Define el diccionario de la RAE al reto como el “objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta”, y, llegados al término del año 2021, resulta más que oportuno plantearnos cuales podrían ser los que debemos lograr desde nuestra Asociación. Decía, y con toda razón, Miguel Arias Cañete en su discurso del pasado 8 de octubre de 2021 que la Asociación es “la entidad que tiene la obligación de defender nuestros intereses profesionales”. Así es y, por ello, debe tratar de alcanzar, entre otros, los retos que comentamos.
El primero de ellos, pasa necesariamente por defender la profesionalidad de la labor que desempeñamos los Abogados del Estado, nuestro perfil técnico y el trabajo de quienes tenemos encomendado, nada menos, que el asesoramiento en derecho del denominado sector público estatal y su representación y defensa en juicio. Llevamos a cabo nuestra tarea con eficiencia, esfuerzo, calidad y, en múltiples ocasiones, con éxito. Ni podemos, ni debemos, aceptar que se reste relevancia a nuestro trabajo al socaire de críticas alejadas de la interpretación del derecho aplicable en cada caso – interpretación esta, que, como todos sabemos, admite numerosos prismas y matices, lejanos a la “verdad inmutable” que parece sostenerse en determinadas opiniones.
En segundo término, es necesario que nuestra organización y estructura de un paso al frente para lograr ser, si cabe, más eficaces y eficientes, en un mundo jurídico alejado de aquel en el que se dictaron las dos normas que constituyen, hoy por hoy, nuestra clave de bóveda: la ley 52/1997, de 27 de noviembre, y su desarrollo reglamentario, a través del Real Decreto 997/2003, de 25 de julio. Ambos textos normativos, surgidos en tiempos cercanos al Congreso de la Asociación de Abogados del Estado, sentaron las bases de lo que se vino a denominar “la asistencia jurídica al Estado en el siglo XXI”. El transcurso del tiempo y el cambio de las circunstancias de una sociedad como la actual, exigen que, respetando los principios fundamentales de ambos textos, que deben mantenerse en todo caso, adaptemos nuestra estructura orgánica y retributiva a los cambios experimentados durante estos últimos veinticinco años. En esta tarea, debe jugar un papel necesario la Asociación, como ente que representa a una inmensa mayoría de compañeros y medio de defensa de nuestra labor profesional, que, en todo caso, debe ser garantía de respeto a la legalidad y defensa de los intereses generales.
Y, en tercer lugar, como ya advertimos en anteriores números de la revista, debemos velar por el mantenimiento de un sistema de acceso justo y exigente, que reconozca el esfuerzo, el trabajo, el conocimiento y la sana competitividad entre quienes, tras ser rivales durante la realización del proceso selectivo, pasan a ser de inmediato compañeros en la Abogacía del Estado. La adopción de una postura unánime en FEDECA a favor de nuestras oposiciones, con sus posibles adaptaciones, ha puesto de manifiesto nuestra decidida apuesta en defensa de un medio de acceso acorde a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Abordar juntos todos estos desafíos y cambios, desde la unidad que nos caracteriza y nos debe siempre caracterizar, es, por último, nuestro cuarto reto. Afrontémoslos con el prestigio que ha labrado desde hace más de 125 años el conjunto formidable de compañeros y servidores del interés público que ha prestado servicios como Abogados del Estado. Su legado es nuestro bagaje y nuestra obligación principal es saber mantenerlo y mejorarlo, para así poder transmitirlo a las futuras generaciones. Sin duda merece la pena.
