En el Expansión de hoy se publica este interesante artículo en el que se loa la labor de la Abogacía del Estado. El artículo está en PDF debajo.
Perspectiva esta de la institución para la que trabajamos al parecer poco atractiva para los medios de comunicación en la actualidad, por lo que es de agradecer algo de justicia mediática...
Del mismo modo, el de nuestro compañero Vicente Fenellós Puigcerver "El neoculpabilismo tras el Prestige", que puede consultarse aquí. Publicado en noviembre de 2013, resulta hoy de actualidad.
El trabajo de la Abogacía del Estado en Madrid y en A Coruña ha sido intentísimo, duro, de muchos años, miles de horas de trabajo de muchos compañeros.
Diremos que el Tribunal Supremo estima prácticamente en su totalidad las pretensiones en casación de la Abogacía del Estado. Alguna de ellas, como la obtención de condena más grave del Capitán del buque francamente complicada de obtener con la jurisprudencia actual y que ni siquiera había sido articulada por el Ministerio Fiscal. Pretensión que había que explicar (y el Alto Tribunal asume) como compatible con la imposibilidad de condena en sede de recurso de la autoridad a quien también defendíamos, a la sazón, Director General de la Marina Mercante. ¡El más difícil todavía!
En materia de condena económica a la aseguradora, como señala el artículo, en efecto rechaza el principio anglosajón del seguro marítimo mutualista de "paid to be paid" (la aseguradora sólo paga cuando paga el aegurado, la responsabilidad no es solidaria con él) admitiendo las alegaciones vertidas por la Abogacía del Estado en la vista del recurso que subrayaban que la aseguradora ni siquiera había comparecido ni durante la instancia, ni durante el recurso, habiendo preferido iniciar un proceso arbitral contra España en Londres. El importe máximo de la cobertura del seguro para sufragar los daños causados (que no se determinan en la condena y que habrá que pelear en ejecución de sentencia) es de un billón (en inglés) de dólares americanos, 1.000 millones en español.
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