la cosa pública española.
La revista y la Asociación que la edita no tienen ideología, en el sentido fuerte del término, lo que no quiere decir -seguramente al contrario- que no gusten de reflexionar sobre la ideología de las normas.
Y no es descabellado decir que un excesivo lastre ideológico en una norma organizativa de tan alto rango como un Estatuto de autonomía, tan agobiante como el que transpira el proyecto de estatuto, posiblemente no sea tampoco bueno para una sociedad (¡Cataluña!) cuya sociedad civil aspira, o aspiraba, o aspiró, a ser vanguardia de libertad en una España hoy felizmente modernizada.
Los últimos años, de la mano del progresivo afianzamiento de las instituciones democráticas, los juristas nos hemos venido acostumbrando, insensiblemente, a trabajar -incluso en los más altos rangos normativos- con normas de portante preponderantemente instrumental, operativas, al servicio muchas veces de políticas determinadas pero no tributarias de un concreto designio ideológico, sino destinadas a servir de cauce o instrumento al pluralismo que la Constitución enmarca como uno de los valores superiores del ordenamiento. Es lógico, por ello, que esos mismos juristas sintamos, por lo menos, un notable desasosiego al contemplar un proyecto normativo de tanta enjundia como un Estatuto de autonomía en el que la palabra Cataluña -la nación catalana- aparece nada más y nada menos que cuatrocientas trece veces, en el que se atribuyen a esa nación facultades volitivas, sensitivas e intelectivas tales como ejercer, afirmar, convivir fraternalmente, ofrecer su amistad, definir hechos históricos, considerar lo que es España (cuatro veces, por cierto, aparece este nombre en el articulado, dos de ellas para referirse al Banco de España, pese a que lo que se entiende como España aparece aludido en muchas más ocasiones con el pudoroso sustitutivo de Estado), y, en fin, por qué omitirlo, determinar cómo debe ser memorizada la historia.
La reiteración de obligaciones, recordatorios, admoniciones, las innecesarias repeticiones en la plasmación de derechos -redundante las más de las veces con los establecidos en la Constitución, aunque con un fumus identitario cuando menos llamativo-, y, en general, el sesgo pactista o trufado de bilateralidad negocial en la definición de gran parte del ejercicio de las políticas y las competencias públicas, conforman un regresivo panorama que -no es aventurado decir- perturbaría quizás un tanto, entre otras cosas a las que no debemos aludir aquí, la intelección de nuestro Derecho público.
Sin duda alguna, la tramitación parlamentaria del proyecto estatutario será una buena ocasión para aunar las voluntades consensuadas y -por qué no- para que luzca el sentido del bien común en el perfeccionamiento y mejora de un Estado y de la nación que lo sustenta en los que nadie pueda sentirse extraño y en los que todos se sientan -nos sintamos- reconocidos y protegidos. Esperemos, con más o con menos convicción, que así sea.
Hecho el breve comentario que precede, la Revista de la Asociación de Abogados del Estado queda abierta, en éste y en los demás temas que más señaladamente afectan al devenir de nuestro país, al debate, al análisis y a la confrontación de opiniones en libertad.

" ["fecha"]=> string(19) "2006-02-13 00:00:00" ["categoria"]=> string(9) "editorial" ["id_imagen"]=> string(3) "741" ["imagen"]=> string(14) "1256210228.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } [1]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(2) "12" ["descripcion"]=> string(24) "octubre a diciembre 2005" ["numero"]=> string(2) "11" ["pdf"]=> string(14) "revista_12.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> NULL ["noticia"]=> NULL ["fecha"]=> NULL ["categoria"]=> NULL ["id_imagen"]=> string(3) "742" ["imagen"]=> string(14) "1256210267.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } [2]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(2) "11" ["descripcion"]=> string(23) "julio a septiembre 2005" ["numero"]=> string(2) "10" ["pdf"]=> string(14) "revista_11.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> string(65) "La defensa jurídica del Estado en los países de nuestro entorno" ["noticia"]=> string(1907) "La necesidad de organizar la defensa jurídica del Estado se manifiesta en todos los sistemas de Derecho tan pronto como surge la consideración del Estado como persona jurídica responsable. No obstante, esta necesidad se soluciona de manera peculiar y distinta en cada una de las naciones.

En efecto, la práctica inexistencia hasta fechas muy recientes de foros en los que compitan entre sí estos distintos modos de organizarse, su estrecha vinculación a la estructura jurídico-política propia de cada uno de los países, junto con otras consideraciones, como por ejemplo el rechazo unánime que provoca la idea del litigio de un Estado ante el poder judicial de otro, han supuesto que las distintas formas en la representación y defensa jurídica del Estado en los países de nuestro entorno se hayan desarrollado poco menos que como compartimentos estancos.

Bien puede verse que la situación ha cambiado radicalmente. La defensa del Estado ha asumido una proyección exterior esencial, y no sólo en el más inmediato foro de la Unión Europea.

El establecimiento de relaciones y el intercambio de modos de actuar y de formas de organizarse con otros sistemas jurídicos aparecen como una de las principales fuerzas que van a conformar aquello en lo que nos convertiremos a medio plazo. De ahí el indudable interés que ofrece la iniciativa que la Revista de la Asociación de Abogados del Estado comienza en este número con el artículo "La asistencia jurídica a la Administración Federal y sus agencias: Canadá", cuyo autor es nuestro compañero Miguel Angel Gilabert.

Esta serie de artículos tiene como destino el análisis de los elementos más esenciales de la materia en los distintos Estados de nuestro entorno jurídico, elementos que en todo caso nos permitirán para realizar una reflexión sobre nuestro centenario modelo y sus perspectivas de futuro." ["fecha"]=> string(19) "2005-09-16 00:00:00" ["categoria"]=> string(9) "editorial" ["id_imagen"]=> string(3) "753" ["imagen"]=> string(14) "1256220817.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } [3]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(2) "10" ["descripcion"]=> string(18) "abril a junio 2005" ["numero"]=> string(2) "09" ["pdf"]=> string(14) "revista_10.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> string(51) "Europa, ante su Constitución: La hora de la verdad" ["noticia"]=> string(2776) "Con 2005 se ha iniciado "la hora de la verdad" para Europa. El calendario del año está completo y no vamos a enumerar aquí, pormenorizadamente, todas sus previsiones y actividades. Pero sí citaremos algunas de las más importantes en los primeros seis meses.

El 1 de enero, el luxemburgués Jean-Claude Juncker ha tomado posesión de la presidencia, por primera vez con carácter estable -dos años-, del llamado `Euro grupo', el Consejo de Finanzas de la zona euro, al tiempo que asume la presidencia de turno, por seis meses, de la Unión Europea (UE).

En febrero, el día 20, la Carta Magna europea es sometida a referéndum en España, en tanto que a lo largo de este mes se celebran elecciones en otros países, como Portugal y Chipre.

El primer trimestre de 2005 se cierra, en marzo, con la modificación en Francia de su Constitución, para adaptarla a la europea, la aprobación en la UE del Pacto de Estabilidad y la revisión, por parte de los líderes europeos, del cumplimiento o incumplimiento de los objetivos de la Agenda de Lisboa.

El segundo trimestre de 2005 seguirá teniendo una intensa actividad europeísta. Portugal celebra su referéndum sobre la Constitución europea, mientras que en mayo en el Reino Unido se convocarán, muy probablemente, elecciones.

En junio, es Francia la que tendrá su referéndum europeo sobre la Carta Magna. En este mes, probablemente el día 30, habrá que alcanzar un acuerdo sobre las Perspectivas Financieras de la UE. Y el 1 de julio, la presidencia luxemburguesa de la UE pasará el relevo al Reino Unido por los siguientes seis meses de 2005.

Esto, en cuanto a Europa. En España, el calendario político está idénticamente repleto de asuntos candentes, como las diversas elecciones autonómicas (vascas, gallegas...) que tendrán lugar, las diferentes iniciativas encaminadas a reformar los Estatutos de Autonomía de varias comunidades y, cómo no citarlo, el asunto que a comienzos de este año se revela como el más grave: el denominado Plan Ibarretxe.

Son muchos los foros en los que ya se están llevando a cabo las discusiones políticas desde una u otra perspectiva, tanto por el Plan Ibarretxe como por la Constitución europea. En nuestro caso, en el presente número aportamos un interesante artículo de Antonio Hernández Mancha al respecto.

En el momento de escribir este editorial aún no se ha celebrado el citado referéndum del 20 de febrero. Pero desde esta tribuna queremos manifestar nuestro deseo y confianza en que, sea cual fuere el resultado final de la consulta, los ciudadanos se documenten previamente para poder emitir su voto bien meditado, independientemente del fragor de batallas e intereses coyunturales políticos.
" ["fecha"]=> string(19) "2005-02-14 00:00:00" ["categoria"]=> string(9) "editorial" ["id_imagen"]=> string(3) "752" ["imagen"]=> string(14) "1256220786.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } [4]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(1) "9" ["descripcion"]=> string(22) "enero a marzo de 2005." ["numero"]=> string(2) "08" ["pdf"]=> string(13) "revista_9.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> string(40) "La reforma de la Constitución Española" ["noticia"]=> string(1840) "La norma jurídica ha de adaptarse a la realidad constantemente para poder regular las relaciones que en toda sociedad cambiante se van produciendo. La norma inmóvil al cambio se va tornando ineficaz pues en realidad es su uso el que va adquiriendo valor normativo y ya no la norma misma y la jurisprudencia la que va modernizándola en una función que no le debería ser propia desde una estricta división de poderes y que siempre genera inseguridad por su incertidumbre en el ciudadano afectado.

La Constitución, como norma de normas, no puede ser una excepción a la idea de cambio. Cierto que como norma superior debe estar dotada de una mayor estabilidad que aquellas otras normas de rango inferior que cotidianamente le presentan batalla a la realidad.

Va a hacer 26 años que se aprobó nuestra Constitución y sólo ha tenido una leve reforma relativa al derecho de sufragio pasivo que ni siquiera precisó de referéndum para su aprobación. Surgen hoy nuevas tensiones provocadas de manera muy especial por el reparto territorial del poder político. Y son cuestiones que, ganado ya, tras todos estos años de constante esfuerzo, un fuerte equilibrio político y social, tienen hoy mayor importancia que en el año 1978.

En cualquier caso, dos ideas básicas deben presidir cualquier intento de reforma: en primer lugar, debe informarse del mismo –o mayor– consenso político que hubo en su elaboración y, desde luego, ser objeto, en la cuestión territorial –como en las otras que se están planteando relativas a la Corona, por ejemplo–, de referéndum ciudadano y, en segundo lugar, debe garantizar que un conjunto –mayor o menor– de derechos y obligaciones de contenido político, social y económico sean idénticos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio de España." ["fecha"]=> string(19) "2005-01-18 00:00:00" ["categoria"]=> string(9) "editorial" ["id_imagen"]=> string(3) "751" ["imagen"]=> string(14) "1256220703.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } }
Número 10
julio a septiembre 2005 La defensa jurídica del Estado en los países de nuestro entorno

La necesidad de organizar la defensa jurídica del Estado se manifiesta en todos los sistemas de Derecho tan pronto…

array(5) { [0]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(2) "13" ["descripcion"]=> string(58) "enero a junio 2006 - Especial CXXV aniversario - 1ª parte" ["numero"]=> string(2) "12" ["pdf"]=> string(14) "revista_13.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> string(39) "El Estatuto de Autonomía de Cataluña." ["noticia"]=> string(5932) "La revista de la Asociación de Abogados del Estado, en su modestia, bien pudiera hacer como el mandatario chino Chu En Lai cuando, preguntado por una delegación de periodistas occidentales acerca de la opinión del Partido Comunista Chino sobre la Revolución Francesa, manifestó: “es un acontecimiento demasiado reciente; no tenemos perspectiva histórica suficiente para pronunciarnos sobre la Revolución Francesa”. Posiblemente no le faltase razón, mas los imperativos mediáticos de comienzos del siglo XXI seguramente nos obligan a decir algo, aunque sea poco, en relación con uno de los debates afectantes a la estructura territorial de España de más calado desde la Constitución de 1978, que ahora mismo ocupa la casi totalidad del espacio de la opinión pública española. Obviamente, se trata del proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña, admitido a trámite recientemente por el Congreso de los Diputados.
No van a pronunciarse esta Revista ni la Asociación que la edita sobre el sentido del proyectado Estatuto, su orientación, su inserción en el ordenamiento constitucional, ni sobre pormenores de técnica jurídica. Pero sí podemos apuntar, desde el obligado distanciamiento profesional que, valga la paradoja, la revista se impone, algunas ideas generales que a cualquier jurista le suscita el texto ingresado en el Congreso. La mayor parte de ellas, por otro lado, carecen de originalidad, por haber sido apuntadas desde los más variados sectores de opinión.
Por de pronto, un dato, de hecho pero de consecuencias jurídicas de posible relevancia futura por mor del valor del precedente, es su falta de sustancia consensual. La aparente voluntad política mayoritaria que concitó su aprobación es, le pese a quien le pese, de índole exclusivamente territorial, sin extenderse ni un centímetro más allá de los límites de la Comunidad Autónoma a la que pretende regir. Un reglamento, una ley ordinaria, o una ley orgánica, incluso, pueden permitirse el lujo de la verticalidad, del partidismo, de la impronta ideológica. El precio a pagar es -siempre lo ha sido hasta ahora- el de su inmediata reforma o derogación cuando la reversibilidad de las mayorías parlamentarias ha operado. Pensamos, sinceramente, que un Estatuto de Autonomía de las características del que se proyecta no debiera permitirse el lujo de tan exiguo consenso. Prolongar mucho tiempo la cohabitación con demonios familiares de tan amargo regusto, como inevitablemente sucederá si las cosas siguen por la vía que parecen ir, no parece bueno para la salud de la cosa pública española.
La revista y la Asociación que la edita no tienen ideología, en el sentido fuerte del término, lo que no quiere decir -seguramente al contrario- que no gusten de reflexionar sobre la ideología de las normas.
Y no es descabellado decir que un excesivo lastre ideológico en una norma organizativa de tan alto rango como un Estatuto de autonomía, tan agobiante como el que transpira el proyecto de estatuto, posiblemente no sea tampoco bueno para una sociedad (¡Cataluña!) cuya sociedad civil aspira, o aspiraba, o aspiró, a ser vanguardia de libertad en una España hoy felizmente modernizada.
Los últimos años, de la mano del progresivo afianzamiento de las instituciones democráticas, los juristas nos hemos venido acostumbrando, insensiblemente, a trabajar -incluso en los más altos rangos normativos- con normas de portante preponderantemente instrumental, operativas, al servicio muchas veces de políticas determinadas pero no tributarias de un concreto designio ideológico, sino destinadas a servir de cauce o instrumento al pluralismo que la Constitución enmarca como uno de los valores superiores del ordenamiento. Es lógico, por ello, que esos mismos juristas sintamos, por lo menos, un notable desasosiego al contemplar un proyecto normativo de tanta enjundia como un Estatuto de autonomía en el que la palabra Cataluña -la nación catalana- aparece nada más y nada menos que cuatrocientas trece veces, en el que se atribuyen a esa nación facultades volitivas, sensitivas e intelectivas tales como ejercer, afirmar, convivir fraternalmente, ofrecer su amistad, definir hechos históricos, considerar lo que es España (cuatro veces, por cierto, aparece este nombre en el articulado, dos de ellas para referirse al Banco de España, pese a que lo que se entiende como España aparece aludido en muchas más ocasiones con el pudoroso sustitutivo de Estado), y, en fin, por qué omitirlo, determinar cómo debe ser memorizada la historia.
La reiteración de obligaciones, recordatorios, admoniciones, las innecesarias repeticiones en la plasmación de derechos -redundante las más de las veces con los establecidos en la Constitución, aunque con un fumus identitario cuando menos llamativo-, y, en general, el sesgo pactista o trufado de bilateralidad negocial en la definición de gran parte del ejercicio de las políticas y las competencias públicas, conforman un regresivo panorama que -no es aventurado decir- perturbaría quizás un tanto, entre otras cosas a las que no debemos aludir aquí, la intelección de nuestro Derecho público.
Sin duda alguna, la tramitación parlamentaria del proyecto estatutario será una buena ocasión para aunar las voluntades consensuadas y -por qué no- para que luzca el sentido del bien común en el perfeccionamiento y mejora de un Estado y de la nación que lo sustenta en los que nadie pueda sentirse extraño y en los que todos se sientan -nos sintamos- reconocidos y protegidos. Esperemos, con más o con menos convicción, que así sea.
Hecho el breve comentario que precede, la Revista de la Asociación de Abogados del Estado queda abierta, en éste y en los demás temas que más señaladamente afectan al devenir de nuestro país, al debate, al análisis y a la confrontación de opiniones en libertad.

" ["fecha"]=> string(19) "2006-02-13 00:00:00" ["categoria"]=> string(9) "editorial" ["id_imagen"]=> string(3) "741" ["imagen"]=> string(14) "1256210228.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } [1]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(2) "12" ["descripcion"]=> string(24) "octubre a diciembre 2005" ["numero"]=> string(2) "11" ["pdf"]=> string(14) "revista_12.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> NULL ["noticia"]=> NULL ["fecha"]=> NULL ["categoria"]=> NULL ["id_imagen"]=> string(3) "742" ["imagen"]=> string(14) "1256210267.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } [2]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(2) "11" ["descripcion"]=> string(23) "julio a septiembre 2005" ["numero"]=> string(2) "10" ["pdf"]=> string(14) "revista_11.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> string(65) "La defensa jurídica del Estado en los países de nuestro entorno" ["noticia"]=> string(1907) "La necesidad de organizar la defensa jurídica del Estado se manifiesta en todos los sistemas de Derecho tan pronto como surge la consideración del Estado como persona jurídica responsable. No obstante, esta necesidad se soluciona de manera peculiar y distinta en cada una de las naciones.

En efecto, la práctica inexistencia hasta fechas muy recientes de foros en los que compitan entre sí estos distintos modos de organizarse, su estrecha vinculación a la estructura jurídico-política propia de cada uno de los países, junto con otras consideraciones, como por ejemplo el rechazo unánime que provoca la idea del litigio de un Estado ante el poder judicial de otro, han supuesto que las distintas formas en la representación y defensa jurídica del Estado en los países de nuestro entorno se hayan desarrollado poco menos que como compartimentos estancos.

Bien puede verse que la situación ha cambiado radicalmente. La defensa del Estado ha asumido una proyección exterior esencial, y no sólo en el más inmediato foro de la Unión Europea.

El establecimiento de relaciones y el intercambio de modos de actuar y de formas de organizarse con otros sistemas jurídicos aparecen como una de las principales fuerzas que van a conformar aquello en lo que nos convertiremos a medio plazo. De ahí el indudable interés que ofrece la iniciativa que la Revista de la Asociación de Abogados del Estado comienza en este número con el artículo "La asistencia jurídica a la Administración Federal y sus agencias: Canadá", cuyo autor es nuestro compañero Miguel Angel Gilabert.

Esta serie de artículos tiene como destino el análisis de los elementos más esenciales de la materia en los distintos Estados de nuestro entorno jurídico, elementos que en todo caso nos permitirán para realizar una reflexión sobre nuestro centenario modelo y sus perspectivas de futuro." ["fecha"]=> string(19) "2005-09-16 00:00:00" ["categoria"]=> string(9) "editorial" ["id_imagen"]=> string(3) "753" ["imagen"]=> string(14) "1256220817.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } [3]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(2) "10" ["descripcion"]=> string(18) "abril a junio 2005" ["numero"]=> string(2) "09" ["pdf"]=> string(14) "revista_10.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> string(51) "Europa, ante su Constitución: La hora de la verdad" ["noticia"]=> string(2776) "Con 2005 se ha iniciado "la hora de la verdad" para Europa. El calendario del año está completo y no vamos a enumerar aquí, pormenorizadamente, todas sus previsiones y actividades. Pero sí citaremos algunas de las más importantes en los primeros seis meses.

El 1 de enero, el luxemburgués Jean-Claude Juncker ha tomado posesión de la presidencia, por primera vez con carácter estable -dos años-, del llamado `Euro grupo', el Consejo de Finanzas de la zona euro, al tiempo que asume la presidencia de turno, por seis meses, de la Unión Europea (UE).

En febrero, el día 20, la Carta Magna europea es sometida a referéndum en España, en tanto que a lo largo de este mes se celebran elecciones en otros países, como Portugal y Chipre.

El primer trimestre de 2005 se cierra, en marzo, con la modificación en Francia de su Constitución, para adaptarla a la europea, la aprobación en la UE del Pacto de Estabilidad y la revisión, por parte de los líderes europeos, del cumplimiento o incumplimiento de los objetivos de la Agenda de Lisboa.

El segundo trimestre de 2005 seguirá teniendo una intensa actividad europeísta. Portugal celebra su referéndum sobre la Constitución europea, mientras que en mayo en el Reino Unido se convocarán, muy probablemente, elecciones.

En junio, es Francia la que tendrá su referéndum europeo sobre la Carta Magna. En este mes, probablemente el día 30, habrá que alcanzar un acuerdo sobre las Perspectivas Financieras de la UE. Y el 1 de julio, la presidencia luxemburguesa de la UE pasará el relevo al Reino Unido por los siguientes seis meses de 2005.

Esto, en cuanto a Europa. En España, el calendario político está idénticamente repleto de asuntos candentes, como las diversas elecciones autonómicas (vascas, gallegas...) que tendrán lugar, las diferentes iniciativas encaminadas a reformar los Estatutos de Autonomía de varias comunidades y, cómo no citarlo, el asunto que a comienzos de este año se revela como el más grave: el denominado Plan Ibarretxe.

Son muchos los foros en los que ya se están llevando a cabo las discusiones políticas desde una u otra perspectiva, tanto por el Plan Ibarretxe como por la Constitución europea. En nuestro caso, en el presente número aportamos un interesante artículo de Antonio Hernández Mancha al respecto.

En el momento de escribir este editorial aún no se ha celebrado el citado referéndum del 20 de febrero. Pero desde esta tribuna queremos manifestar nuestro deseo y confianza en que, sea cual fuere el resultado final de la consulta, los ciudadanos se documenten previamente para poder emitir su voto bien meditado, independientemente del fragor de batallas e intereses coyunturales políticos.
" ["fecha"]=> string(19) "2005-02-14 00:00:00" ["categoria"]=> string(9) "editorial" ["id_imagen"]=> string(3) "752" ["imagen"]=> string(14) "1256220786.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } [4]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(1) "9" ["descripcion"]=> string(22) "enero a marzo de 2005." ["numero"]=> string(2) "08" ["pdf"]=> string(13) "revista_9.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> string(40) "La reforma de la Constitución Española" ["noticia"]=> string(1840) "La norma jurídica ha de adaptarse a la realidad constantemente para poder regular las relaciones que en toda sociedad cambiante se van produciendo. La norma inmóvil al cambio se va tornando ineficaz pues en realidad es su uso el que va adquiriendo valor normativo y ya no la norma misma y la jurisprudencia la que va modernizándola en una función que no le debería ser propia desde una estricta división de poderes y que siempre genera inseguridad por su incertidumbre en el ciudadano afectado.

La Constitución, como norma de normas, no puede ser una excepción a la idea de cambio. Cierto que como norma superior debe estar dotada de una mayor estabilidad que aquellas otras normas de rango inferior que cotidianamente le presentan batalla a la realidad.

Va a hacer 26 años que se aprobó nuestra Constitución y sólo ha tenido una leve reforma relativa al derecho de sufragio pasivo que ni siquiera precisó de referéndum para su aprobación. Surgen hoy nuevas tensiones provocadas de manera muy especial por el reparto territorial del poder político. Y son cuestiones que, ganado ya, tras todos estos años de constante esfuerzo, un fuerte equilibrio político y social, tienen hoy mayor importancia que en el año 1978.

En cualquier caso, dos ideas básicas deben presidir cualquier intento de reforma: en primer lugar, debe informarse del mismo –o mayor– consenso político que hubo en su elaboración y, desde luego, ser objeto, en la cuestión territorial –como en las otras que se están planteando relativas a la Corona, por ejemplo–, de referéndum ciudadano y, en segundo lugar, debe garantizar que un conjunto –mayor o menor– de derechos y obligaciones de contenido político, social y económico sean idénticos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio de España." ["fecha"]=> string(19) "2005-01-18 00:00:00" ["categoria"]=> string(9) "editorial" ["id_imagen"]=> string(3) "751" ["imagen"]=> string(14) "1256220703.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } }
Número 09
abril a junio 2005 Europa, ante su Constitución: La hora de la verdad

Con 2005 se ha iniciado "la hora de la verdad" para Europa. El calendario del año está completo y no vamos a enumerar…

array(5) { [0]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(2) "13" ["descripcion"]=> string(58) "enero a junio 2006 - Especial CXXV aniversario - 1ª parte" ["numero"]=> string(2) "12" ["pdf"]=> string(14) "revista_13.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> string(39) "El Estatuto de Autonomía de Cataluña." ["noticia"]=> string(5932) "La revista de la Asociación de Abogados del Estado, en su modestia, bien pudiera hacer como el mandatario chino Chu En Lai cuando, preguntado por una delegación de periodistas occidentales acerca de la opinión del Partido Comunista Chino sobre la Revolución Francesa, manifestó: “es un acontecimiento demasiado reciente; no tenemos perspectiva histórica suficiente para pronunciarnos sobre la Revolución Francesa”. Posiblemente no le faltase razón, mas los imperativos mediáticos de comienzos del siglo XXI seguramente nos obligan a decir algo, aunque sea poco, en relación con uno de los debates afectantes a la estructura territorial de España de más calado desde la Constitución de 1978, que ahora mismo ocupa la casi totalidad del espacio de la opinión pública española. Obviamente, se trata del proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña, admitido a trámite recientemente por el Congreso de los Diputados.
No van a pronunciarse esta Revista ni la Asociación que la edita sobre el sentido del proyectado Estatuto, su orientación, su inserción en el ordenamiento constitucional, ni sobre pormenores de técnica jurídica. Pero sí podemos apuntar, desde el obligado distanciamiento profesional que, valga la paradoja, la revista se impone, algunas ideas generales que a cualquier jurista le suscita el texto ingresado en el Congreso. La mayor parte de ellas, por otro lado, carecen de originalidad, por haber sido apuntadas desde los más variados sectores de opinión.
Por de pronto, un dato, de hecho pero de consecuencias jurídicas de posible relevancia futura por mor del valor del precedente, es su falta de sustancia consensual. La aparente voluntad política mayoritaria que concitó su aprobación es, le pese a quien le pese, de índole exclusivamente territorial, sin extenderse ni un centímetro más allá de los límites de la Comunidad Autónoma a la que pretende regir. Un reglamento, una ley ordinaria, o una ley orgánica, incluso, pueden permitirse el lujo de la verticalidad, del partidismo, de la impronta ideológica. El precio a pagar es -siempre lo ha sido hasta ahora- el de su inmediata reforma o derogación cuando la reversibilidad de las mayorías parlamentarias ha operado. Pensamos, sinceramente, que un Estatuto de Autonomía de las características del que se proyecta no debiera permitirse el lujo de tan exiguo consenso. Prolongar mucho tiempo la cohabitación con demonios familiares de tan amargo regusto, como inevitablemente sucederá si las cosas siguen por la vía que parecen ir, no parece bueno para la salud de la cosa pública española.
La revista y la Asociación que la edita no tienen ideología, en el sentido fuerte del término, lo que no quiere decir -seguramente al contrario- que no gusten de reflexionar sobre la ideología de las normas.
Y no es descabellado decir que un excesivo lastre ideológico en una norma organizativa de tan alto rango como un Estatuto de autonomía, tan agobiante como el que transpira el proyecto de estatuto, posiblemente no sea tampoco bueno para una sociedad (¡Cataluña!) cuya sociedad civil aspira, o aspiraba, o aspiró, a ser vanguardia de libertad en una España hoy felizmente modernizada.
Los últimos años, de la mano del progresivo afianzamiento de las instituciones democráticas, los juristas nos hemos venido acostumbrando, insensiblemente, a trabajar -incluso en los más altos rangos normativos- con normas de portante preponderantemente instrumental, operativas, al servicio muchas veces de políticas determinadas pero no tributarias de un concreto designio ideológico, sino destinadas a servir de cauce o instrumento al pluralismo que la Constitución enmarca como uno de los valores superiores del ordenamiento. Es lógico, por ello, que esos mismos juristas sintamos, por lo menos, un notable desasosiego al contemplar un proyecto normativo de tanta enjundia como un Estatuto de autonomía en el que la palabra Cataluña -la nación catalana- aparece nada más y nada menos que cuatrocientas trece veces, en el que se atribuyen a esa nación facultades volitivas, sensitivas e intelectivas tales como ejercer, afirmar, convivir fraternalmente, ofrecer su amistad, definir hechos históricos, considerar lo que es España (cuatro veces, por cierto, aparece este nombre en el articulado, dos de ellas para referirse al Banco de España, pese a que lo que se entiende como España aparece aludido en muchas más ocasiones con el pudoroso sustitutivo de Estado), y, en fin, por qué omitirlo, determinar cómo debe ser memorizada la historia.
La reiteración de obligaciones, recordatorios, admoniciones, las innecesarias repeticiones en la plasmación de derechos -redundante las más de las veces con los establecidos en la Constitución, aunque con un fumus identitario cuando menos llamativo-, y, en general, el sesgo pactista o trufado de bilateralidad negocial en la definición de gran parte del ejercicio de las políticas y las competencias públicas, conforman un regresivo panorama que -no es aventurado decir- perturbaría quizás un tanto, entre otras cosas a las que no debemos aludir aquí, la intelección de nuestro Derecho público.
Sin duda alguna, la tramitación parlamentaria del proyecto estatutario será una buena ocasión para aunar las voluntades consensuadas y -por qué no- para que luzca el sentido del bien común en el perfeccionamiento y mejora de un Estado y de la nación que lo sustenta en los que nadie pueda sentirse extraño y en los que todos se sientan -nos sintamos- reconocidos y protegidos. Esperemos, con más o con menos convicción, que así sea.
Hecho el breve comentario que precede, la Revista de la Asociación de Abogados del Estado queda abierta, en éste y en los demás temas que más señaladamente afectan al devenir de nuestro país, al debate, al análisis y a la confrontación de opiniones en libertad.

" ["fecha"]=> string(19) "2006-02-13 00:00:00" ["categoria"]=> string(9) "editorial" ["id_imagen"]=> string(3) "741" ["imagen"]=> string(14) "1256210228.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } [1]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(2) "12" ["descripcion"]=> string(24) "octubre a diciembre 2005" ["numero"]=> string(2) "11" ["pdf"]=> string(14) "revista_12.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> NULL ["noticia"]=> NULL ["fecha"]=> NULL ["categoria"]=> NULL ["id_imagen"]=> string(3) "742" ["imagen"]=> string(14) "1256210267.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } [2]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(2) "11" ["descripcion"]=> string(23) "julio a septiembre 2005" ["numero"]=> string(2) "10" ["pdf"]=> string(14) "revista_11.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> string(65) "La defensa jurídica del Estado en los países de nuestro entorno" ["noticia"]=> string(1907) "La necesidad de organizar la defensa jurídica del Estado se manifiesta en todos los sistemas de Derecho tan pronto como surge la consideración del Estado como persona jurídica responsable. No obstante, esta necesidad se soluciona de manera peculiar y distinta en cada una de las naciones.

En efecto, la práctica inexistencia hasta fechas muy recientes de foros en los que compitan entre sí estos distintos modos de organizarse, su estrecha vinculación a la estructura jurídico-política propia de cada uno de los países, junto con otras consideraciones, como por ejemplo el rechazo unánime que provoca la idea del litigio de un Estado ante el poder judicial de otro, han supuesto que las distintas formas en la representación y defensa jurídica del Estado en los países de nuestro entorno se hayan desarrollado poco menos que como compartimentos estancos.

Bien puede verse que la situación ha cambiado radicalmente. La defensa del Estado ha asumido una proyección exterior esencial, y no sólo en el más inmediato foro de la Unión Europea.

El establecimiento de relaciones y el intercambio de modos de actuar y de formas de organizarse con otros sistemas jurídicos aparecen como una de las principales fuerzas que van a conformar aquello en lo que nos convertiremos a medio plazo. De ahí el indudable interés que ofrece la iniciativa que la Revista de la Asociación de Abogados del Estado comienza en este número con el artículo "La asistencia jurídica a la Administración Federal y sus agencias: Canadá", cuyo autor es nuestro compañero Miguel Angel Gilabert.

Esta serie de artículos tiene como destino el análisis de los elementos más esenciales de la materia en los distintos Estados de nuestro entorno jurídico, elementos que en todo caso nos permitirán para realizar una reflexión sobre nuestro centenario modelo y sus perspectivas de futuro." ["fecha"]=> string(19) "2005-09-16 00:00:00" ["categoria"]=> string(9) "editorial" ["id_imagen"]=> string(3) "753" ["imagen"]=> string(14) "1256220817.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } [3]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(2) "10" ["descripcion"]=> string(18) "abril a junio 2005" ["numero"]=> string(2) "09" ["pdf"]=> string(14) "revista_10.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> string(51) "Europa, ante su Constitución: La hora de la verdad" ["noticia"]=> string(2776) "Con 2005 se ha iniciado "la hora de la verdad" para Europa. El calendario del año está completo y no vamos a enumerar aquí, pormenorizadamente, todas sus previsiones y actividades. Pero sí citaremos algunas de las más importantes en los primeros seis meses.

El 1 de enero, el luxemburgués Jean-Claude Juncker ha tomado posesión de la presidencia, por primera vez con carácter estable -dos años-, del llamado `Euro grupo', el Consejo de Finanzas de la zona euro, al tiempo que asume la presidencia de turno, por seis meses, de la Unión Europea (UE).

En febrero, el día 20, la Carta Magna europea es sometida a referéndum en España, en tanto que a lo largo de este mes se celebran elecciones en otros países, como Portugal y Chipre.

El primer trimestre de 2005 se cierra, en marzo, con la modificación en Francia de su Constitución, para adaptarla a la europea, la aprobación en la UE del Pacto de Estabilidad y la revisión, por parte de los líderes europeos, del cumplimiento o incumplimiento de los objetivos de la Agenda de Lisboa.

El segundo trimestre de 2005 seguirá teniendo una intensa actividad europeísta. Portugal celebra su referéndum sobre la Constitución europea, mientras que en mayo en el Reino Unido se convocarán, muy probablemente, elecciones.

En junio, es Francia la que tendrá su referéndum europeo sobre la Carta Magna. En este mes, probablemente el día 30, habrá que alcanzar un acuerdo sobre las Perspectivas Financieras de la UE. Y el 1 de julio, la presidencia luxemburguesa de la UE pasará el relevo al Reino Unido por los siguientes seis meses de 2005.

Esto, en cuanto a Europa. En España, el calendario político está idénticamente repleto de asuntos candentes, como las diversas elecciones autonómicas (vascas, gallegas...) que tendrán lugar, las diferentes iniciativas encaminadas a reformar los Estatutos de Autonomía de varias comunidades y, cómo no citarlo, el asunto que a comienzos de este año se revela como el más grave: el denominado Plan Ibarretxe.

Son muchos los foros en los que ya se están llevando a cabo las discusiones políticas desde una u otra perspectiva, tanto por el Plan Ibarretxe como por la Constitución europea. En nuestro caso, en el presente número aportamos un interesante artículo de Antonio Hernández Mancha al respecto.

En el momento de escribir este editorial aún no se ha celebrado el citado referéndum del 20 de febrero. Pero desde esta tribuna queremos manifestar nuestro deseo y confianza en que, sea cual fuere el resultado final de la consulta, los ciudadanos se documenten previamente para poder emitir su voto bien meditado, independientemente del fragor de batallas e intereses coyunturales políticos.
" ["fecha"]=> string(19) "2005-02-14 00:00:00" ["categoria"]=> string(9) "editorial" ["id_imagen"]=> string(3) "752" ["imagen"]=> string(14) "1256220786.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } [4]=> array(15) { ["id_revista"]=> string(1) "9" ["descripcion"]=> string(22) "enero a marzo de 2005." ["numero"]=> string(2) "08" ["pdf"]=> string(13) "revista_9.pdf" ["id_noticia"]=> NULL ["id_informacion"]=> NULL ["titular"]=> string(40) "La reforma de la Constitución Española" ["noticia"]=> string(1840) "La norma jurídica ha de adaptarse a la realidad constantemente para poder regular las relaciones que en toda sociedad cambiante se van produciendo. La norma inmóvil al cambio se va tornando ineficaz pues en realidad es su uso el que va adquiriendo valor normativo y ya no la norma misma y la jurisprudencia la que va modernizándola en una función que no le debería ser propia desde una estricta división de poderes y que siempre genera inseguridad por su incertidumbre en el ciudadano afectado.

La Constitución, como norma de normas, no puede ser una excepción a la idea de cambio. Cierto que como norma superior debe estar dotada de una mayor estabilidad que aquellas otras normas de rango inferior que cotidianamente le presentan batalla a la realidad.

Va a hacer 26 años que se aprobó nuestra Constitución y sólo ha tenido una leve reforma relativa al derecho de sufragio pasivo que ni siquiera precisó de referéndum para su aprobación. Surgen hoy nuevas tensiones provocadas de manera muy especial por el reparto territorial del poder político. Y son cuestiones que, ganado ya, tras todos estos años de constante esfuerzo, un fuerte equilibrio político y social, tienen hoy mayor importancia que en el año 1978.

En cualquier caso, dos ideas básicas deben presidir cualquier intento de reforma: en primer lugar, debe informarse del mismo –o mayor– consenso político que hubo en su elaboración y, desde luego, ser objeto, en la cuestión territorial –como en las otras que se están planteando relativas a la Corona, por ejemplo–, de referéndum ciudadano y, en segundo lugar, debe garantizar que un conjunto –mayor o menor– de derechos y obligaciones de contenido político, social y económico sean idénticos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio de España." ["fecha"]=> string(19) "2005-01-18 00:00:00" ["categoria"]=> string(9) "editorial" ["id_imagen"]=> string(3) "751" ["imagen"]=> string(14) "1256220703.jpg" ["ancho"]=> NULL ["alto"]=> NULL ["id_apartado"]=> NULL } }
Número 08
enero a marzo de 2005. La reforma de la Constitución Española

La norma jurídica ha de adaptarse a la realidad constantemente para poder regular las relaciones que en toda sociedad…

Sitio web patrocinado por:







Número 51


Juntos en defensa de nuestro escudo

En varias ocasiones, durante los últimos años, hemos querido destacar desde las páginas de la Revista de nuestra Asociación la unidad que ha caracterizado y debe, a toda costa, caracterizar a nuestro Cuerpo – sin perjuicio de las legítimas discrepancias internas que en cada momento puedan producirse. Sin ir más lejos, en el número 50 resaltábamos la importancia del trabajo en equipo y también la necesidad de adaptarnos a un mundo en constante cambio. Adaptación a las nuevas circunstancias, aprendizaje de los errores cometidos y compromiso con una labor que, digámoslo claramente, merece, y mucho, la pena.

 

Para defender nuestra profesión, es necesario, en primer término, que mantengamos firmemente la unidad a la que tantas veces hemos hecho referencia – la última de ellas en la Asamblea General Extraordinaria  de la Asociación que se celebró el pasado 31 de enero de 2020. Estamos en un Cuerpo de compañeros. Trabajemos juntos por la unión sin excepción alguna, rechacemos con firmeza los intentos de división, vengan de donde vengan, y hagamos de la Asociación la casa de todos, en la que tengan cabida todos los Abogados del Estado, cualquiera que sea la situación administrativa en la que se encuentren.

 

En segundo término, es necesario poner de manifiesto que la Asociación nació y ha pervivido durante más de cuarenta años con un carácter apolítico. Esto es algo que debemos seguir manteniendo. El valor de ser Abogado del Estado sin las “etiquetas” que vemos día a día en otras asociaciones profesionales, recordando que, como expresan acertadamente nuestros estatutos, nuestro objetivo no es otro que la defensa de los intereses profesionales y corporativos de los Abogados del Estado.

 

Destaquemos, en tercer lugar, la valía de nuestra función como profesionales del Derecho que deben actuar exclusivamente atendiendo a criterios técnico-jurídicos. Nuestro trabajo y prestigio ha sido forjado a lo largo de casi 140 años de historia, en la que siempre hemos estado, y estaremos, comprometidos con la defensa jurídica de los intereses públicos – con todos los regímenes políticos y formas de Estado. Esta es nuestra razón de ser. Nuestro reto es mantener la calidad en dicha función y defender la labor de nuestros compañeros cuando la misma pretende ser cuestionada sin fundamento admisible jurídicamente.

 

Los acontecimientos acaecidos en los últimos meses exigen reflexionar hacia el futuro sobre nuestros valores y sobre nuestra función – partiendo de nuestro marco normativo y deontológico vigente. Debatir entre nosotros, a través de grupos de trabajo e incluso mediante un Congreso, para recordar de dónde venimos, cual es la situación actual y nuestro futuro. Todo ello desde la lealtad, discreción y solvencia que siempre ha caracterizado al Cuerpo de Abogados del Estado. Cerremos filas, trabajemos juntos y defendamos nuestro escudo – que es la portada de este número de nuestra Revista. Nos unen muchas más cosas de las que pudieran llegar a separarnos. Demos a la Asociación y a este Cuerpo el impulso y el respaldo que merece. Es nuestra responsabilidad.